* Hay más de 50 órdenes de aprehensión contra opositores a la presa La Parota, denuncian
REDACCIÓN /
Tlapa de Comonfort, 5 de septiembre de 2018. Organismos defensores de derechos humanos denunciaron “una persecución y criminalización sin precedente” contra los comuneros que se oponen al proyecto de la presa La Parota en los bienes comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco.
En un comunicado conjunto, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, denunciaron que este acoso gubernamental, que se ha expresado en la emisión de más de 50 órdenes de aprehensión contra miembros del movimiento opositor, tiene como referente la liberación, hace unas semanas, de integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) y de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) que habían sido detenidos el 7 de enero pasado en La Concepción.
“La Policía Ministerial al día de hoy mantiene aparatosos retenes en las principales entradas a los bienes Comunales de Cacahuatepec como Las Chanecas, San Pedro Cacahuatepec, Las Palmitas, Tasajeras, San Isidro Gallinero y La Concepción y con lista en mano revisan de manera ilegal a todos los campesinos que salen o entran a los bienes comunales. Más de 80 elementos recorren los poblados de San Isidro Gallinero, Parotillas, La Concepción, Aguas Calientes, Oaxaquillas, Salsipuedes y Amatillo”, establece el comunicado.
Las organizaciones refieren que hace ocho días fue detenido el campesino Clemente Cabrera, destacado miembro del Cecop en Tasajeras, en un cateo ilegal realizado en su domicilio por policías ministeriales; y el 4 de septiembre, fue detenido en San Isidro Gallinero el campesino Tomás Cruz Valeriano, también miembro destacado del Cecop. Los dos cuentan con una orden de aprehensión por el delito de daños y despojo “que derivan de acusaciones infundadas y pruebas fabricadas”.
Asimismo, indicaron que desde hace una semana la Policía Estatal y Ministerial mantienen prácticamente sitiado los bienes comunales de Cacahuatepec “con el objetivo de desmantelar al CECOP y diezmar su lucha histórica por sus tierras y bienes naturales”.
Relataron que en los bienes comunales ha existido confrontación entre opositores y simpatizantes al Proyecto Hidroeléctrico La Parota y a la extracción de material pétreo del río Papagayo con saldos que lamentar para ambas partes, sin embargo, acusaron, la Fiscalía solo ha actuado contra los miembros de la CRAC y del CECOP. “Por citar un ejemplo, en los hechos del 7 de enero de este año en la Concepción, fueron asesinados cinco miembros de la CRAC y del CECOP sin que a la fecha se haya investigado. ¿Acaso por ser de la CRAC y del CECOP no merecen justicia? Los actos de tortura perpetrada el mismo día en la Concepción permanecen sin los más mínimos avances. En las audiencias que se han llevado con la Juez de Control ha tenido que llamar la atención a la Fiscalía sobre la falta de debida diligencia en las investigaciones de estos actos de tortura”.
En ese sentido, establecieron que la Fiscalía ha girado más de 50 órdenes de aprehensión contra comuneros del Cecop, cuyo único delito, aseguraron, es defender su tierra y sus bienes naturales como el río Papagayo, explotado por gravilleros.
Consideraron que es evidente el “uso faccioso” del aparato de justicia para desmantelar al Cecop y criminalizar a sus integrantes, para acabar con la resistencia al proyecto La Parota.
“Es evidente que hay una acción coordinada y deliberada de las autoridades estatales para destruir al Cecop, ejecutando órdenes de aprehensión que fueron libradas en otro momento, con el único objetivo de defender los intereses económicos de empresarios gravilleros. Esto corrobora la preocupación de la Relatora de Pueblos Indígenas de que los defensores comunitarios son los más perseguidos. En Guerrero van 15 años que los gobiernos en turno han hecho causa común contra campesinos pobres que dignamente defienden sus tierras”, establecieron.
Criticaron que en lugar de luchar contra la delincuencia, el gobierno estatal destine policías para ir a las comunidades “como si ahí estuvieran los focos rojos de la inseguridad, y no (hubiera) campesinos pobres que defienden sus tierras y ejercen el derecho a la protesta”.
Demandaron el retiro de los retenes de la Policía Ministerial, el cese de los cateos en los domicilios de los comuneros, la libertad de los campesinos presos, y la cancelación de las órdenes de aprehensión. También exigieron un alto al “uso faccioso” del aparato de justicia contra los comuneros.
