* El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón afirmó que los muertos y desaparecidos se atribuyen a los cárteles, pero un día se atribuirán al Ejército
SCARLETT ARIAS /
Chilpancingo, 14 de marzo de 2017. El director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, expuso que el repunte de la violencia en el municipio de Chilapa de Álvarez, a pesar del reforzamiento militar, se da en el contexto de la propuesta e iniciativa de una reforma de ley de Seguridad Interior, con la cual se permite al Ejército realizar tareas de Seguridad Pública.
El defensor dijo en entrevista para La Plaza, que el Estado mexicano y sus instituciones saben que hay opiniones de organismos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, que no están de acuerdo en que esta ley pueda ser aprobada por el Senado y el Congreso de la Unión.
De acuerdo con lo anterior, explicó que la historia de Guerrero indica que cuando los militares asumen tareas de carácter policiaco, pasan dos cosas: nunca son juzgados o castigados por las violaciones a los derechos humanos que cometen, y al mismo tiempo se incrementa el número de estas faltas a los derechos.
“Estamos convencidos de que si hoy los muertos y los desaparecidos son atribuidos a la acción entre los grupos de la violencia organizada, llegará el momento en que los muertos, los desaparecidos, los torturados y mujeres que sufrieron alguna violación, serán responsabilidad del Ejército”, remarcó.
Olivares Hernández señaló que es muy sospechoso que justo cuando se está tratando de aprobar dicha ley, se intensifique la violencia en la parte de la Montaña baja.
Cuestionó el funcionamiento de los órganos de inteligencia ya sea militar o policiaco porque que no han podido localizar y detener a los responsables de la situación que se vive en el estado.
“No es gratuito que con tantos policías y militares se cometan asesinatos, ejecuciones y siga tanta gente desaparecida”, aseguró.
Insistió que la militarización y mayor armamento no es la salida al problema de inseguridad en el estado, sino debe haber voluntad política de las autoridades para atacar la delincuencia organizada y su origen en la marginación.
“Es, pues, la corrupción la que ha cubierto de impunidad, y se tiene que garantizar el acceso a la justicia para las víctimas”, puntualizó.
”¿Por qué el repunte de la violencia es tan sanguinario, por qué desmembrados y calcinados? Entendemos que es una estrategia del gobierno para que se vaya generando una corriente de opinión favorable a la presencia militar”, señaló.
