* Delegado manifiesta que la dependencia pueda nombrar o ratificar a los jueces de primera instancia y tener facultades para removerlos
REDACCIÓN /
Chilpancingo, 27 de febrero de 2018. Para establecer un nuevo marco constitucional que fortalezca al Poder Judicial y equilibre las funciones y autonomía entre los poderes públicos, el diputado Perfecto Rosas Martínez propuso reformas a la Constitución Política local.
Con estas reformas, el Consejo de la Judicatura fungirá como una instancia real de seguimiento, profesionalización, evaluación y disciplina del Poder Judicial, para garantizar una correcta función jurisdiccional en la impartición de justicia, conforme a los principios constitucionalmente establecidos en nuestra Carta Magna.
Para ello, el legislador plantea que las propuestas de magistrados y jueces, se realice por la votación de las dos terceras partes de diputados del Congreso local, siendo éstos a propuesta del Consejo de la Judicatura (no del Ejecutivo estatal), con previa convocatoria abierta y consulta ciudadana para aspirantes con alto perfil en la carrera judicial y atendiendo a los principios de apertura y transparencia.
También se otorga la facultad al Consejo de la Judicatura para nombrar y, en su caso, ratificar a los jueces de Primera Instancia, así como otorgar facultades para adscribir y remover a los jueces y magistrados; nombrar y remover no sólo al personal de confianza y administrativo del Consejo, sino también a los secretarios de acuerdos, actuarios, proyectistas, auxiliares y demás personal del Poder Judicial, y la ratificación de los magistrados, que estará sujeta a la evaluación del desempeño de su función y alcance de resultados, así como su compromiso y honradez.
El Consejo de la Judicatura tendrá facultades para iniciar de oficio y a petición de parte o de particulares, investigaciones e imponer sanciones sobre la conducta de magistrados, jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, conforme a la normatividad aplicable. También administrar y ejercer el Presupuesto de Egresos, así como elaborar y presentar la cuenta pública anual del Poder Judicial en su conjunto.
En dicha reforma se especifica que en diciembre de cada año, el magistrado presidente deberá presentar un informe sobre la situación que guarda la impartición de justicia en la entidad ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura, remitiendo copia al titular del Poder Ejecutivo y puesto a la consideración del Pleno del Poder Legislativo, el cual emitirá dictamen de evaluación correspondiente en un plazo no mayor de 30 días.
La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.
