El hospital de Cruz Grande

ROBERTO RAMÍREZ BRAVO   /

Acapulco, 23 de agosto de 2020.

El caso del hospital regional de Cruz Grande, prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador con una inversión ya autorizada de 17 millones de pesos, pero transformado en un centro de salud por el gobierno del estado, ha generado una carambola política de dimensiones todavía impredecibles.

Este caso tiene un tufo de corrupción, pero también, una señal de alerta de intimidación y represión contra ciudadanos que han alzado la voz para protestar, y un desmesurado “tacto” político de Morena, que en aras de cuidar la próxima elección, no vaciló en dejar solos a sus militantes.

Todo comenzó el 15 de marzo pasado, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una gira por la Costa Chica. Al pasar por Cruz Grande -paso obligado a Ayutla, a donde se dirigía, proveniente de Cuajinicuilapa-, se detuvo a saludar a los ciudadanos que esperaron su paso durante horas. Ahí le pidieron, y él se comprometió a, la construcción de un hospital regional, como acababa de prometer en Cuajinicuilapa. Sería, como todas las obras, supervisada por el Insabi y ejecutada por el gobierno estatal, por un monto de 17 millones de pesos.

Pero el gobierno de Héctor Astudillo, tal vez pensando en la emergencia sanitaria, en lugar de plantearse construir un hospital regional, optó por habilitar una vieja estructura que había sido comenzada durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero -cinco años antes de la llegada del actual gobierno, según informó la directora de Comunicación Social, Érika Lührs Cortés- para construir un centro de salud. Era una obra aparentemente abandonada, pero a la cual año con año se le destinaban recursos, como lo reveló en su momento la entonces alcaldesa Emisel Molina González, quien dijo que en 2015 -inicio del gobierno de Héctor Astudillo- se destinaron 16 millones de pesos; en 2018, tres años después, la Secretaría de Desarrollo Urbano a cargo de Rafael Navarrete Quesada, publicó en su página de Facebook que la obra -siempre identificada como hospital- continuaba vigente y pronto estaría terminada. Pero ni en 2018 ni en 2019 estuvo terminada, y ya habían pasado cinco años del gobierno de Héctor Astudillo.

Cuando el presidente hizo el anuncio del hospital, se insiste, tal vez de buena fe, acicateado por la pandemia, el gobernador pensó en la obra que ya llevaba tanto tiempo y que en febrero de 2020 se decía que estaba terminada y solo le faltaba equipamiento.

Era una buena forma de salir al paso del compromiso presidencial, con una obra vieja, revestida de nueva. Lo cierto es que en este asunto hay al menos dos puntos que aclarar: uno, si el gobierno federal entregó los 17 millones de pesos que el presidente dijo que ya se tenían autorizados, y en ese caso el gobierno de Astudillo tendría que explicar en qué utilizó ese dinero, si ya el centro de salud a principios de este año estaba terminado. Es decir, que no le habría invertido prácticamente nada, o si los 17 millones se fueron en equipamiento.

Lo otro, es que si la Federación no entregó el recurso también hay que decirlo. El presidente dio su palabra y él mismo fue quien dijo cuánto estaba presupuestado. Este caso sería delicado, porque supondría una burla hacia el pueblo, a menos que López Obrador hubiera sido engañado y le hayan dicho que estaba disponible un hospital cuando era solo un centro de salud y él haya querido -lo cual tampoco sería propio de él- saludar con sombrero ajeno.

Por otra parte, está el fantasma de la represión. La directora de Comunicación Social informó que se había identificado ya a los que protestaron durante la visita del gobernador y serían puestos a disposición de las autoridades. La pregunta es: ¿ya es un delito protestar? ¿Van a ir a la cárcel los ciudadanos que mostraron su inconformidad por el aparente fraude de un hospital convertido en centro de salud? Aquí también viene a cuento el veloz deslinde de Morena hacia sus militantes, y de la delegación del gobierno federal que, para quedar bien con el gobierno estatal, ofreció sanciones para los servidores de la nación que estuvieron presentes aunque sean ciudadanos del lugar que, con toda razón, estaban molestos.

Ninguna transformación podría ser posible con los pasivos, los que no hacen nada. El propio López Obrador, por si no lo recuerdan, tomó los pozos petroleros en Tabasco y encabezó dos mega marchas desde Tabasco a la Ciudad de México, y se enfrentó al desafuero para abrir una calle que conducía a un hospital. Apenas hace seis años Guerrero estaba convulsionado por tomas de oficinas, incendio de edificios públicos, por bloqueos carreteros. ¿Y hoy van a meter a la cárcel a los que protestaron?

Finalmente, una conjetura: si el centro de salud de Cruz Grande es lo único que se pudo tener, habría que recibirlo, pero dejar en claro que es solo un paliativo y el compromiso del hospital regional sigue vigente. El presidente de la República dejó en este municipio su palabra empeñada, con todo lo que eso signifique, y la gente espera que la cumpla. Si él ya cumplió (dando el dinero) y alguien hizo un negocio, eso tampoco es cumplir: se cumplirá hasta que el hospital esté funcionando, y que los ladrones, si los hay, estén en la cárcel.

Cruz Grande es un municipio que conecta con otros municipios, por eso es importante que pueda ser punto de confluencia para la atención médica. El tema de la salud, y más en tiempos de pandemia, es un asunto vital. Por eso no es bueno rechazar el centro; pero tampoco es bueno, dar centro de salud por hospital.

RESERVA PROTEGIDA

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