* Al agredir a un periodista se agrede a la democracia, alertan; también piden la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 30 de julio de 2020. Defensores de los derechos humanos y representantes de iglesias y medios de comunicación alternativos, demandaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador proteger a la periodista Guadalupe Lizárraga, quien ha sido objeto de amenazas y agresiones.
En una conferencia de prensa virtual, a través de la plataforma Zoom, advirtieron que cuando se agrede a los periodistas no solo se les agrede a ellos, sino “es el ataque a una sociedad democrática”.
En la conferencia, auspiciada por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, participaron Ernesto Rodríguez Cabrera, coordinador del área jurídica de la Red; Óscar Pérez Solano, represente de la Iglesia Vetero de México, Hugo Gallardo Duarte, de la Comunidad Teológica de México, el sacerdote Julián Cruzalta; Dan González, de la Iglesia Reformada; Lorena Aguilar, de Kaos en la Red, y la propia periodista Lizárraga.
Rodríguez Cabrera leyó un posicionamiento de la organización donde destacó que en el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se registraron 609 agresiones y 10 asesinatos, 166 casos de hostigamiento, 144 casos de amenazas, 62 ataques físicos y 60 bloqueos de alteración o remoción de contenido en internet.
Por ello, dijo, en el caso concreto de Guadalupe Lizárraga -directora de Los Ángeles Press- y autora de varios libros de contenido periodístico, y una de las figuras claves en el descubrimiento del ejercicio indebido de autoridad en el caso del secuestro de Hugo Wallace, se solicitaron medidas cautelares para ella, y el 16 de julio se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la admisión de caso para ella.
Dijo que el acoso contra ella incluyó la cancelación de un programa en vivo en junio de 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, por criticar la impunidad en el caso de la Guardería ABC en Sonora; el allanamiento de su domicilio en Mexicali, hasta la privación ilegal de la libertad de su hija, ambos ocurridos el año pasado. La propia Lizárraga relató también un intento de secuestro en contra suya.
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Los participantes remarcaron que si bien se trata de un caso concreto, en el que exigen al gobierno que le dé garantías y protección, lo cierto es que esta situación es generalizada con el gremio periodístico, y señalaron que el gobierno actual ha sido indiferente a las violaciones a los derechos humanos de los periodistas. “No es normal, no debemos acostumbrarnos a estas agresiones, no debemos normalizarlas”, señalaron.
La periodista en su momento relató las dificultades que ha tenido para documentar las violaciones a los derechos humanos de víctimas del delito, desde los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto. El caso más paradigmático de abuso de poder, dijo, es el de Hugo Wallace, cuya madre Isabel Miranda de Wallace, no dudó en fabricar culpables, pero donde también hubo periodistas que conocieron la falsedad de las acusaciones y guardaron silencio o contribuyeron a victimizar a las víctimas. Lamentó que en estos momentos, cuando hay un gobierno que propone una transformación de la sociedad, todavía haya violaciones a los derechos humanos y torturas por parte de autoridades a las cuales el gobierno les ha confiado precisamente esa transformación.
En la conferencia se insistió en que los ataques a la libertad de expresión son ataques contra la democracia; e incluso, hubo planteamientos contra la militarización de la vida pública en México, fórmula que, dijeron, no ha funcionado ni en Japón ni en Alemania ni en ningún otro país, y tampoco lo hará aquí.
