VERÓNICA CASTREJÓN ROMÁN /
Acapulco, 28 de noviembre de 2017.
Encontrar a un familiar desaparecido es el deseo de más de 31 mil familias en México, y, aunque encontrarlos sin vida no les aliviaría el dolor; por lo menos les ayudaría a eliminar el desasosiego de la duda pues les brindaría el consuelo de saber que ya no sufre más.
Hoy, gracias a un convenio de colaboración entre la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatribi), y el Instituto Nacional Electoral (INE) se enciende la luz de la esperanza en miles de corazones agotados por la desazón de la búsqueda, la desesperanza y la impotencia ante la inacción de las autoridades y la impunidad.
Dicho convenio permitirá la construcción de un mecanismo conjunto para la identificación de cuerpos y restos mortales que descansan actualmente en fosas comunes mediante el contraste de sus huellas digitales con las del Registro Nacional de Electores.
En México, el monstruo depredador que destroza familias, cada año desaparece un promedio de 3 mil 200 personas, muchas de las cuales, nadie sabe cuántas, están sepultadas en las fosas comunes que se han multiplicado a lo largo y ancho del país. Pues bien, el desarrollo de la tecnología permitirá confrontar las huellas dactilares del registro obtenido por la PGR, con las de 87 millones de personas que conforman el Padrón Electoral.
En Guerrero, de acuerdo con datos de la Asociación Civil Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos, había hasta agosto de este año 500 personas desaparecidas, algunas desde hace más de 15 años, y otras, desde fechas muy recientes.
El dolor de esas pérdidas sin explicación, muchas veces se convierte en motor para activar y motivar la búsqueda, y en ella, los dolientes se convierten en expertos conocedores de los huecos de las leyes que impiden su acceso a la justicia, o bien, se vuelven peritos avezados en mecanismos de búsqueda de personas.
La queja constante en los cuatro puntos cardinales de este México ensangrentado, es la omisión oficial y la inacción por parte de las autoridades para agilizar la indagatoria que pudiera llevar de vuelta a sus seres queridos, como sea, vivos o muertos.
Hoy, esa inacción, por fin; después demás de más de 10 años, por fin dota a sus investigaciones de una ayuda invaluable; por lo menos, en cada uno de los estados de la República Mexicana, los familiares, víctimas indirectas de la violencia que mantiene desaparecidos a sus seres queridos, podrán buscar con certeza a un hermano, un padre, una madre, un hijo o una hija en las fosas comunes de sus localidades.
El mecanismo no es cualquier cosa, pues dotará de mayor certeza a la identificación de las personas no encontradas. No nos queda más que esperar que la tarea sea efectiva, y que su localización ayude a esos afligidos buscadores de esperanza a encontrar con su hallazgo por lo menos un trozo de justicia.
