* Desplazados, asesinatos, despojo, la batalla entre la Policía Comunitaria y la Guardia Guerrerense, configuran el escenario entre Petatlán y Coyuca de Catalán
HERCILIA CASTRO /
Zihuatanejo, 15 de diciembre de 2019. A Isidro Barajas Rangel, le destrozaron su vida con el asesinato de sus tres hijos, Miguel, Cipriano y José Antonio Barajas Portano, y con sacarlo de su casa en La Piedra, municipio de Coyuca de Catalán.
Isidro Barajas Rangel es originario de San Nicolás, Coyuca de Catalán. Hace dos años mataron a sus hijos “en una fiesta, que porque el señor Avelino Rauda tuvo una fiesta y ellos ahí le faltaron al respeto, lo cierto es que ha mentido”.
“Ese día iban (los tres hermanos) a trabajar a una milpa, y los mataron, a uno de ellos lo golpearon, lo torturaron, y a los pocos días, mataron a otro señor, así como ellos están acostumbrados a matar. Hicieron lo que quisieron con el pueblo, luego en el Durazno, entraron a las casas a robar, a saquear en cuanto nos salimos”, cuenta el anciano.
Recuerda que al otro día de que mataron a sus hijos y que los enterraron, “llegaron los militares como caídos del cielo, porque supuestamente nos tenían rodeados, dijeron que nos iban a matar a todos”. Don Isidro señala que el motivo de la masacre fue la envidia de las tierras del campesino, y, sobre todo, por la riqueza de los recursos naturales en la zona.
“Después de que se llevaron todo de los hogares, de nueve casas, primero se llevaron los techos; están las casas ya podridas porque ya pasaron dos temporales. A mis hijos los mataron un 5 de noviembre”, cuenta.
Sobre si puso denuncias, manifiesta que sí, la interpuso en Coyuca de Catalán. Isidro busca la copia de la denuncia en su vieja cartera donde guarda papelitos de recados o números de teléfono. Señala, que la fue a ratificar en Zihuatanejo, pero “hasta ahorita no ha habido resultados, la última reunión que tuvimos el año pasado me aseguró el fiscal que ya va a comenzar a avanzar la demanda”.
Don Isidro, como muchos familiares de víctimas, hizo el trabajo de los peritos, de investigar, conseguir los testigos, dar fecha, porque por la zona, no suben los forenses, o simplemente dan largas y los crímenes no se investigan.
Los tres hermanos siguen sin tener justicia.
Reyna Portano Avellaneda, madre de los jóvenes, cada que puede, presenta ante los medios el retrato de sus tres hijos asesinados. Su rostro es el de una mujer desvelada, que no ha parado de llorar, se nota en su voz, y en su andar. Sigue exigiendo justicia mientras relata a los reporteros el horror de la violencia en la sierra de Coyuca de Catalán.
Remarca que desde que sufren la violencia las comunidades, los maestros de secundaria dejaron de ir a El Durazno, sólo queda un profesor de primaria, y permanece porque la comunidad no quiere que se vaya. Llevan más de dos años con ese problema.
Tampoco hay ya proyectos para las mujeres, los encargados de empadronar para la Secretaría del Bienestar, excluyeron a la gente serrana debido al miedo de la violencia.
Edith es originaria del Durazno, municipio de Coyuca de Catalán. Abandonó su pueblo desde el asesinato de su esposo y sus hijos interrumpieron sus estudios universitarios, también, huyeron por la violencia que aqueja la sierra.
Edith cuenta cómo a su esposo lo mataron por oponerse a dar cuota al crimen organizado. “Mi esposo fue un hombre que se rebeló, ellos llegaron a cobrarle cuota, porque si tenías un chivo, ese chivo te lo cobraban por una vaca, y él dijo: No, yo no mantengo bandidos y no les voy a pagar nada”, dice.
“Entonces como les dijo eso, se los echó de enemigos, pero él no quiso pagarles, y así mucha gente, y como él se rebeló. Se convirtió en un líder, y se les enfrentó. Mi esposo se llamaba José Chávez Arreola, a él y otros los mataron”, cuenta.
Señala que la comunidad del Durazno fue fundada por los Chávez. Recuerda que sus hijos tuvieron que salir huyendo después de que mataron a su esposo. Asegura, que el grupo criminal de la zona de Petatlán, llamado Guardia Guerrerense, recluta a jóvenes por la fuerza. Ahora, Edith cumplió un año de desplazada.
El pasado 3 de diciembre, la Policía Ciudadana de la Costa Grande y la Sierra, adherida a la Upoeg, cumplió un año de surgida en el municipio de Petatlán, a causa, de la inacabable violencia. Sin embargo, no hay señales de que la violencia se detenga.
Nos dirigimos a Santa Rosa de Lima, en el municipio de Petatlán. El calor asfixia, pero el verde de las palmeras y el azul del mar, aminoran el bochorno. A la entrada de Santa Rosa de Lima, ya no hay hombres con el uniforme de la Upoeg, ni con armas. Tampoco quedan las lonas donde se anunciaba que era territorio de esa comunitaria. Pero la tensa calma continúa.
Los reporteros nos encontramos con el líder de la Comunitaria en esa zona, Víctor Espino Cortés, que va acompañado por varios desplazados de El Durazno, Coyuca de Catalán. Espino Cortés rememora que el surgimiento de la policía comunitaria en Petatlán, fue porque la delincuencia organizada llegó al punto de impedir que la gente bajara de sus comunidades a surtirse de despensa o que acudiera al médico.
La Policía Ciudadana de la Costa Grande y Sierra, adherida a la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (Upoeg), nació derivada de la violencia en toda la región. Petatlán, Zihuatanejo, La Unión, Coahuayutla, Tecpán, y principalmente, municipios como Zirándaro o Coyuca de Catalán, pertenecientes a la región Tierra Caliente.
Estamos en la misma fonda de hace un año, nada ha cambiado en el pueblo de Santa Rosa, la mayoría de sus calles siguen siendo de terracería. Don Víctor dice que no cree ya en los medios, “La otra vez también vino Televisa y no sacaron nada”.
Aun así, nos concede entrevista. Para Espino Cortés no ha cambiado absolutamente nada, la violencia continúa y el hostigamiento a los de la comunitaria también, aunque ya no tengan armas a la vista.
El 10 de diciembre de 2018, unos 300 pobladores de unas 60 comunidades serranas de los municipios de Petatlán, Coyuca de Catalán, Coahuayutla, La Unión y Zirándaro, vestidos con camisetas verde olivo y armados con escopetas y rifles principalmente, tomaron las oficinas de Seguridad Pública Municipal de Petatlán, con el objetivo de hacer una limpia.
En ese momento, descubrieron que la Policía Municipal tenía radiocomunicación con el líder de la Guardia Guerrerense, es decir, alertaban a ese grupo de cualquier operativo. Dos días después de haber tomado las oficinas y haber desarmado a los policías, el grupo criminal lanzó una granada a los comunitarios asentados ahí. De suerte para ellos, la granada no explotó.
El 17 de diciembre, las negociaciones con el gobierno estatal y el alcalde petatleco, Esteban Cárdenas Santana. Los meses próximos, las mesas de trabajo quedarían en acuerdos incumplidos y un incremento de la violencia por parte de la Guardia Guerrerense.
Fue hasta el mes de julio cuando la suerte tiró las cartas y desarmaron a la comunitaria petatleca. El asesinato de dos turistas sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo fue el motivo, fueron ejecutados por supuestos integrantes de la comunitaria, solo por rebasar un retén instalado por esta en el municipio de Petatlán la madrugada del jueves 18 de julio.
Las víctimas fueron identificadas como el estadunidense Paul Nielsen, de 48 años y su esposa Janeth Vázquez, de 43 años, originaria de San Lorenzo Almecatla en Puebla, además de un niño de 12 años e hijo de ambos, quien resultó herido por los disparos de arma de fuego.
Días más tarde, la comunitaria fue desarmada por los policías estatales.
Pero la presencia de la comunitaria sí tuvo efecto en la Guardia Guerrerense, pues vio la cohesión de los pobladores, si bien no resolvió la problemática de seguridad, dio un respiro a la presión ejercida contra los pueblos costeños de la violencia.
Pueblos asolados por el crimen organizado, se adhirieron con los comunitarios, como La Morena, encallada en la sierra de Petatlán, y que desde hace una década sufre las disputas de grupos delictivos por el paso y trasiego de la droga y recursos forestales. O como el Durazno, rico en recursos agrícolas como aguacate, manzanas, agua, uranio, titanio y, claro, un clima favorable para la amapola y la marihuana.
“Tan fue así, que tuvieron que aprovechar el caso de los turistas asesinados, por otro lado, es una de las comunitarias que más hicieron presión en los medios en todo 2019, contando los eventos violentos hasta las historias de cada uno de los integrantes”, analiza el sociólogo Iván Flores Atayde, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
La organización también se vio reflejada a lo largo de 2019, pues al llamado de ese grupo, gente de las comunidades bajaba a testimoniar a las mesas de trabajo entre el gobierno estatal, y municipal. Una comunitaria sin bandera, y decidida a cambiar su historia de sangre y despojos.
En el transcurso del año, la respuesta de la banda delincuencial GG que tiene aterrorizada a parte de la Tierra Caliente hasta los municipios de la Costa Grande, fue realizar bloqueos y quema de autobuses y carros particulares. Todos ellos en San Jeronimito, municipio de Petatlán, y que la vox populi sabe que es cuna del líder de la Guardia Guerrerense, Oliver Coria.
Tan solo el pasado 1 y 2 de noviembre, el grupo criminal bloqueó dos días seguidos la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, además de que quemó unidades de transporte, en un fin de semana. El miedo se hizo psicosis colectiva, y en Zihuatanejo, durante cuatro días no hubo transporte público, además de que también hubo unidades de combis quemadas y se cancelaron corridas de autobuses para Acapulco. Encima, la terminal de pasaje urbano, Dos Costas, mantuvo cerrado durante dos días, en protesta por la inseguridad.
Ese 1 y 2 de noviembre, entre el terror al bloqueo por parte de la Guardia Guerrerense, alumnos de la Universidad Tecnológica (UT) de Petatlán, fueron amenazados con ser levantados si los padres no pagaban cuota. Nada se dijo en medios, todo quedó como rumores, pero el miedo sigue.
Sin embargo, para Espino Cortés, no es tan fácil, y no hay avances ni con la llegada de los pocos elementos de la Guardia Nacional: “Esto se va a acabar cuando el gobierno se apoye en el pueblo, que nos dejen ayudar”.
La petición de don Isidro al gobierno federal no es sencilla: “detalladamente, detenerlos (a los asesinos), matarlos, o qué sé yo, quitarnos ese peligro, lo que queremos es vivir en paz. De una manera u otra, todos queremos la paz, la gente quiere la paz”.
La violencia permanece, avanza, a veces se detiene y una bruma de incertidumbre recorre la piel de la gente, de la mujer que vende quesadillas, del empresario que tiene su ferretería, de los estudiantes a punto de ser secuestrados, el comerciante, los viajeros, y todo aquel que sabe que, en cualquier momento y cualquier lugar, la mala suerte de ser asesinado o desaparecido, le puede llegar.
Mientras tanto, pese a buenas intenciones, el gobierno no resuelve la violencia que aqueja este país, desde hace 13 años.
