JOSÉ CARLOS LUQUE BRAZÁN
Ciudad de México, 1 de octubre de 2017.
Han pasado varios días desde que vivimos la terrible experiencia de un terremoto en la Ciudad de México, cuyos efectos y consecuencias fueron exponencialmente acrecentados por la corrupción y la impunidad establecida entre los gobiernos delegacionales desde hace décadas (municipios) y las empresas constructoras (inmobiliarias).
Un ejemplo trágico de ello es el caso de la Escuela Rebsamen, en ella murieron más de una veintena de niños debido al encuentro del sismo con la estructural corrupción que permitió el levantamiento de varios edificios que violaron sistemáticamente las reglas de construcción municipales durante casi 15 años, tiempo en el que las respectivas autoridades hicieron caso omiso de las denuncias vecinales y judiciales.
En esta escuela, para poner un ejemplo, la directora había construido un departamento totalmente equipado sobre uno de los edificios del centro educativo, departamento que destacaba a simple y vista y cuya presencia violaba los protocolos de seguridad y construcción de la Delegación de Tlalpan.
En otra de las delegaciones afectadas, la Benito Juárez, los últimos tres gobiernos delegacionales encabezados por representantes del Partido Acción Nacional (PAN), impulsaron una multitud de construcciones de edificios departamentales que como en el caso anterior violaron las normas de construcción y los protocolos de seguridad municipales, varios de estos edificios terminaron siendo las tumbas de decenas de ciudadanos y significaron también (en el caso de decenas de edificaciones con daños estructurales), la pérdida del patrimonio de miles de personas que literalmente han quedado en la calle mientras que los políticos que autorizaron las construcciones y los dueños de las inmobiliarias viven en la suntuosidad de sus viviendas.
Por otro lado, en estos últimos días hemos escuchado con insistencia la idea de volver a la “normalidad”, de regresar a nuestros trabajos, de llevar a nuestros hijos e hijas a las escuelas y transitar por las veredas y calles como si nada hubiera pasado.
Esta invitación para asumir colectivamente la impunidad levantada desde hace décadas por la clase política con consecuencias mortales para nosotros, los ciudadanos de a pie, es un trago de cicuta difícil de tragar.
En todos los lugares dónde se han podido levantar asambleas y reuniones vecinales, el sentimiento de indignación y rechazo hacia casi todo lo que nos conecte con los políticos, los partidos políticos y las instituciones del Estado es unánime.
El terremoto exhibió las podridas obras promovidas por funcionarios y representantes públicos y también desnudó la corrupción del mundo privado empresarial de las inmobiliarias. Lo que se percibe en el aire es el aroma de una creciente transformación de la política en México, transformación que busca hacer del quehacer gubernamental una actividad decente y basada en la ética republicana y no en viles actos electorales que se han basado en la corrupción y compra de votos y en la consecuente instalación de representaciones en los cargos de elección popular vacías de legitimidad y apoyo popular.
En síntesis, el sismo nos tocó a todos y todas, sacó a la superficie lo mejor y lo peor de México. La solidaridad de millones de personas permitió rescatar y ayudar a las víctimas del sismo y la corrupción. La solidaridad ciudadana se impuso nuevamente a la ineptitud y codicia de las élites políticas incrustadas en un gobierno lento sorprendido por el telúrico. Ese día y los días que siguieron, comprobamos sencillamente que la democracia es más que el mero acto de votar. La democracia es solidaridad, igualdad política y fraternidad.
Tengamos la certeza de que tendremos días mejores, el espíritu de nuestro tiempo lo demanda. Tenemos la oportunidad de construir otra “normalidad”, una que sea republicana y se oponga a la “normalidad” de los corruptos, de las fosas comunes del crimen organizado y la de los miles de desaparecidos y asesinados en los últimos años en México. Son tiempos de construcción ciudadana.
