ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 17 de junio de 2020.
El pasado 5 de junio, el estado de Guerrero obtuvo la segunda declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) ahora por agravio comparado, después de la primera que consiguió en 2017 por violencia feminicida.
La que le fue declarada este 5 de junio, es distinta a la de hace tres años, porque en la primera se refería a una serie de medidas que el gobierno de Guerrero (ocho municipios, entre ellos Acapulco, fueron incluidos en esta declaración) tendría que haber adoptado para combatir, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que ha dejado un alto índice de asesinatos, la mayoría sin ser investigados.
La segunda AVG, por agravio comparado, se refiere a la normatividad que en Guerrero vulnera los derechos de las mujeres guerrerenses, en comparación con las leyes de otros estados o nacionales; también se refiere a la discriminación por no proporcionar el mismo trato jurídico en iguales circunstancias, y a una aplicación desigual de la ley.
Llegar a la declaratoria de AVG implica que antes se formó un Grupo de Trabajo coordinado por la Comisión Nacional para Erradicar y Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el cual hizo una serie de recomendaciones, y las dependencias del estado (Secretaría de Salud, Semujer, Fiscalía, entre otras) y el Congreso local, no las cumplieron. Este incumplimiento es lo que dio origen a la declaratoria del 5 de junio.
El Grupo de Trabajo elaboró un informe que estuvo concluido en mayo, y en él se establece que, por ejemplo, el Congreso del estado nunca mostró interés para legislar en favor de los derechos de las mujeres. Un detalle mencionado en el informe, es que debería haber reuniones entre Ejecutivo y Legislativo para preparar iniciativas de reforma, por ejemplo, al artículo 159 del Código Penal que se refiere a excluyentes de responsabilidad en casos de aborto, pero el Legislativo informó al Grupo de Trabajo que solo hubo una reunión con funcionarios del Ejecutivo y nada más para concientización sobre los derechos de las mujeres, pero nunca para analizar una posible iniciativa.
La Secretaría de la Mujer, y la dirección de Comunicación Social del gobierno del estado, tenían que haber hecho una campaña de prevención sobre los derechos sexuales y reproductivos y el acceso al aborto legal bajo la NOM 46, pero no lo hicieron. La Secretaría de Salud, aunque el informe reporta algunos avances, fue omisa en la parte de capacitar al personal que atiende a mujeres en situación de violencia, y en crear una guía para la interrupción del embarazo y dar certeza jurídica a los médicos.
La peor parte del incumplimiento correspondió a la Fiscalía General del Estado, pues no resolvió, ni siquiera revisó, las carpetas de investigación abiertas a mujeres por delito de aborto, tampoco capacitó a su personal que atiende las mesas de violencia sexual ni designó personal para que acudiera a los hospitales para atender casos de violación y orientar a las mujeres sobre cómo presentar sus denuncias sin que estas tuvieran que andar de oficina en oficina. Todo esto estaba en las recomendaciones del Grupo de Trabajo y no se cumplió.
Las instancias estatales mencionadas han reconocido los incumplimientos, lo que podría pensar en que es un primer paso para resolver el grave problema de violencia hacia las mujeres que existe en Guerrero.
Sin embargo, en el fondo, esta apreciación es engañosa: lo cierto es que no hubo la voluntad política para hacerlo. La solicitud de AVG por agravio comparada se presentó el 18 de marzo del año pasado, y el dictamen se dio 14 meses después. En este tiempo, las instituciones tuvieron un plazo de seis meses para cumplir las recomendaciones; este incumplimiento no puede considerarse como un ligero traspiés, sino, salvo prueba en contrario, como una política institucional de omisión al tema.
Dicen algunas representantes de las organizaciones que han promovido esta alerta, que el gobernador Héctor Astudillo Flores ha tenido, al menos en el discurso, una amplia disposición para atender los asuntos que se le plantean relacionados con los derechos de las mujeres. Puede ser, sin embargo, tal vez valdría la pena ser un poco desconfiados en este aspecto.
La voluntad política se tiene que mostrar en los hechos. Pero si el gobernador dice sí, adelante, y las dependencias a su cargo tardan 14 meses en cumplir lo que debían hacer en seis, y de todas maneras no cumplen, eso implica una señal de que, o no obedecen las indicaciones, o estas se dan sin verdadero sentido de obligatoriedad, y por eso no se cumplen. En el Congreso pasa lo mismo: si ni siquiera se analizan los temas, ¿cómo se puede creer que haya voluntad de sacarlos adelante? Eso explica que en 14 meses no hayan podido concretar ni siquiera una reunión para analizar una iniciativa de reforma y que todo esté como al principio.
Si hubiera voluntad política, muchos asuntos empezarían a cumplirse incluso antes de que hubiera una declaratoria de AVG. Mejor aún: no habría declaratoria de AVG si se hubieran atendido.
Han cuatro años empezó la AVG por violencia feminicida, y esta violencia no se ha contenido. Incluso en medio de la pandemia, de la cuarentena por el Covid 19, los asesinatos de mujeres no han cesado. Y la omisión de la Fiscalía sigue igual: los casos se acumulan y se acumulan, sin investigarse, sin resolverse, y sin castigo alguno para los responsables.
La lectura que puede establecerse de este comportamiento es que en realidad no hay ninguna voluntad, ni del Ejecutivo, ni de la Fiscalía, ni del Congreso, y seguramente tampoco del Poder Judicial, es decir, de todo el gobierno, de resolver los graves problemas de violencia que enfrentan las mujeres en Guerrero.
Por lo pronto, salvo que hubiera indicios en contrario, puede especularse que los 18 meses que a partir de ahora tienen las instancias de gobierno para atender la nueva Alerta de Violencia de Género, se van a pasar en retrasos y retrasos hasta llegar a 2021, y que sea el próximo gobierno el que le entre al quite. Es una lástima: el actual gobierno -quizá el último del PRI antes de una nueva alternancia- pudo pasar a la historia como el que atendió este ominoso problema. Pero para eso se requiere, y no parece que la haya, voluntad política.
