ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 23 de enero de 2020.
El periódico español El País acuñó la expresión “niños soldados” para referirse a los 19 menores que están siendo entrenados por la CRAC-PF en Chilapa en el manejo de armas y que en días pasados fueron presentados en una exhibición ante medios de comunicación.
Tan pronto como se supo del hecho, y cuando los periódicos y medios electrónicos y de Internet estaban difundiendo la información de los niños armados, el gobierno del estado emitió un comunicado para pedir a la CRAC-PF que ponga a salvo los derechos de los niños, y a los medios, les advirtió que no pueden difundir imágenes de los menores ni siquiera difuminando el rostro para que no puedan ser identificados.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo algo parecido, al condenar públicamente la utilización de los niños en una situación de violencia armada que en todo caso corresponde a los adultos resolver.
Los tres confunden un poco las cosas. Primero, no son niños soldados. La CRAC-PF no es un ejército que esté en confrontación con otro ejército. Como se explicó en el mismo acto, se les dio a los niños un entrenamiento porque son el eslabón más indefenso, y cuando salen al campo son levantados por los miembros del grupo criminal Los Ardillos, que tiene el control en la zona. Se les capacitó para defenderse, pues, ante la realidad ineludible de que sus vidas corren peligro.
El gobierno del estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, invocan los derechos de los niños. Es cierto: ningún niño tendría que ser entrenado para utilizar un arma de fuego, pero quedarse en el reclamo de los derechos de los menores a que su imagen no sea difundida masivamente (como planteó el gobierno) o no se les involucre en actividades de seguridad (como dijo la CEDH), en realidad no resuelve nada.
Evitar que los medios difundan las imágenes solo lograría -aunque nadie está acatando este llamado- disminuir la publicidad del caso, pero no resuelve la gravedad de lo que en Chilapa está sucediendo. Lo mismo pasa con el discurso de la CEDH, no resuelve nada.
El armar a los niños en realidad ha sido una estrategia para atraer la atención hacia el problema de la violencia en Chilapa. Una estrategia brutal, sí, pero justo en estos momentos, puede valorarse el efecto mediático de lo que hicieron: medios de comunicación nacionales e internacionales están hablando de Chilapa.
El problema de fondo no es que circulen las imágenes de los niños. No puede haber derecho mayor que la vida misma, y es justamente ese derecho el que debería llamar la atención de las autoridades, no solo las del estado, sino las nacionales.
En Chilapa hay un problema de violencia que no es nuevo. Ahí los grupos delictivos operan a la vista de todos, sus vínculos políticos son visibles, y su actuación es cada vez más cruel, mientras la impunidad sigue siendo la norma.
En realidad, nadie ha querido mirar hacia esta zona. En 2015, es decir, hace cuatro años, la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Secretaría de Gobernación intervinieron para supuestamente resolver en el conflicto, luego de que un grupo armado se llevó a un número grande de habitantes de Chilapa, ante la vista de todos. Nunca se supo el destino de las personas levantadas. Algunas versiones que los mismos habitantes llegaron a soltar, fueron de que algunos hombres habían sido vistos en camionetas del grupo armado. Es decir, que los estaban obligando a delinquir.
En las inmediaciones de Chilapa fue asesinado el luchador social Ranferi Hernández Acevedo junto con su familia. ¿Y qué pasó? Nada. El asesinato de los 10 músicos en días pasados, el levantón masivo de 2015, los múltiples levantones y asesinatos cotidianos, son un síntoma de descomposición grave, una fisura por la cual se pierde la cuarta transformación de la República.
La vinculación del grupo criminal Los Ardillos con quien en esos tiempos era coordinador del Congreso local, el perredista Bernardo Ortega, ha sido pública. Y es ingenuo en este estado, creer que no tiene ningún impacto el que uno dirija el Congreso y sus hermanos encabecen un grupo delictivo tan poderoso.
Sin embargo, es necesario insistir en que ha faltado voluntad política, decisión, para enfrentar el problema en particular en esta zona. No se trata solo de que vengan soldados a echar balazos -aunque sí deben acudir soldados para resguardar-, pero sí de que se apliquen ahí, en Chilapa, todas las estrategias nacionales para enfrentar la violencia.
Lo que no puede ser, es que haya un Estado dentro de otro Estado, y que los niños tengan que armarse para sobrevivir.
La indignación gubernamental no debe producirse por la difusión de las imágenes, debe ser por las causas que llevaron a que esos niños estén armados. El derecho a no ser exhibidos, está bien, debe preservarse. Pero el derecho a la vida debe preservarse con mayor énfasis.
En Chilapa no hay niños soldados. Hay niños víctimas. Son niños que tienen sueños, que quieren crecer y desarrollarse en alguna profesión, y que están amenazados de muerte. Rescatarlos no significa sacarlos individualmente de ahí, aunque eso pueda ayudar. Implica cambiar las condiciones de vida de la región, inhibir la violencia, desmantelar o frenar a los grupos delictivos. ¿O es que nadie va a hacer nada y dentro de cinco años, seguiremos hablando de lo msimo?
