* Hubo participación de agentes estatales, colusión de medios, empresarios y autoridades para criminalizar a los normalistas, refiere
REDACCIÓN /
Acapulco, 26 de noviembre de 2019. El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) afirmó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sí fue un crimen de Estado, a diferencia de la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que no es porque ahora sí se buscará conocer la verdad y castigar a los responsables.
En un comunicado, la organización humanitaria refirió que un crimen de Estado es un delito cometido por agentes estatales o particulares en complicidad o por tolerancia del Estado, y en el caso de Ayotzinapa participaron instituciones de seguridad pública municipal, estatal, federal, y las Fuerzas Armadas.
Además, hubo colusión cúpulas empresariales, corporativos turísticos, grandes medios corporativos de información, así como jerarcas religiosos que se sumaron a las campañas de odio y de criminalización contra los normalistas, además del “ya supérenlo” del ex presidente Enrique Peña Nieto
“La búsqueda justicia se ha caracterizado por actos que favorecen la impunidad. El GIEI y la OACNUDH-México documentaron la existencia de tortura a presuntos culpables. El Tribunal Superior de Justicia que desapareció videos del palacio de justicia de Iguala que forman parte del aparato de gobierno”, expresó el documento.
El CCTI precisó que las iglesias son parte del Estado, y el propio presidente López Obrador es parte del Estado mexicano, sin embargo, el Estado es mucho más amplio.
“Recordémosle que cualquier desaparición forzada al ser un crimen de Estado, es una violación múltiple y continuada de varios derechos y, en tanto la persona siga desaparecida, la violación a derechos y el delito siguen produciéndose. De acuerdo al Principio de Continuidad establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad de un crimen de Estado subsiste independientemente de los cambios de gobierno”, señaló el CCTI.
Además, refiere que en cinco años no se ha informado nada sobre el paradero de los estudiantes, no hay detenidos por los asesinatos de seis personas, ni los heridos de bala, no hay personas juzgadas ni sentenciadas por la desaparición de los 43, ni tampoco por los delitos del orden común o federal, ni por las violaciones graves a los derechos humanos.
“Si en verdad López Obrador quiere diferenciarse de los gobiernos anteriores, que cumpla con el primer punto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -sentencia emitida exactamente hace 10 años- y ordene a las Fuerzas Armadas que diga dónde está Rosendo Radilla, desaparecido forzadamente por el ejército en 1974”, refiere el documento.
