* El organismo fija hasta el 17 de junio para que devuelvan el Palacio Municipal
SCARLETT ARIAS /
Chilpancingo, 5 junio de 2017. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio a conocer la segunda resolución sobre el caso de la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Felicitas Muñiz Gómez, luego de que interpuso juicio para la protección sobre sus derechos políticos-electorales.
El TEPJF señaló en la resolución que los funcionarios que tomaron el ayuntamiento ubicado en Apango, cabecera del municipio tienen que entregar la sede de acuerdo con el fallo en favor de Muñiz Gómez.
El documento resolutivo detalló que el incidente de inejecución fue promovido por la alcaldesa en carácter de su cargo como titular del gobierno municipal a la Sala Superior del TEPJF el 19 de octubre del 2016.
La sentencia del resolutivo ordena al síndico Benito Sánchez Ayala, y a las regidoras, Edelmira del Moral Miranda y María del Rosario López García, así como al regidor Humberto Palacios, se abstengan de cometer actos que puedan afectar el desempeño de la alcaldesa.
También hace un llamado a las autoridades estatales, electorales y a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que coadyuven en el cumplimiento de la ejecución del fallo y se resuelva el 17 mayo.
Muñoz Gómez ha tenido que ejercer su cargo como de manera itinerante debido a la violencia política de género de la que ha sido objeto por parte de funcionarios así como por el ex alcalde, Crisóforo Nava Barrios.
El documento informó que en la Sala Superior se documentó en los juicios para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano acumulados, identificados con las claves SUP- JDC-1773/2016 Y SUP-JDC-1806/2016.
El caso de Felicitas Muñiz Gómez es el más emblemático en Guerrero, en dónde la alcaldesa tuvo que pedir la intervención de instancias como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
En el Congreso del Estado la iniciativa para la tipificación de la violencia política de género no fue tema para legisladores.
El diputado Héctor Vicario Castrejón aseguró que las entidades federativas no tienen facultades para tipificar la violencia política contra las mujeres.
