* A Michel Forst le expone la negativa gubernamental a retirar las acusaciones en su contra
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 16 de enero de 2016. La comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, y ex presa política, Nestora Salgado García, denunció ante el relator especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst, que el Estado mexicano sigue hostigándola y se niega a retirar las denuncias en su contra a pesar de que la misma ONU encontró que hay violación a sus derechos pues se le acusa por acciones realizadas en su carácter de comandante comunitaria.
A través de una videoconferencia –Nestora Salgado vive en Estados Unidos-, la activista expuso su caso ante Michel Forst durante la visita oficial que este realiza a México, en una reunión privada que sostuvieron con él un grupo de familiares, defensores de derechos humanos y miembros de la policía comunitaria.
Salgado García recordó que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU emitió la Opinión 56/2015 en la que se le cataloga como presa política y se define su detención como arbitraria.
En ese mismo documento, emitido durante su 74 período de sesiones, realizado el 17 de diciembre de 2015, el Grupo expresó su preocupación por “lo que parece un patrón contra los defensores de los derechos humanos en el país”.
Salgado informó al Relator Michel Forst sobre la omisión del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Guerrero para implementar las recomendaciones realizadas por la ONU. De manera específica informó que pese a haber salido libre el 18 de marzo de 2016, el propio fiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez, apeló dichos autos de libertad.
Pidió al relator que en el próximo encuentro que sostendrá con el fiscal de Guerrero, le pida información sobre su caso y lo exhorte a desistir de dichas apelaciones.
Recordó que la ONU ha reconocido que, cuando fue detenida, se encontraba desempeñando sus funciones como coordinadora de la Policía Comunitaria de su comunidad y ejerciendo el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, y el derecho de conformar sus propios sistemas de seguridad y justicia, como lo establece el artículo segundo de la Constitución Política de México y los tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT.
En la misma reunión, integrantes de la Policía Comunitaria de Olinalá, manifestaron su preocupación y descontento por la falta de garantías de seguridad por parte de los gobiernos estatal y federal para que su líder pueda regresar a México sin que su vida e integridad física corran peligro.
Asimismo, Bernardo Ayala, coordinador actual de la CRAC-PC de Olinalá, Guerrero externó al relator de la ONU su preocupación por la persiste criminalización contra la CRAC-PC pues además de que existen policías comunitarios que permanecen en prisión, también tienen conocimiento de que existen ordenes de aprehensión contra otros integrantes de la policía comunitaria.
