GABY CARMONA ASTUDILLO /
Acapulco, 15 de julio de 2020.
La alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, asumió la responsabilidad de hacer frente a la enorme corrupción que está enquistada en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco.
La renuncia masiva de todos los directivos de la paramunicipal cayó como cubeta de agua fría para quienes dirigían los destinos de la Capama, pero además pone a temblar a los trabajadores que atienden más a sus intereses políticos y económicos que al interés supremo de la población.
Hay que decirlo fuerte y claro, la Capama ha sido desde siempre, la caja chica de todos los gobernantes, municipales y estatales (cuando era administrada por el estado); era y sigue siendo, el sostén financiero para colocar a los amigos, a los familiares, a las novias, amantes y hasta a las esposas de los altos directivos y, claro, los recomendados de los alcaldes, que hicieron de la Capama la caja chica de todos los gobiernos en turno.
Todos los acapulqueños saben que el organismo distribuidor del agua es la cueva de Ali Baba y los 40 ladrones.
Porque cada director general que la dirigía entraba pobre y salía millonario. La Capama daba para comprar un yate de lujo, comprar ranchos en otros estados, camionetas de lujo, pagar la renta de residencias en zonas exclusivas de Acapulco para los directivos, de ahí se pagaban las fiestas de cumpleaños del director general, se contrataban grupos musicales y camiones de lujo para el traslado de los invitados.
Y sin dejar de mencionar los viajes al extranjero, que eran pagados por la dirección general de la Capama. La paramunicipal aguantaba eso y las compra de residencias de lujo en Acapulco y fuera del municipio. Total, los ediles en turno les autorizaban.
En tanto, la población carecía del vital líquido. Poco a poco, la Capama cambió su objetivo, el de dotar de agua potable y drenaje a la población.
Desde la Capama, directivos y trabajadores hicieron su agosto en plena Semana Santa, y contaron con la complicidad de hoteleros y administradores de los conjuntos residenciales, quienes dejaron de cumplir la ley con tal de ahorrarse unos pesos, corrompieron y se corrompieron. Nadie quería pagar ni adeudos, lo mejor era negociar por abajo del agua.
Los hoteleros están obligados a revelar los nombres de los trabajadores corruptos, sí, los mismos que cada semana, quincena o mes, hacían la visita frecuente para pasar por la cuota acordada y que, claro, no entraba a las arcas municipales.
La decisión de la alcaldesa en torno a la Capama es plausible, pero se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, no nada más debe quedar en un anuncio. Deben la Contraloría municipal y estatal aplicar la ley sin piedad. El pueblo de Acapulco se lo reconocería.
Muchos dicen que la determinación de la alcaldesa obedeció a que la Conagua demandó a la paramunicipal por el vertimiento de drenaje a la bahía, es posible que eso solo haya acelerado el proceso, aunque no debemos olvidar que la Conagua en Guerrero tiene sus propios intereses económicos en la paramunicipal, de esto escribí diversos artículos en dos diarios locales a lo largo de los años, en donde la CFE también tiene su propio interés y no es el adeudo millonario, y nadie hizo nada.
En ésta trama de Capama, las aristas llevan a la dirección de Ecología municipal, una de las responsables de verificar, supervisar y sancionar a quienes vierten aguas negras a la bahía, y que al parecer nada hizo al respecto, lo que la convierte en cómplice por omisión, la otra dependencia responsable es la Profepa, que en estos cuatro años se hizo de la vista gorda.
La Profepa es responsable de supervisar y sancionar a quienes vierten aguas negras a la bahía. La ex titular Maricela Ruiz Massieu dejó en esa dependencia federal una amplia relación de hoteles, plazas comerciales, restaurantes, zonas residenciales que vierten aguas negras a la bahía y a la laguna de Puerto Marqués y de Pie de la Cuesta y aplicó mano dura, no negociación sino corrección del problema, y hubo apercibimiento y sanciones fuertes por reincidir o no cumplir, pero su contraparte no hizo lo suyo, ahí en Profepa debe estar esa lista negra de quienes contaminan.
En Profepa Guerrero también duermen el sueño de los justos y es que la danza de los dineros está en todos lados, no solamente es la Capama.
La decisión de Adela Román Ocampo debe llegar a los trabajadores que manejan las válvulas del agua, porque también hacen de las suyas apegados más a intereses políticos, porque de que responden a sus grupos políticos eso nadie lo puede negar y lo que hacen se llama sabotaje y es penado por la Ley.
Ojalá que en la Capama se aplique la Ley a secas, de una vez por todas que truene lo que tenga que venir, porque Acapulco –lo he dicho miles de veces- merece un mejor destino. Veremos qué pasa.
