ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 24 de febrero de 2021.
El asesinato en Coyuca de Benítez de la joven Jaqueline, de 16 años –no 17, como han difundido el alcalde Alberto de los Santos Díaz y algunos medios-, se ha convertido en una crisis política que amenaza al gobierno municipal emanado de la alianza Morena-PES.
Como ha sido ampliamente difundido, la joven había denunciado en sus redes sociales que policías municipales la hostigaban sexualmente –entre ellos una mujer policía-, y los responsabilizaba de lo que le pudiera suceder ya que ella se había negado a darles su teléfono y atender sus requerimientos.
No pasó mucho tiempo, apenas unas horas de la publicación, para que la joven fuera hallada asesinada en la entrada principal del poblado Los Cimientos. Ha sido notorio que a pesar de que en estos momentos hay una efervescencia por los asesinatos de mujeres y este caso recorrió el país con notas en infinidad de medios nacionales, no ha recibido la respuesta de solidaridad que otros casos similares sí han tenido.
Sin embargo, se trata de un caso con aristas muy particulares que es imposible dejar de ver. Primero: es el asesinato de una mujer y una menor de edad. Segundo: la respuesta de la autoridad fue soslayarlo. El alcalde De los Santos Díaz convocó a una rueda de prensa con un grupo selecto de periodistas de Acapulco, en la que su director de Seguridad Pública, José Guadalupe García López, prácticamente responsabilizó a la víctima de lo que le pasó. Jacqueline, dijo el funcionario, se reunía con presuntos delincuentes, y por eso se sentía acosada por la policía municipal, aunque aclaró que contra ella no había ninguna investigación ni nada en contra.
Esta postura dio dos lecturas: por una parte, García López reconocía el sentimiento de la joven, de ser víctima de hostigamiento por parte de los policías; y por la otra, reconocía que de existir ese hostigamiento, era sin ninguna razón, ya que contra ella no había investigación ni nada. Solo por haber sido vista, según dijo, con presuntos delincuentes.
Hay datos adicionales que van apuntando hacia el involucramiento de la policía en el asesinato de la joven. Uno de ellos, oficial, es la declaración del alcalde Alberto de los Santos de que se investiga a los policías en relación con el mismo; y la otra, extraoficial, pero más dura, fue la agresión de un policía municipal contra el reportero de prensa Javier Verdín, cuando este tomaba fotografías de una protesta en la cabecera municipal, donde un grupo de familiares y amigos de Jacqueline exigía castigo para los feminicidas. No era que Verdín estuviera fotografiando a los policías. Era que los policías simplemente consideraban que ese tema ya no debía publicarse.
Pero hay más. Jacqueline denunció a un grupo de agentes a los que identificó como “los chilangos”, que eran quienes la hostigaban sexualmente. ¿Quiénes son estos chilangos? ¿Existen? De acuerdo con lo que el propio alcalde respondió a reporteros, sí existen. Algunos policías municipales, dijo el edil, no son originarios de la región.
Según una serie de datos recabados entre habitantes del municipio, los chilangos conforman un grupo de élite de policías que no son originarios del municipio, aunque tampoco sean –al menos no todos- de la capital del país.
Llegaron al inicio de la actual administración y nadie sabe cuál realmente es su función. Por las tardes y noches instalan retenes en los que revisan vehículos. Actúan, según esos mismos testimonios, por encima del resto de los policías, y suelen ser prepotentes e impunes.
La duda en torno a la función real que llevan a cabo, tiene su origen en que el municipio constitucionalmente no tiene facultades para hacer investigación, ya que esta es un monopolio del Ministerio Público y por tanto no se entiende para qué crear un cuerpo de élite.
Inclusive, hay quienes sospechan que este grupo estaría más orientado a una labor coordinada con grupos delictivos que operan en la entrada de la Costa Grande; y que es un cuerpo que cuenta con libertad para hacer lo que quiera. Por eso el asesinato de Jacqueline ha abierto un boquete: muchos en Coyuca de Benítez creen cierta la versión de la joven, difundida horas antes de su ejecución.
El alcalde Alberto de los Santos enfrenta ahora una crisis que no tenía prevista, y que recuerda mucho a la policía municipal de José Luis Abarca, el empresario salido de la nada y postulado por el PRD al gobierno municipal de Iguala.
Solo que Betín de los Santos tiene más trayectoria política: ligado al figueroísmo, fue funcionario estatal en diversos cargos durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y de Ángel Aguirre Rivero cuando este era priista; gobernó con las siglas del PRI el municipio en el período de 2005-2008, durante el gobierno estatal de Zeferino Torreblanca Galindo, y quiso volver a hacerlo en 2015 con las siglas del Partido Verde, luego de que su partido le negó una segunda oportunidad, pero no lo logró.
En 2018 pudo postularse por la alianza PES-Morena, y en su nombre gobierna ahora el municipio. Pero esta nueva y tenebrosa historia, realmente, está apenas por comenzar.
