* En total hubo 11 muertos en dos balaceras; la primera, entre comunitarios y civiles; la segunda, entre policías federales, estatales y soldados, contra comunitarios
* En el centro del conflicto que dejó 11 muertos se encuentra el tema latente de la presa La Parota
ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 07 de enero de 2018. Un disparo fue la señal. Aunque el sonido provino del patio de una tienda ubicada a la entrada del poblado La Concepción, donde se ubicaban policías estatales y federales, ese hecho marcó el fin de las negociaciones y el inicio de la embestida de 120 elementos –según las cifras oficiales-, contra policías comunitarios y pobladores, incluyendo mujeres y ancianos, que conforman el grueso de la oposición a la presa La Parota.
En la refriega, que no debió llegar a los 20 minutos, al filo del mediodía del domingo, fueron abatidos por la policía tres campesinos, miembros de la Policía Comunitaria, y fueron detenidos el líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui y su hermano Vicente, hasta hacer un total de 38 comuneros, de acuerdo con la cifra que más tarde proporcionaría el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.
Con estas tres muertes se elevó a 11 la cifra de personas que perdieron la vida en este poblado desde la madrugada del mismo día, cuando un enfrentamiento entre policías comunitarios y seguidores del comisario Florentino Melchor arrojó los primeros ocho muertos: dos del lado de los comunitarios, y seis del lado de los seguidores del comisario, simpatizantes estos últimos de la presa La Parota.
En La Concepción se encuentra el principal bastión de los opositores a la hidroeléctrica, cuyos habitantes desde 2003 han luchado contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los gobiernos para preservar su tierra. Pero ahí mismo los simpatizantes de la presa, vinculados con el PRI en su mayoría, han mantenido su presencia, y han crecido en pueblos vecinos de la brecha de Aguacaliente hasta la Vereda, con el reciente apoyo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), que le pelea territorio a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) a la que está adherido el Cecop.
En ese contexto, se han venido tensando las relaciones entre ambos bandos. El viernes comenzó la feria patronal, que concluiría el lunes, pero la madrugada del domingo todo cambió, cuando alrededor de las 3 horas, según relató Suástegui después, un simpatizante del comisario se fue a orinar enfrente de la comandancia de la comunitaria. Los policías lo detuvieron, pero en un descuido él escapó y fue a refugiarse a la comisaría, que se ubica pasando la cancha techada.
Ahí había estado el comisario Florentino Melchor, pero se acababa de retirar. Suástegui relató que los policías que iban siguiendo al joven José Ángel Morales Navidad, fueron recibidos a balazos en la comisaría. Uno de ellos murió por un balazo en la espalda que recibió al parecer cuando intentaba alejarse. Los comunitarios abrieron fuego también, y ahí cayó otro de ellos, baleado en el pecho. Entre los muertos del bando contrario estaban el hermano del comisario, Alejandro Melchor, y su hijo del mismo nombre, de 16 años, y otros cuatro hombres, seis en total.
Cuando amaneció, ya estaban los cuerpos de los dos comunitarios frente a la Casa de Justicia, colocados en la banqueta y cubiertos con un zarape. En la comisaría solo estaba el de Alejandro Melchor, quien según relató Suástegui, era policía municipal de Acapulco. Los demás cadáveres fueron llevados por sus familiares a sus casas.
El dirigente dijo que la tensión se elevó hace una semana, justo en la víspera del Año Nuevo, cuando los comunitarios detuvieron a un sujeto que dijo llamarse de tres maneras distintas, Alejandro Liborio López o Guillermo Marín López o Iván Soriano Leal, y que confesó que había sido contratado para matarlo a él, aunque no llevó a cabo su propósito; y declaró que la contratación la hizo el segundo comisario, Antonio Morales Marcos, quien también fue detenido.
Por eso el viernes el comisario Florentino Melchor se presentó a la casa de justicia de la Policía Comunitaria para intentar rescatarlos y decirles a los de la Crac-PC que se fueran de ahí, porque ellos no eran nada. Hubo tensión, y se intentó detenerlo, porque los dos detenidos declararon que las reuniones para matar a Suástegui se habían hecho en casa de él, pero el comisario pidió oportunidad para terminar la feria, y ya no se le detuvo, relató.
«ME CONTRATARON PARA MATAR A MARCO SUÁSTEGUI»
La madrugada del domingo, a las 3 aproximadamente, un incidente, en realidad menor, desató la primera balacera.
Los familiares de cada grupo se llevaron los respectivos cadáveres, salvo el del hermano del comisario, que permaneció en la comisaría hasta que alrededor de las 10:30 de la mañana acudieron agentes del ministerio público para hacer el levantamiento.
Los comunitarios permanecieron tendidos en la banqueta frente a su comandancia. Cuando los policías estatales y federales llegaron a La Concepción hubo un momento de tensión entre ellos y los comunitarios. Incluso se cortaron cartucho, pero la intervención de quien iba al frente del contingente policial y por otro lado, de los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui, impidió que el incidente pasara a mayores. Después de un rato de negociación, llegó el comandante de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado, con refuerzos federales y con peritos para hacer las diligencias, lo que se llevó a cabo sin mayores problemas.
El infierno en La Concepción
Cuando ya se habían realizado las diligencias por los ocho muertos de la madrugada, y el fiscal regional Esteban Maldonado, y los policías y federales, se habían retirado, algo pasó, porque de pronto todos regresaron, solo que esta vez la acción fue directa con un objetivo: detener al líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
En el operativo policial participaron unas 25 patrullas de la Policía Estatal, Federal, y una del Ejército, y las acciones fueron respaldadas por aire desde un helicóptero.
Oficialmente, fueron detenidos 30 policías comunitarios, entre ellos Marco Antonio Suástegui y su hermano Vicente, y tres campesinos fueron abatidos por la policía.
Durante la refriega, que finalmente habrá durado entre 10 y 20 minutos, los policías arremetieron también contra los reporteros que cubrían los hechos y, a uno de ellos, Bernandino Hernández, lo llevaron aparte, lo golpearon y lo despojaron de dos memorias de su cámara fotográfica que contenían el material gráfico de esa jornada.
La operación previa había parecido exitosa, pues luego de la tensión que se produjo entre los policías estatales y federales, con los comunitarios, todo estaba en relativa calma. El grupo de reporteros ya se retiraba de La Concepción cuando dos patrullas de Fuerzas Especiales de la Policía Federal llegaron al poblado a toda máquina, por la entrada de Garrapatas. Casi de inmediato reapareció el helicóptero a sobrevolar el área en esta comunidad que es bastión de los opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota.
Hacia la salida a Aguacaliente había una larga fila de patrullas. Desde ahí llegó de regreso el fiscal Esteban Maldonado, quien acompañado con más agentes se desplazó hasta la comandancia de la policía comunitaria. Ahí hubo un diálogo ríspido. Algunos comuneros estaban muy molestos. Hubo un intercambio de palabras, algunos jaloneos. De pronto, junto a una tienda que se ubica en la entrada del poblado, sonó el primer balazo. Se trató de un R-15 disparado por un policía, según se desprende del hecho de que en ese lugar posteriormente fue encontrado un casquillo.
-¡Ahora sí, putos! ¡Ahora sí, van a ver! –gritaron algunos uniformados, quienes, como si hubieran recibido una señal, ya en ese momento se dirigieron directamente a los comunitarios, que portaban escopetas.
-¡Escopetas abajo, escopetas abajo! –les gritaban mientras los encañonaban y sometían.
En ese momento empezaron las primeras detenciones. Se escucharon otros balazos, provenientes de alguna parte de los cerros, donde también se habían desplazado tanto uniformados como comunitarios. Una mujer intentó defender a su esposo, para evitar que se lo llevaran, pero un golpe seco de uno de los policías la derribó y la hizo rodar a la puerta de la comandancia.
Otros balazos sonaron en varios puntos. Contrastaban dos tipos de sonidos: unos graves, poderosos, y otros disminuidos, pequeños. Una mujer de la tercera edad cargaba un palo, práctica que usan los comuneros en esta zona para defenderse o para mostrar fuerza, pero fue golpeada por un policía. Sometida, clamó: “ya, por favor, ya dejaré el palo, pero ya no me pegue”.
La situación se veía caótica, pero los uniformados tomaron pronto el control. En la mitad de la calle, dos policías llevaban a un anciano sin camisa: lo jalaban de los pies, mientas su espalda era arrastrada sobre el pavimento.
De pronto apareció Marco Antonio Suástegui, llevado por dos policías que primero lo intentaron subir a una patrulla y luego se lo llevaron a otra. Hubo un momento en que atrás de la comandancia de la comunitaria se escuchó fuerte el estruendo de disparos. En ese sitio, más tarde, los uniformados resguardaban los cadáveres de los comuneros que, según la versión oficial, fueron tres.
En la acción, los reporteros habían quedado dispersos, porque para cuando todo empezó, ya nadie pensaba que ocurriría algo mayor pues las diligencias de la mañana se habían desarrollado sin problemas, pero al comenzar los disparos quedaron en medio. Los policías les gritaban que se hicieran a un lado.
-¡Les va a tocar un chingadazo, entiendan! ¡Esto es un enfrentamiento!
El fotógrafo de La Jornada Guerrero, Rubén Santiago, fue prácticamente levantado en vilo y empujado hacia una pared por un uniformado que le gritó: “¡Ya no vas a tomar más fotos!”
Bernandino Hernández, de Proceso, llevó la peor parte. A la hora de la refriega quedó en un rincón sin salida. Ahí fueron policías estatales a golpearlo, y aunque se identificó, los agentes procedieron a quitarle su cámara y a llevarse dos memorias donde tenía las imágenes que había captado. Fue golpeado en la cabeza y en las piernas.
A otro de los reporteros, policías que iban en el operativo le destrozaron el cristal de su camioneta, al parecer buscando algo, que no encontraron.
Poco a poco, los policías fueron logrando su objetivo de mantener a los reporteros fuera de la zona de conflicto, y luego ya no les permitieron el acceso. En un momento, ante los reclamos de los comunicadores por la golpiza a Berna Hernández, el comandante que iba a cargo de los policías estatales –cuyo nombre no se logró recabar- estuvo a punto de agredir a golpes al reportero de El Sur, Jacob Morales y al de Quadratín, Sergio Robles, molesto por los cuestionamientos. La intervención de Esteban Maldonado impidió que lograra su objetivo.
No hubo, en ese momento, información oficial de las muertes ni de las detenciones. A simple vista el cálculo entre reporteros era que serían alrededor de 25 detenidos, y se pensó que dos o tres muertos, porque los policías comentaban este dato. Más tarde el fiscal Xavier Olea Peláez diría que fueron 30 detenidos y tres muertos, 11 en total incluyendo los de la madrugada. De los fallecidos en el operativo no se dijo nada mientras las autoridades estaban en el sitio. Solamente, al fondo de un terreno baldío, los policías hacían guardia sobre los cadáveres.
Después, cuando todo se calmó, salieron las personas que estaban detenidas por la policía comunitaria, entre ellas, escoltado por policías, el presunto sicario llamado Alejandro Liborio López o Guillermo Marín López o Iván Soriano Leal, por quien, según informó previamente Marco Suástegui, comenzó todo el conflicto que, en menos de 12 horas, provocó 11 muertos.
