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ROBERTO RAMÍREZ BRAVO   /

 

El presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, se ha referido recientemente a un tema un tanto espinoso: la necesidad de que la Federación entre en apoyo del municipio, en términos financieros.

“Tenemos hoy que pedirle a la Federación, que mire a Acapulco solidariamente, porque no veo el por qué ahora en esta administración, no se le dio seguimiento a una ruta de rescate de Acapulco como se había planteado hace algunos años, yo creo que hoy tenemos que sumarnos con gran determinación para pedir a la Federación, que podamos delinear la ruta de cómo podemos tener apoyos”, declaró el edil el 17 de agosto pasado.

El tema no es menor: actualmente las finanzas municipales enfrentan serias limitaciones que se han traducido principalmente en retrasos en el pago de adeudos con acreedores, y que sin duda están impactando en la aplicación de programas municipales en general.

El municipio, como se sabe, es la instancia más delgada en la relación entre niveles de gobierno, aunque es precisamente en los municipios donde se genera toda la recaudación. El esquema tributario del país hace que la mayor parte de los ingresos se concentren en la Federación, y luego se desplacen a los gobiernos estatales, y después a los municipios, a los que ya les llegan unos pocos centavos por cada peso que se recauda.

El caso de Acapulco es igualmente dramático, sin duda, que el de muchos otros municipios en el estado y en el país, donde las deudas históricas forman una cadena de difícil manejo. Algo similar a lo que ocurre con el gobierno del estado, que arrastra deudas de los gobiernos anteriores, incluyendo errores y malos manejos de recursos que están permanentemente siendo investigados y que no pueden concluir con el castigo a los responsables.

Como quiera que sea, el caso concreto es que el Ayuntamiento también vive su propia crisis. No es nueva ni ha sido exclusiva de esta administración, sin embargo, valga decirlo, e inclusive también arrastra, como otros gobiernos, el pesado lastre de los pagos pendientes heredados por administraciones anteriores.

Sin embargo en el caso de este Ayuntamiento hay algunas particularidades que conviene analizar, porque podrían tener una implicación de tipo político y posiblemente de tipo electoral con miras a los procesos que están a la vista en 2018.

Esa circunstancia pasa por la embestida que desde el PRI –municipal y estatal-, desde el Congreso a través de la fracción priista, desde instancias estatales y también federales, se orquesta contra el gobierno perredista de Evodio Velázquez.

Ya se ha hablado en este espacio sobre los tres primeros, casos, por lo que ahora solo se abordará el tema federal.

Es una práctica recurrente que la Federación establezca, como dice el alcalde, “rutas de rescate” financiero para los municipios. En Acapulco lo ha hecho en diferentes momentos, a través de créditos puente que permiten operar al municipio, y a través de programas que compensan las debilidades del mismo. No se trata de subsanar deficiencias o parchar desvíos, sino solo de mecanismos que otorguen cierta fluidez financiera y gobernabilidad municipal.

Sin embargo, en el caso de la actual administración la Federación se ha mantenido ajena. En materia de prevención del delito, por ejemplo, canceló los recursos de este programa. Aunque las deudas del municipio con algunas dependencias federales son menores, curiosamente empiezan a ser ventiladas en público, como lo hizo la semana pasada el delegado del ISSSTE, Mario Moreno Arcos durante su participación en el Grupo Aca, en la que él mismo reconoce que no es significativo, pero destaca al Ayuntamiento de Acapulco y Capama como deudores.

La Comisión Federal de Electricidad es otro actor en juego. Aunque el ayuntamiento y Capama han mantenido una deuda histórica, siempre han llegado a arreglos para que el municipio vaya pagando antes de llegar al corte del suministro eléctrico. Pero esta vez no. Ya se quedaron oficinas sin luz, ya se dejó a todo el municipio sin agua. La rigidez del trato es visible, y no puede entenderse sino como una forma de hacer ver mal al equipo que gobierna a la primera ciudad del estado.

Establecer una ruta de rescate por parte de la Federación al municipio es algo que pasa por el tema de la gobernabilidad, que debe ser tan apreciada en momentos como los que se vive actualmente, y precisamente cuando se prepara un proceso electoral que será altamente competitivo.

Tampoco es que el gobierno federal venga a poner dinero sin ton ni son. Tiene que haber compromisos, programaciones, acuerdos, pero sobre todo voluntad. No se daña solo a la imagen del gobierno de Evodio Velázquez si se le deja colapsar, sino se afecta a toda la ciudadanía.

Y, cuando esas operaciones han sido frecuentes en gobiernos anteriores, es difícil entender que ahora no se quiera transitar esa ruta, sin ligar esta negativa a la inevitable llegada del proceso electoral de 2018. Pero es una apuesta equivocada: más tensión no logrará una mejoría para los ciudadanos, ni tampoco va a hacer que el PRI gane solo por eso.

 

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