ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Era José Francisco Ruiz Massieu gobernador de Guerrero cuando en el país empezó a hablarse de una comisión de derechos humanos.
La idea tenía dos vertientes: por una parte, era la consecuencia de la apertura necesaria tras los comicios de 1988 en los que Carlos Salinas de Gortari había sido electo en el proceso más controvertido hasta ese momento. El país demandaba cambios, y así se empezó a gestar el nacimiento del IFE, de la CNDH, del Pronasol.
La otra cara estaba en la represión que el régimen salinista desató contra su oposición perredista, y en la cual Guerrero fue un baluarte. El debate por esos días aquí era cómo conciliar una comisión cuya sola existencia evidenciaba la represión contra los opositores, y el entonces coordinador del Congreso local y hombre muy cercano al gobernador, Israel Soberanis Nogueda, fue quien fijó una postura en contra.
Eso fue a principios de 1990, pero meses después, en junio, nació la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de inmediato el escenario cambió en Guerrero, de modo que la comisión estatal (Coddehum), quedó formalizada en la ley en septiembre, y empezó a operar en octubre de ese mismo año, con lo que fue la primera en crearse en una entidad.
El episodio debió dejar una experiencia invaluable en quienes lo vivieron de cerca: con el gobierno federal no se puede competir. Sin embargo, sí es posible subirse a su corriente, y ganar también. Ruiz Massieu, cuyo gobierno se oponía a las comisiones de derechos humanos, actuó rápido y finalmente quedó para la historia como su promotor. Incluso, la de Guerrero fue una comisión de avanzada en relación con la nacional.
Un año más tarde, en 1991, en la esfera federal se discutía el tema de los bajos salarios de periodistas en el país y la necesidad de establecer un salario mínimo profesional de al menos tres salarios mínimos generales. La propuesta caminó y terminó por imponerse, y en Guerrero, otra vez Ruiz Massieu aprovechó la tendencia nacional y creó lo que era y sigue siendo de avanzada: el Fondo de Apoyo a los Periodistas, nacido en 1992, y hasta el momento, el único en el país y tal vez en el mundo.
Seguramente de estas lecciones alguien sacó experiencia, aunque los resultados tal vez serán diferentes, para aplicarla en dos asuntos actuales: la alerta de violencia de género (AVG) y el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
El alza en asesinatos de mujeres llevó a una presión social para frenarlos, pero desde el gobierno estatal se desdeñó la idea, con el argumento de que las asesinadas no lo eran en función de su género, sino porque participaban en hechos delictivos. El gobernador Héctor Astudillo se vio obligado, ante la presión, a anunciar una comisión que, encabezada por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, analizaría si era pertinente crear otra comisión que analizara la viabilidad de declarar la AVG, pero como se sabe, dicha comisión no hizo nada.
Fueron mujeres organizadas las que acudieron a la Secretaría de Gobernación para demandarle la AVG y entonces la dependencia inició una serie de medidas para medir el grado de violencia que existe en la entidad contra las mujeres. En respuesta, el gobierno estatal actuó para disminuir ese índice, con la mira puesta en evitar la AVG, entre ellas el Protocolo Alba, para localizar mujeres desaparecidas, pero sus medidas fueron insuficientes, según diría más tarde la Segob. Alguien debió informar al gobierno del estado que la alerta sería emitida, y sus términos, por lo que justo un día antes de que eso sucediera, en Guerrero se emitió la AVG… en los mismos términos.
La medida fue efectiva mediáticamente, porque la federal pasó desapercibida y el gobierno estatal quedó como el gobierno sensible. ¿Pero qué significó esto? Si se supone que la AGV no es otra cosa que más recursos y programas federales para atender el problema, ¿qué es lo que va a hacer el estado en su alerta? ¿Se duplicarán montos? Eso sería bueno, pero en realidad todo se ve como una maniobra mediática que ni las mujeres organizadas parecen haber notado.
Otro caso: en diciembre, el gobernador envió una iniciativa al Congreso para crear en Guerrero un Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Estuvo en la congeladora todo el tiempo, pero tras los recientes asesinatos de periodistas en el país, y la presión internacional, el gobierno federal presionó a los gobernadores para que juntos tomasen medidas, que en el fondo se traducen en replicar el Mecanismo en los estados.
Guerrero ya iba adelantado, pero la iniciativa estaba congelada. Por azar, periodistas dieron con ella y al conocerla vieron que abrogaba la Ley 463 de Bienestar Integral para Periodistas (que no tiene nada que ver con el Mecanismo) y lograron que el Congreso, que se supone la iba a aprobar en estos días, estableciera cuatro meses más de plazo para discutirla, eliminando la abrogación de la otra ley.
Entonces el gobierno dio un golpe de mano y decidió, sin una ley que lo soporte, y sin que los defensores de derechos humanos y los periodistas estén representados –como ocurre con el plano federal-, integrar el Mecanismo en Guerrero.
Dos movimientos que adelantan o se incorporan al flujo del gobierno federal. Solo el tiempo va a decir si fue buena o mala idea haberlos realizado.
