* “No estamos solos”, escribe en una carta Marco Suástegui desde la cárcel el líder del Cecop
ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 29 de julio de 2018. Desde la prisión, donde no puede recibir visitas más que de familiares directos, al igual que los 25 policías comunitarios presos, el dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades opositoras a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, escribió para sus compañeros una carta. Es un mensaje de aliento, pero también una recomendación sobre los pasos que deben dar, y una exigencia para las autoridades.
El documento fue leído en la cancha techada de Huamuchitos, población donde se conmemoró este domingo el 15 aniversario de la asamblea del Cecop del paraje El Fraile, donde nació el movimiento opositor a la presa La Parota en 2003.
La misiva fue leída ante unas 30 organizaciones sociales, que asistieron a expresar su solidaridad con los comuneros, y ante la gente del área, por el hijo del luchador social, Marco Emiliano.
“Les mando desde aquí u fuerte abrazo lleno de emoción, de alegría, de cariño, de amor, pero también de nostalgia, de dolor y de mucha tristeza por no poder estar con ustedes que también son mi familia”, escribió Suástegui Muñoz.
“La decisión que se tomó aquel día 28 de julio de 2003 en el paraje conocido como el Fraile donde también fui nombrado vocero, fue la de permanecer en nuestras tierras, de no permitir ser desalojados por un proyecto que nunca pedimos; no fue fácil plantarnos en aquel lugar porque sabíamos los riesgos que corríamos, sabíamos a los que nos íbamos a enfrentar, pero estábamos decididos a todo, incluso a dar la vida si era necesario. Hoy a pesar de lo que ha pasado y de estar en prisión, no me arrepiento y sigo firme”, escribió Suástegui.
“No vamos –remarcó- a dar ni un paso atrás, seguiremos luchando, no les vamos a ceder ni un centímetro cuadrado de nuestras tierras. ¡La Parota no va! Somos un movimiento social ejemplar, digno, auténtico, fuerte, sólido, unido, limpio. No tenemos miedo porque nuestra causa es justa, defendemos nuestros derechos. No vamos a abandonar nuestras tierras donde sembramos y cosechamos, tampoco el río de donde bebemos agua porque son fuente de vida. A las mujeres no las sacarán de sus casas, a los niños no les quitarán su hogar, a los ancianos no les robarán su historia”.
«Aquí nacimos y aquí moriremos, nuestros antepasados nos heredaron este territorio y lo vamos a seguir defendiendo machete en mano, como lo hemos venido haciendo todo este tiempo», señaló.
En su carta, Suástegui Muñoz sintetizó la historia de la lucha contra la Comisión Federal de Electricidad para impedir la construcción de la presa, que comenzó con la asamblea comunitaria del 28 de julio de 2003 en el paraje conocido como El Fraile, y cómo con mentiras la paraestatal intentó sacarlos hasta terminar por utilizar la división y la confrontación entre los propios comuneros. “Le apostaron al desgaste de nuestro movimiento, pensaron que no íbamos a aguantar tanto tiempo, con los plantones, las marchas, las protestas. Pues se equivocaron, el Cecop sigue vivo, sigue resistiendo. ¡Hemos triunfado!”
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Suástegui exigió la cancelación definitiva de la presa, justicia para los familiares de los policías comunitarios asesinados el 7 de enero por la policía de Estado, alto a la represión y persecución contra los miembros del Cecop y la CRAC, expulsión de los gravilleros Humberto Marín, Armando Valle y Javier Cadena de los bienes comunales de Cacahuatepec, y libertad a todos los presos políticos del país.
Al acto conmemorativo llegaron representantes de diversas organizaciones sociales: de la Ceteg, de los normalistas de Ayotzinapa, de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, de la OCSS, del Suspeg Chilpancingo, del SME, de los académicos de Chapingo, del Centro de Derechos Humanos Bertoldo Martínez Cruz, de los familiares sobrevivientes de Ranferi Hernández Acevedo, asesinado con su familia cercana el año pasado; de la CRAC-PC, y al menos una carta de la Coordinadora Nacional de Afectados por las Presas de Brasil, entre muchas otras. También llegaron, aunque un poco tarde, el senador electo Félix Salgado Macedonio y la diputada federal electa Rosario Merlín García.
El asesor del Cecop, Rodolfo Chávez Galindo, fue quien tuvo a su cargo la conducción del evento, una especie de asamblea donde todas las organizaciones expresaron su solidaridad con los 25 policías comunitarios y miembros del Cecop que están presos en el penal de Las Cruces, junto con Marco Antonio Suástegui y su hermano Vicente, detenidos todos en el mega operativo que realizaron los cuerpos policiacos estatales, federales, el Ejército y la Marina en La Concepción el 7 de enero pasado.
Una a una, las organizaciones van exponiendo sus respectivos casos, y expresando su solidaridad con el Cecop. Chávez Galindo les pide que al final hagan –o preparen para hacer público en otro momento- un apoyo conjunto para los 25 presos en Las Cruces, y castigo para los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de tres policías comunitarios durante el desalojo de La Concepción, en el cual la ONU ha documentado que hubo un uso excesivo de la fuerza pública.
Tres mujeres, hijas y madres de policías comunitarios presos, aprovechan para denunciar la situación que viven en el penal, con maltrato físico y psicológico, con aislamiento, con negativas de las autoridades para darles atención médica –uno de ellos es adulto mayor y diabético-, y negativa para que sus familiares les lleven alimentos, además de que el proceso judicial está muy lento y solo les dan largas y más largas.
Chávez Galindo aprovecha también para poner el dedo sobre otra llaga: los 13 luchadores sociales que en el lapso de un solo año fueron asesinados durante el tiempo en que ejercieron el poder “la dupla Aguirre Rivero-Iñaki Blanco”. Se refiere a los asesinatos de Rocío Mesino, Arturo Hernández Cardona, José Luis Olivares, Raymundo Velázquez, entre otros, hasta hacer un total de 13, en 2003, cuando Ángel Aguirre Rivero era gobernador e Iñaki Blanco Cabrera era procurador. Ninguno de esos casos ha sido investigado por las autoridades. El que más avances registra es el de Hernández Cardona, gracias a la supervivencia de un testigo ocular del asesinato, pero las autoridades en lugar de protegerlo lo han abandonado a su suerte.
Los motivos de los movimientos
Uno a uno, los representantes de las organizaciones sociales van exponiendo sus propios casos y expresando solidaridad con el Cecop. Es algo que hace mucho tiempo no se veía, pero que muestra de cuerpo entero el estado de la lucha social en el estado, en que las organizaciones han sido agredidas con todo: con la ley, con los asesinatos, con la desaparición y con la cárcel.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en voz de su consejero regional Francisco Santos Martínez, y de su representante más conocido, Arturo Campos, ex preso político, declarado en su momento preso de conciencia por Amnistía Internacional, expresa su oposición a las reformas astudillistas que buscan desaparecer a la policía comunitaria, y da su respaldo al Cecop; y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que llegaron portando las fotografías de sus hijos desaparecidos como estandarte, reiteran su apoyo al Cecop y denuncian el intento del Estado por desaparecer la Comisión Investigadora sobre el caso Ayotzinapa.
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Norma Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, reitera la exigencia de esclarecimiento sobre el asesinato de sus hermanos Miguel Ángel y Rocío Mesino, y castigo a los culpables, y anuncia que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se presentarán estos casos como casos de “asesinatos generacionales”, porque todos ellos son hijos de Hilario Mesino Mesino, quien tiene un hermano desaparecido por el Ejército durante la guerra sucia, de los años 70. Dijo que el único avance que ha tenido el caso de Rocío Mesino, a pesar de que hubo cambio de Fiscal General, fue que pasó de estar clasificado como homicidio común, a homicidio de defensora de derechos humanos. Es decir, una etiqueta en la carpeta, y es todo.
El Cecop también recibió el saludo y apoyo del integrante de la Coordinación Nacional del Movimiento de Afectados de las Presas de Brasil, Luiz Dalla Costa, y sus compañeros Sonia Mara Maranho, Rogério Hohn y Tatiane Paulino, a través de una carta que fue leída por el asesor del Cecop, Rodolfo Chávez Galindo.
La conmemoración del 15 aniversario de la organización consistió en una especie de asamblea solemne, donde las organizaciones invitadas y los propios cecopistas expresaron sus posturas frente al Cecop y expusieron sus propios casos. La cancha estaba llena, y asistieron alrededor de unas 30 organizaciones.
Además estuvieron presentes el senador electo Félix Salgado Macedonio y la diputada federal electa, ambos por Morena, Rosario Merlín García. El evento estuvo coordinado por el asesor del Cecop, Rodolfo Chávez. El abogado del centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz, dijo a los asistentes que legisladores de todos los partidos han estado legislando en favor de los que más tienen, por lo que los movimientos sociales deben mantenerse en sus propias luchas y deben seguir organizados. Dijo que en el caso del Cecop, la presa se detuvo no por los abogados ni por las autoridades, sino por la lucha de los pueblos organizados.
En su oportunidad, tres mujeres, familiares de los policías comunitarios que están presos en Las Cruces, aseguraron que estos fueron detenidos sin haber participado en ningún hecho violento, pues solo habían ido a La Concepción qué había ocurrido durante la madrugada, cuando hubo un enfrentamiento entre hombres del comisario y policías comunitarios. Ahora, en el penal, relataron, no les permiten tener visitas, los mantienen con torturas físicas y psicológicas, y uno de ellos, un adulto mayor, diabético, enfrenta problemas de salud porque no le permiten tomar sus medicamentos.
