* El ex comisionado Nicomedes Fuentes señala que ni la CEAV ni la CNDH
ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 26 de noviembre de 2019. Nicomedes Fuentes García, ex comisionado de la Comisión de la Verdad (Comverdad) y ahora integrante del grupo de seguimiento a los trabajos de este organismo, que por ley ya dejó de funcionar, señaló que al gobierno federal actual le ha faltado “la decisión política” de hacer que el Ejército dé su informe de lo que ocurrió durante la llamada guerra sucia, en el combate contrainsurgente a las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
“No hay decisión política en la 4T (Cuarta Transformación, símbolo del actual gobierno federal) de que se diga la verdad. El Ejército sabe qué hizo con los compañeros (desaparecidos), ellos son muy sistematizados, muy ordenados en sus archivos, y tienen conocimiento de lo que hicieron”, dijo.
En entrevista, señaló que la Comisión de la Verdad ya entregó los expedientes físicos de su investigación sobre el período comprendido entre 1969 y 1980 a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y aunque han pasado más de cinco años, no hay ninguna resolución al respecto.
Incluso precisó que ante esta omisión, el equipo de seguimiento -compuesto por quienes fueron integrantes de la Comverdad) ha tenido que llevar a tribunales algunas acciones legales, y luego de que las ha ganado, la CEAV ha empezado a darle cumplimiento. Sin embargo, señaló que en Saltillo un tribunal colegiado resolvió que debía crearse una Comisión de la Verdad a nivel nacional, pero tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como la CEAV se opusieron, postura en la que coincidieron con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, que con órganos actores en la guerra sucia.
“Lo entendemos de la PGR y la Sedena porque son actores, son los perpetradores, pero no de la CEAV que fue creada para apoyar a las víctimas y que con esa postura se colocó de lado de los perpetradores”, señaló.
Señaló que en el primer encuentro que tuvieron con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, le preguntaron cuál era la postura del gobierno ya que el Ejército, está documentado, fue quien realizó la acción represiva, en la que fueron desaparecidos más de 200 personas (según el reporte de la CNDH) o 600 (según un listado histórico que han definido las organizaciones que buscan a sus desaparecidos en Atoyac.
El funcionario respondió que se está teniendo mucho diálogo con el Ejército, y se está convenciendo a los militares de que es muy importante reconocer lo que pasó para reintegrar el tejido social roto desde aquellas fechas, y que es “completamente sano que se diga la verdad, que se reconozcan los delitos de lesa humanidad y que se haga lo pertinente para que estos hechos no se repitan”.
Fuentes García recordó que la recomendación final de la Comverdad incluye que se haga una reparación integral del daño, que se conozca la verdad de los hechos, se haga justicia, se garantice la no repetición y que se reconstruya la memoria histórica de ese período.
La guerra sucia es un período histórico que refiere al combate del Estado contra los movimientos armados de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, en el que para acabar con la guerrilla, el Ejército arremetió contra la población civil y dejó algunos pueblos sin gente, porque se llevó a todos sus habitantes sin que se volviera a saber de ellos; hubo cárceles clandestinas y asesinatos indiscriminados de estudiantes, campesinos, luchadores sociales y profesores universitarios.
