* En un informe a la CNDH, la Sedena reconoció haber ejecutado a un tercio de los asistentes a la reunión de indígenas
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 04 de junio de 2020. A 22 años de la masacre de El Charco, cuando efectivos del Ejército dispararon contra una reunión comunitaria indígena en la población del mismo nombre, en Ayutla de los Libres, Guerrero, la exigencia de justicia sigue vigente, estableció la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC), que representa legalmente a las víctimas.
En un comunicado difundido hoy, la organización de derechos humanos recordó que el 6 de junio de 1998 en la comunidad de El Charco se llevó a cabo una asamblea con representantes del pueblo Na´savi para tratar temas de autonomía, proyectos productivos, alfabetización, en el interior de la primaria Caritino Maldonado Pérez.
Ese día llegaron a dicha asamblea, integrantes de un grupo guerrillero, quienes solicitaron permiso para estar presentes en la misma y posteriormente, permiso para dormir en una de las aulas de la Primaria, recuerda la ONG.
En la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del ejército mexicano, con el argumento de estar dando cumplimiento a la Campaña Permanente Contra el Narcotráfico, cercaron la comunidad de El Charco, disparando a mansalva a las personas que se encontraban en las aulas de la Primaria. “El ejército ejecuta extrajudicialmente al estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Ricardo Zavala Tapia y a 10 indígenas. Algunos indígenas son heridos y detenidas todas las personas que se encontraban en este lugar, el ejército a partir de ese momento realiza un cerco militar a la comunidad, impidiendo salidas y entradas de personas”, refiere la red, representada en este caso por su secretaria técnica, María Magdalena López Paulino.
“Los habitantes refieren que a esa zona se desplazaron convoyes policiacos y militares; unos 26 vehículos artillados, dos helicópteros con ametralladoras, transporte de personal, y lanzagranadas, entraron al lugar integrantes del ejército, decenas de policías del Estado y de la Procuraduría General de la República”, refiere.
La organización señaló que en el Informe que entrega la Sedena a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, suscribe que en la Primaria, encontraron dos grupos, uno el de combatientes y otro de inexpertos, reconociendo además que tenían cercadas a las personas que se encontraban en la Primaria y asumiendo que infringieron un tercio de bajas de las personas que ahí se encontraban, sin que el personal militar haya tenido bajas, ya que el personal militar aplico los principios tácticos, que solo resulto dañado un vehículo Hummer, un fusil G3 y un casco Kevlar
Los detenidos fueron trasladados al Cuartel de la IX Región Militar en Acapulco, donde Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortes Chávez, son torturados por militares, y todos los ahí detenidos, son obligados a Declarar ante Ministerio Público Militar iniciándose la Averiguación Previa IXRM/14/98.
Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortes Chávez, han denunciado públicamente que fueron torturados por el General Juan Alfredo Oropeza Garnica (Quien se graduó en 1971 en el curso de operaciones contrainsurgentes de la Escuela de las Américas y que fue el encargado de combatir al EPR entre 1997 y 1999, al ser comandante de la 27 Zona Militar de El Ticui, Atoyac, Guerrero.), quién de acuerdo al señalamiento de Ericka y Efrén, encabezó la operación militar.
Ericka y Efrén fueron torturados a pesar de que el día 7 de junio de 1998, el grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), publica su Comunicado 3, manifestando que solo 4 de los ejecutados extrajudicialmente, pertenecían a sus filas y los otros 7 ejecutados eran población civil, en este comunicado, reconocen que el estudiante universitario Ricardo Zavala Tapia, se encontraba con los indígenas Na´savis, solo con el propósito de alfabetizar y que se ofreció como voluntario para salir del aula y evitar se ejecutara a más indígenas.
Ericka Zamora y Efrén Cortes, después de ser torturados, fueron procesados en dos Causas Penales: la 49/1998, por los delitos de Invitación a la rebelión, rebelión y conspiración, saliendo absueltos de estos delitos el 30 de mayo de 2002.
La segunda Causa Penal a la que fueron procesados, fue la 57/1998, por la comisión de los delitos de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, saliendo ambos también absueltos.
El 16 de julio de 2012, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC, ingresa la Petición de Admisibilidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), P 1315-12, logrando el Informe de Admisibilidad 166/18.
A 22 años de esta Masacre, “refrendamos nuestro compromiso de caminar con las víctimas en la búsqueda de la verdad, la justicia y el castigo a los autores materiales e intelectuales”, señala la Red.
