- El Congreso reformó los artículos 8, 9 Bis y 59 para garantizar confidencialidad y sanciones en casos de filtración
REDACCIÓN /
Chilpancingo, 23 de abril de 2025. El Congreso del Estado de Guerrero aprobó reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar la confidencialidad de los datos personales de mujeres víctimas de violencia digital y sancionar a servidores públicos que los difundan o usen de forma indebida.
La iniciativa, impulsada por la diputada Leticia Mosso Hernández (PT), presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, modifica la fracción XVII del artículo 8, incorpora un tercer párrafo al artículo 9 Bis y una nueva fracción XV al artículo 59 de dicha ley, estableciendo obligaciones específicas para quienes manejen información de víctimas y prohibiendo su transferencia no autorizada, ya sea en sistemas físicos o digitales.
El dictamen establece que la persona servidora pública a cargo del manejo y consignación de datos personales será legalmente responsable de su conservación, confidencialidad y resguardo, y si los difunde o facilita a terceros sin autorización, enfrentará sanciones conforme a cuatro marcos jurídicos aplicables: la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley estatal homónima, el Código Penal para el Estado de Guerrero, y la Ley de Responsabilidad Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado.
Estas disposiciones implican que el mal manejo de esta información puede derivar en sanciones administrativas, penales y civiles, dependiendo del caso. Además, los datos personales de las víctimas serán considerados información reservada, lo que refuerza su carácter confidencial ante cualquier institución pública encargada de brindar servicios de atención o prevención de violencia de género.
Mosso Hernández advirtió que divulgar datos personales de mujeres víctimas de violencia “las coloca en un mayor estado de indefensión, por lo que debe existir una sanción para la persona que proporcione o difunda dicha información ya que tiene la obligación de mantener su secrecía”.
Además, destacó que estas acciones revictimizan a las mujeres, ya que “al exponer su identidad se pone en riesgo su seguridad física y genera consecuencias psicológicas, emocionales y sociales para las víctimas, limitando el pleno goce y disfrute de sus derechos humanos”.
