* La ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos recomiendan el retiro de soldados, recuerda el organismo
REDACCIÓN /
Stuttgart, 10 de diciembre de 2017. La Coordinación Alemana de Derechos Humanos en México alertó que la Ley de Seguridad Interior busca legitimar la intervención militar en el país a pesar de las recomendaciones de la ONU y el Sistema Interamericano de DH en el sentido de buscar el gradual retiro de las Fuerzas Armadas de las calles.
“Con la aprobación de una ley de tal corte, existe el peligro que aumenten aún más las violaciones de derechos humanos y persista la amenaza para defensores y defensoras de los derechos humanos”, señaló el organismo.
En un comunicado de prensa, se especifica que esta ley “es contraria tanto a lo estipulado en la Constitución (art. 21), como a las recomendaciones de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” y su aprobación es justamente a medio año de las elecciones presidenciales de 2018.
Al mismo tiempo, expresa la Coordinación en su texto, en 2017, aumentaron las amenazas, persecuciones e intimidaciones que sufrieron defensores y defensoras de derechos humanos y subió el número de asesinatos de periodistas
Recordó que el 30 de noviembre, la mayoría de la Cámara de Diputados del Congreso mexicano aprobó el proyecto para una nueva ley de seguridad interior, el cual fue remitido al Senado “para su seguimiento acelerado” con la finalidad de “legitimar jurídicamente la intervención de las Fuerzas Armadas en el interior del país”.
“Esto va en contra de las recomendaciones de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: el diseño de una estrategia de salida gradual de las Fuerzas Armadas y de retirarlas de funciones de seguridad en el interior del país. Se debería, más bien, formar fuerzas de seguridad civiles para combatir el crimen organizado, así como implementar procedimientos penales eficientes”, señala el organismo.
Precisa que la intervención de la Marina y el Ejército, en la actualidad, “está empeorando la situación de los derechos humanos en 26 estados. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos documentaron, que las violaciones de derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas quedaron impunes en gran parte”.
Asimismo, precisa que según un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, desde 2006, las Fuerzas Armadas intervinieron en siete estados que tenían un alto índice de asesinatos: en seis de los cuales detonó una posterior ola de violencia.
“En 10 años desde su intervención no han habido ni una evaluación oficial de los operativos militares y de sus resultados, ni un análisis detallado de las unidades policiales del país. En aquellos estados, donde en los últimos años se nombraron Ministros de seguridad pública a miembros de las Fuerzas Armadas, están situados los 50 distritos más violentos. En un tercio, aproximadamente, de los 32 Estados, los responsables por la seguridad interior son miembros de las Fuerzas Armadas. Entretanto, cinco de estos se consideran los estados más inseguros de México”.
La Coordinación Alemana enfatizó que en estas condiciones “no se puede alcanzar el objetivo de favorecer la solución militar, dejando de lado que hay que bajar drásticamente el índice de impunidad de más del 95 por ciento”.
En su informe del 5 de septiembre de 2017, la red mexicana de derechos humanos Todos los derechos para todas y todos, constata que defensores y defensoras de derechos humanos son los que sufren de manera especial amenazas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. En un importante número de casos, los perpetradores han sido de origen estatal.
En el año 2016, la organización Reporteros Sin Fronteras calificó a México como el país más peligroso para profesionales de los medios informativos fuera de zonas de guerra. En México, tan solo en el año en curso, fueron asesinados 11 periodistas. En los casos de los periodistas asesinados, según el informe preliminar del 4 de diciembre del presente, redactado por los Relatores Especiales sobre la libertad de opinión y de expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad llega a casi 100 por ciento.
“Para poder contrarrestar los ataques de forma efectiva, hay que garantizar las investigaciones judiciales, fortalecer mecanismos existentes de protección, así como diseñar y aplicar medidas preventivas de protección a defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas”, señala el documento.
Recuerda que a fin de contrarrestar la impunidad, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos propuso entre otras, instalar un consejo asesor para que investigue las causas de la impunidad y elabore estrategias para contrarrestarla de manera efectiva.
