MANUEL NAVA /
Guerrero continúa bajo el estigma de la incertidumbre causada por la ausencia de seguridad pública.
Los hechos de violencia y de inseguridad pública siguen acumulándose en toda la entidad y ahora han sido los hombres del poder los que han estado sufriendo las consecuencias sin que hasta el momento el gobierno estatal haya tomado en serio estos hechos y solo se dedican a dar respuestas a medias y repetir los discursos desgastados.
Los alcaldes de todo el territorio siguen siendo amenazados, hostigados o amedrentados por los grupos de delincuencia organizada, los diputados locales aún y con escoltas, son asaltados a plena luz del día y los dirigentes políticos son víctimas de plagio por parte de delincuentes.
Inseguridad pública y baja actividad económica forman una espiral que repercute en un incremento de la pobreza, la que su vez retroalimenta a las dos primeras. El deterioro en el bienestar de Guerrero está acompañado de bajo crecimiento económico y del estancamiento de la productividad.
Además, en los últimos años, el turismo se ha visto afectado por la violencia. La tasa de homicidios de Guerrero es de 63.5 por cien mil habitantes, mientras que a nivel nacional es de 16.3. La tendencia es clara, entre más aumenta la tasa de homicidios, el estado recibe menos turistas, aun cuando se hagan cuentas alegres confundiendo la coyuntura con el comportamiento sostenido.
El pacto por la seguridad pública al que convocó Héctor Astudillo, durante el mensaje político de su segundo informe de gobierno, deberá reconocer que en el punto de origen está el quebranto del estado de derecho. Ese quebranto es resultado de la interacción de varios factores, entre ellos figuran la corrupción, las instituciones debilitadas, la ausencia de contrapesos en los poderes y surgimiento del crimen organizado como poder político.
El crimen daña la funcionalidad de la economía en general pero también la de las instituciones. El poder de las leyes se reduce ante el poder de la violencia y la coacción. Se rompe el tejido social y el delito se convierte en forma de vida. Se asume que se tiene derecho a incurrir al delito para poder vivir.
No bastará un pacto sustentado en buenas voluntades pero de espalda a las condiciones en la que se ha engendrado la violencia. En efecto, de la seguridad pública depende el futuro de la entidad, pero esa seguridad no se construye con presupuestos pertrechos y policías. Es necesario un estado de derecho funcional, infraestructura, capital humano, métodos de financiamiento y romper con la cultura de la violencia pues está tan históricamente arraigada que ya se ha perdido la capacidad de asombro ante la crueldad desmedida con que se comenten los asesinatos.
Si el pacto se reduce a un simple protocolo de utilidad político electoral, quedará sin efecto y el daño económico será más profundo.
Un enfoque de seguridad que ignore los feminicidios, el tráfico de personas, entre otras variantes de la inseguridad pública tampoco podrá garantizar el éxito. Otro aspecto es la violencia social la cual también se encuentra muy impregnada en la vida de la entidad y requiere de estrategias diferentes.
