RAÚL SENDIC GARCÍA ESTRADA /
Acapulco, 21 de febrero de 2020.
Los asesinatos de mujeres en México, tienen su antecedente más representativo en Ciudad Juárez, con una ola de feminicidios a gran escala en la década de los 90. Ciudad Juárez, Chihuahua, a tres kilómetros de la ciudad fronteriza El Paso, Texas, que es uno de los puntos fronterizos más transitados. En el contexto del narcotráfico y de la consolidación del Cártel de Juárez, que controló esta ciudad fronteriza, se vio incrementado el feminicidio, en medio de una ola de inseguridad y de una presencia policíaca y militar sin precedentes, eran los tiempos de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de Amèrica del Norte.
El TLC provocó un fuerte intercambio con Estados Unidos impactando la actividad económica fronteriza, el establecimiento de maquiladoras, de productoras textiles que concentró a grandes masas de fuerzas de trabajo de todo el país y trabajadores sometidos a una explotación laboral, trabajan en forma precaria, con bajos salarios, sin prestaciones ni garantías laborales, jóvenes mujeres que encontraron en la maquila una fuente de ingresos para sus familias.
El fuerte machismo, las rutas del trasiego de droga, la alta concentración poblacional de mujeres que se dedican a la maquila provocó una oleada de violencia de género, el desierto se convirtió en cementerio, con cadáveres de mujeres violadas y abandonadas a la intemperie, ellas con un común denominador, muy jóvenes menores de 25 años y de escasos recursos económicos, abusadas sexualmente, estranguladas, baleadas, acuchilladas, con huellas de tortura y vejación; tan solo en el período de 1993 al 2005, se registraron 379 feminicidios, pero las organizaciones no gubernamentales han señalado que después del 2010, se pudieron haber generado 300 feminicidios más.
En sus inicios este fenómeno fue negado por el Estado, los casos no fueron investigados, las víctimas fueron estigmatizadas y revictimizadas, señalándolas como culpables de su infortunio, a lo largo de este tiempo fueron detenidos varios sospechosos, algunos fueron condenados, otros salieron libres al comprobarse que fueron obligados a confesar estos crímenes bajo tortura.
En el año 2009, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, analizó tres feminicidios de forma puntual que ocurrieron en el año 2001, por tanto la Corte declaró al Estado Mexicano de violentar el derecho a la vida, la integridad, la libertad personal de las víctimas, sentenciaron realizar un acto público para reconocer su responsabilidad a nivel internacional y a realizar medidas de investigación y de prevención desde las perspectivas de género. Se trató de minimizar los hechos, el Estado dijo que se trataba de hechos de violencia particulares, que fueron realizados por violadores, delincuentes comunes o asesinos seriales o por pandillas fronterizas o que pudieran estar relacionados con el trasiego de drogas o que incluso como lo señala Diana Goldemann, pudieran estar implicados escuadrones de la muerte, por el patrón de las víctimas y el modus operandi, que señalan a grupos que se organizan específicamente para matar mujeres, como un hecho que se está produciendo en un conjunto de personas.
Guerrero, y de forma particular los municipios de La Montaña, Chilapa, Tlapa y las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Petatlàn, Iguala y Taxco, están padeciendo una ola feminicida; en los primeros 26 días del año se cometieron 24 asesinatos de mujeres, el Gobierno no investiga no da con los responsables y las víctimas son estigmatizadas y manchadas su imagen.
En Chilapa, los feminicidios son recurrentes, las víctimas particularmente son menores de edad, que han sido torturadas, violadas, abusadas sexualmente y finalmente asesinadas, señaladas una y otra vez de ser miembros de la delincuencia organizada, sin ninguna investigación de por medio, sin pruebas fehacientes, con el único interés de contener el malestar de la población, el Gobierno sabe lo que sabe hacer: no investigar, permanecer pasivo e inmóvil, y mientras tanto los crímenes no se detienen, no se han activado los protocolos de seguridad, de investigación ni tampoco de prevención.
En los últimos días fueron asesinadas dos precandidatas a cargos de elección popular en Chilapa; la priista Dulce Nayeli Rebaja y la perredista Antonia Jaimes Moctezuma, la violencia parece no detenerse y el Estado tiene el compromiso de la justicia de decir no a la impunidad, de reducir la violencia y aplicar la Ley.
En Guerrero, el problema es grave, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, descentralizado en la Secretarìa de Gobernación, señala que en los estados de México, Gurrero y Chihuahua, se registraron respectivamente 301, 219 y 212 asesinatos dolosos de mujeres.
La Organización de las Naciones Unidas, señala y recomienda que todos los asesinatos de mujeres, de inicio sean tratados como feminicidios, para que esta probable causa sea descartada solo si así lo indican las investigaciones.
En el reportaje de Patricia Dávila de la Revista Proceso, señala que los gobiernos de los estados acordaron que así se hiciera en todo el país, pero los gobiernos estatales no están cumpliendo como son, los casos de México, Guerrero y Chihuahua, esto lo señala María Teresa Guerra Ochoa, del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses.
