* Aumenta el número de denunciantes ante Profeco por los altos cobros de tarifa
REDACCIÓN /
Acapulco, 2 de febrero de 2017. Las demandas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el cobro excesivo de tarifas está en un proceso de integración en este momento, y se presentará un nuevo bloque de demandas en estos días, informó el abogado César Barrera, representante de la organización Cejobasa, que ha interpuesto denuncias contra esta empresa y contra la empresa de cable IZZI.
En entrevista, el abogado señaló que el problema de las tarifas altas que se cobran en Acapulco obedece a que la CFE las establece con un parámetro según el cual el puerto tiene una temperatura ambiental de 28 grados, que es similar a la que tiene Chilpancingo; sin embargo señaló que cualquier medición arroja el dato de que la temperatura en Acapulco está entre 32 y 34 grados centígrados los 365 días del año, las 24 horas del día.
Explicó que con esa temperatura, al puerto le corresponde la tarifa 1E, que significa una disminución hasta casi el 10 por ciento de la 1B. Por ejemplo, la 1E da 4000 kw/h al bimestre, mientras la 1B da solo 450 kw/h al bimestre, lo que significa que alguien que está pagando 4 mil pesos de manera bimestral, con la reclasificación de tarifas estaría pagando 400 pesos.
Recordó que la organización ha presentado 150 demandas ante la Procuraduría Federal del Consumidor y a principios de febrero se presentarán otras 50 demandas más. Explicó que la meta es llegar a los 500 demandantes, que es el límite legal para poder presentar un juicio de amparo contra la inconstitucionalidad de las tarifas que se aplican en Acapulco. Este juicio ya se presentaría ante los juzgados de distrito.
Explicó que además se van a presentar demandas por lo que llamó “el segundo robo de la CFE”, que es la instalación de los servicios de telemedición que se llama Bramex, que es un sistema llamado servicio Brasil-México, que ya no se está aplicando en Brasil porque quedó obsoleto, pero en Acapulco se está presentando como un producto piloto que, de ser aceptado, se pondrá en marcha en todo el país.
Consiste en el retiro del medidor domiciliario y su reubicación a la punta del poste de energía eléctrica, donde el usuario ya no puede ver lo que le están midiendo. Señaló que esta medida es ilegal porque no se le pidió autorización al consumidor, ni se le dio parte a la Profeco. “Estos medidores están hechos para robar”, dijo.
