* La inseguridad, los megaproyectos, la contaminación, el despojo de tierras, son políticas de exterminio, señala el comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas
* La mayoría de las empresas mineras que operan en Guerrero son transnacionales, principalmente de Canadá, recuerda
KAU SIRENIO /
Chilpancingo, 25 de julio de 2017. El comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz, cataloga a la inseguridad, los megaproyectos, el abandono al campo, la contaminación del medio ambiente y el despojo de tierra en zonas indígenas como políticas de exterminio generadas con la complacencia de los partidos políticos que han cancelado el diálogo con los movimientos indígenas del país.
Dice que los vacíos alentados por la clase política ante la falta de políticas públicas para combatir la pobreza en las comunidades indígenas, han sido llenados por el «crimen organizado», porque la desigualdad social de ahora es más desastrosa que en 1994. «En aquellos años no existían fragmentaciones en las comunidades indígenas», observa.
En entrevista con La Plaza en las oficinas de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Martínez Veloz, explica: «Los pueblos indígenas vienen reconstruyendo desde las asambleas su autonomía; a través de sus historias comunitarias proponen nombrar a sus autoridades locales (ayuntamientos) por el sistema de usos y costumbres».
Agrega: «(Pero) los partidos políticos no quieren que las comunidades indígenas construyan su autonomía, a pesar de que es una de las luchas del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN; por eso se opusieron a la ley Cocopa en 2001».
Arquitecto por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), Martínez Veloz atribuye esta situación al temor de los partidos políticos a perder el control en el reparto del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral de la Federación. «Ahora los partidos políticos son los que nombran a los concejeros y magistrados electorales», subraya.
El comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas narra los sucesos desde el levantamiento de EZLN en 1994, así como la integración de la Cocopa para el proceso de negociación en materia de derechos indígenas: «Uno de los temas pactados en la mesa de negociación fue el respeto al sistema normativos de usos y costumbres, para que los pueblos indígenas elijan a sus autoridades locales; eso se pactó con el EZLN y el gobierno. Pero cuando pasamos a la segunda mesa, la de democracia y justicia, ahí nos atoramos, porque las cúpulas partidistas se encapsularon para no debatir sobre la demanda original».
Después de escarbar en la historia de lucha de los pueblos indígenas, algunas ganadas y otras perdidas, Jaime Martínez concluye que siempre hay algo de qué hablar. «En ámbitos electorales, los purépecha de Michoacán lograron en 2015 que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolviera para que elijan su gobierno municipal a través del sistema normativo de usos y costumbres, misma resolución favorece al municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Y Oxchuc, Chiapas está en proceso de la batalla en los tribunales electorales».
El exdirector de la Facultad de Arquitectura en la UAC pone el dedo en la llaga: «En la política se ha menospreciado y excluido el tema de los pueblos indígenas; la representación de los pueblos indígenas en las legislaturas federales, locales y en los propios ayuntamientos es una deuda que no se ha resuelto».
Añade que durante años los partidos decidieron en los municipios; sin embargo, apunta que esa actitud ha generado choques muy fuertes por la disputa de control político. «Solo por mencionar casos: en San Juan Chamula y Oxchuc, Chiapas, y en Ayutla de los Libres, Guerrero, los pueblos indígenas reclaman respeto a sus sistemas normativos comunitario».
Durante la plática, el ex diputado federal habla de su preocupación por los conflictos sociales en las comunidades indígenas. «Los partidos políticos deben de reconocer los métodos normativos e históricos que pueblos indígenas vienen construyendo; de no ser así, va a ser muy difícil construir la unidad nacional».
En su opinión, mientras esto no ocurra, siempre habrá incertidumbres postelectorales, «como ha pasado en muchos lugares, donde ha habido casos de muerte. La República debe de legislar en materia electoral indígena, para reconciliarse con los pueblos indígenas», recomienda.
Dice que los pueblos indígenas viven en zonas inhóspitas, donde la comunicación es casi nula, por falta de carreteras y red de telecomunicaciones. «Hay comunidades que aún no tienen energía eléctrica; otros, prácticamente sobreviven. En las zonas de alta marginación, el gobierno federal encabezado por Vicente Fox concesionó gran parte del territorio a las mineras».
Desde Manuel Ávila Camacho a Enrique Peña Nieto se han entregado 860 concesiones de un total de 1 millón 431 mil 423.8977 hectáreas a empresarios mexicanos, y en los últimos años a extranjeros: Enrique Peña Nieto, 28 concesiones, 125 mil 655.8234 hectáreas; Felipe Calderón Hinojosa, 489 concesiones, 912 mil 909.7254 hectáreas; Vicente Fox Quezada, 227 concesiones, 370 mil 243.8958 hectáreas; Ernesto Zedillo Ponce de León, 36 concesiones, 10,768.8278 hectáreas; Carlos Salinas de Gortari, 31 concesiones, 6,645.8198 hectáreas; Miguel de la Madrid Hurtado, 14 concesiones, mil 297.6483 hectáreas; José López Portillo, 22 concesiones, 3 mil 413. 4754 hectáreas; Luis Echeverría Álvarez, dos concesiones, 132.0000 hectáreas; Gustavo Díaz Ordaz una concesión, 24.0000 hectáreas. Adolfo López Mateos y Adolfo Ruiz Cortínez no entregaron concesiones. Miguel Alemán Valdés, 92.3863 hectáreas, y Manuel Ávila Camacho, nueve concesiones, 240.2955.
–¿Qué significa para los pueblos indígenas que su territorio esté concesionado para explotación minera? –lanzo el anzuelo.
–Más pobreza y desplazamientos, el común denominador es eso: la marginación. Si te fijas, la pobreza se acentúa más en los pueblos indígenas; háblese de los pueblos nativos o migrantes,
aunque tengan distintos orígenes, enfrentan el mismo problema: la discriminación y el abandono. A ellos no les importa la clase política y ni el gobierno.
También hay triunfos en términos económicos donde los intereses de empresas nacionales e internacionales pretenden adjudicar los recursos que tiene los pueblos. En este rubro, los pueblos indígenas han ganado casi todas las batallas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
–La lucha de los pueblos indígenas en México se ha judicializado, ¿hay avances? –pregunto de nuevo.
–El poder judicial ha sentado precedentes en algunas resoluciones importantes; esto fortalece la lucha jurídica de los pueblos originarios. Todas las demandas en contra de los megaproyectos se han ganado en los tribunales; ahí están el amparo que San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Guerrero, le ganó a la minera; está las jurisprudencias electorales: Cherán, Michoacán, y Ayutla de los Libres, Guerrero.
Sin ahondar más, el exintegrante de la Cocopa vuelve a la carga para cuestionar las acciones de los gobiernos cada 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha en que organizan fiestas, foros y conciertos, día emblemático, pero no lo hacen en la cotidianidad.
Jaime Martínez Veloz dice que otra deuda histórica con las poblaciones indígenas es el derecho a la consulta para que sean ellos los que decidan qué tipo de obras necesitan, pero que además las delegaciones en cada estado.
A Jaime Martínez Veloz le preocupa la división interna de las comunidades indígenas, porque dice que esa debilidad lo aprovechan muy bien los políticos y los empresarios: «Es mucho más fácil llegar a una negociación con un pueblo dividido, que no tiene personalidad jurídica, que tiene poca información; eso genera no se pueda ganar a las trasnacionales que impulsan los megaproyectos».
Agrega: «Pero también se expresa en el modelo del país que tenemos. Tenemos una serie de medidas de carácter económicos que se han producido en los últimos años, donde muchos de los promotores son comparsas de las políticas neoliberales y juegan doble papel: desde el cargo como funcionarios públicos y cuando terminan su administración pasan a ser empleados o parte del consejo administrativo de las empresas, empezando con el expresidente Ernesto Zedillo».
De la larga lista que el comisionado cita en la plática destacan desde los grupos que obtuvieron los aeropuertos en los consejos de administración, como la Subsecretaría de Comunicación y Transporte (SCT), así como el secretario de energía; todo esto para hacer posible sus negocios, como las minas en territorios indígenas. «Los pueblos indígenas sufren las consecuencias de las políticas neoliberales en todo el país; por ejemplo, en Michoacán y Guerrero, el crimen organizado ha existido desde mucho tiempo, pero hoy se ha recrudecido más».
«Ahí –desmenuza–, hay dos hechos que para mí es necesario explicar, en Michoacán se entregó el puente de Lázaro Cárdenas en 2004. En ese año Fox licitó en una sola convocatoria, con la participación de tres empresas, una mexicana, que ganó el concurso. A los treinta días, esa empresa entrega sus concesiones a una empresa china. Se inconformó una empresa americana, ganó el amparo y aun así, Fox les entregó el puerto de Lázaro Cárdenas a los chinos. Con eso
entregaron un millón y medio de hectáreas de minería de Michoacán y en Guerrero; por igual se concesionó casi todo el estado.
En Guerrero, agrega el comisionado, «la mayoría de las empresas mineras que están operando en el estado de Guerrero y que proyectan sus negocios en los territorios de la Montaña y la Costa Chica, son capitales multinacionales, principalmente canadienses, encabezados por compañías como Goldcorp y Barrick; seguidos de capitales estadounidenses con las empresas Renco Group, Freeport-MacMoran y CopeerGold, los capitales británicos con Hoschmin y los chinos con Blliton y Mitsubishi. A escala nacional, la empresa con mayor presión está representada por el Grupo México-Peñoles, identificada también con diversas violaciones a los derechos laborales».
«En el Estado de Guerrero se tienen reportados cinco conflictos relacionados con la industria minera, que provocan afectaciones o violación de los derechos de las comunidades indígenas que habitan la región», concluye.
