* Participan en el Conversatorio La Desaparición Forzada en México en el escenario de la pandemia del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 07 de septiembre de 2020. Colectivos de búsqueda de desaparecidos coinciden: si ya de por sí la labor del gobierno por localizar a las personas desaparecidas era escasa, con la pandemia es nula. Los obstáculos para conocer el destino de sus familiares, explicaron, se han acentuado porque las instancias responsables han encontrado en la crisis sanitaria una justificación para la inactividad total.
Sin embargo, señalaron que por el contrario, justamente la pandemia tendría que ser una oportunidad para que las instituciones, al no poder desarrollar mucha actividad en campo, pudieran concentrarse en la revisión de expedientes y en el abatimiento que existe en el tema de las identificaciones y, sobre todo, concentrarse en la posibilidad de encontrar personas vivas, no solo cadáveres en fosas.
También denunciaron que los gobiernos estatales utilizan la autonomía como excusa para no hacer nada, a pesar de que en los estados los gobiernos locales saben todo lo que ocurre en su territorio. Demandaron que la autonomía no sea excusa para la descoordinación.
No obstante, advirtieron que «la pandemia en sí, no nos ha logrado parar: seguimos en acción».
Las expresiones fueron vertidas al participar en el Conversatorio La Desaparición Forzada en México en el escenario de la pandemia del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, institución integrante del Sistema de Centros Públicos Conacyt, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
La guerrerense Tita Radilla, vicepresidenta de la Afadem-Fedefam, fue la primera en participar y expuso que si de por sí las instituciones encargadas de apoyar la búsqueda de desaparecidos, no ayudan en tiempos normales, con la contingencia menos lo hacen. Específicamente, señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General de la República “no hay nada que estén haciendo”.
Tita Radilla ha encabezado la búsqueda de desaparecidos en Atoyac durante la guerra sucia del Estado en el contexto del combate a la guerrilla de Lucio Cabañas, y en particular de su padre Rosendo Radilla, desaparecido por el Ejército en 1974.
“Nosotros hemos enviado a través de abogados, solicitudes de expedientes y cosas que se puedan avanzar, pero ellos siempre están alegando que por la contingencia no se puede hacer nada. Tenemos cosas que se pueden hacer, pero no hay interés de las instituciones por realizar estas diligencias. Para nosotros es difícil porque las familias están pendientes. Ya había actividades programadas que se suspendieron por la contingencia. Nos ha sido bastante difícil, la verdad, pero es la negación de las autoridades para realmente esclarecer los casos”, dijo.
En particular, señaló que “la protección que le han dado siempre a los militares en administraciones anteriores, sigue ocurriendo. Estos no han sido llamados a declarar para que digan qué pasó con nuestros familiares. Queremos que los archivos militares sean puestos a disposición para que podamos saber dónde están nuestros familiares”.
Además, demandó que sean las autoridades quienes investiguen, “porque deben ser ellos los que investiguen, no puede ser como las otras familias que los familiares están investigando y están encontrando”, sino que las instituciones tienen la obligación de dar con el paradero de nuestros seres queridos.
María Herrera, del conjunto de colectivos Enlaces Nacionales, que busca a dos de sus hijos, desaparecidos en 2008 y en 2010, y ha logrado llevar su caso al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, dijo que la pandemia ha detenido a las familias para salir a buscar “pero la paciencia tiene un límite, y viendo que esta pandemia no tiene para cuándo, todos los colectivos no han dejado de trabajar”.
“Como familia -agregó- tratamos de cuidarnos por todos los medios (ante el riesgo de contagios), pero si los padres, las madres, no salimos a buscar a nuestros hijos, estamos seguros de que esta pandemia le está sirviendo como un muy buen respaldo al gobierno para no hacer lo que tiene que hacer, y a nosotros nos urge dar con el paradero de nuestros hijos”.
Reiteró que es la obligación del Estado hacer la búsqueda de los desaparecidos “sin embargo no lo han hecho hasta la fecha”, y aunque reconoció en este sexenio el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ha estado muy cerca, sigue faltando colaboración de los tres órdenes de gobierno porque son los que tienen los conocimientos, tienen los recursos para hacerlo “y solo falta la voluntad”.
En la charla, que duró cuatro horas, las activistas plantearon también que el gobierno mexicano deje de enarbolar casos emblemáticos como la totalidad del problema, específicamente en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que los avances que en este están ocurriendo, no representan a la totalidad de los casos de desaparición en el país.
Aunque reconocieron que el caso Ayotzinapa puso en evidencia lo que estaba ocurriendo en todo el país, señalaron que esto fue porque se conoció casi en tiempo real, y estuvo visualizado por las movilizaciones de los padres y madres que recorrieron el país, acompañados de organizaciones sociales, pero su resolución no es la misma de todos los miles de casos similares que hay en el país.
En el conversatorio también participó Claudia Rosas Pachecho, quien después de una búsqueda de siete años, localizó los restos de su hijo en una fosa cladestina en Ahome, Sinaloa, y ahora dirige la única Oficina Municipal de Apoyo a Búsqueda de Personas que existe en el país, asentada en el municipio de Ahome.
Valeria Moscoso, psicóloga mexicano-chilena, que trabajó en la búsqueda durante la dictadura de Pinochet, y en la construcción de sitios de memoria y reconstrucción de la memoria histórica, señaló que en México estas violaciones se cometen desde hace muchos años y por parte de las instituciones públicas ha habido “una continuidad” de la actuación. En los tiempos de la pandemia, salvo algunos casos excepcionales “detuvieron absolutamente su trabajo”, desde la crisis que implicó la pandemia, hasta una política de austeridad del actual gobierno que ha retirado fondos para la búsqueda, al clasificar a esta como una actividad no esencial.
“Las prioridades del Estado mexicano no están puestas en lo que es realmente importante, y que es resolver la inseguridad, no solamente se detuvieron los apoyos a las búsquedas, sino que también se detuvieron las investigaciones”, señaló.
Dijo que las instituciones en este momento en que no se puede hacer mucho en el campo, por la pandemia, están desaprovechando la oportunidad de leer los expedientes y avanzar en ellos, pero “justamente la pandemia justifica que no están haciendo nada, y la política de austeridad deja sin recursos a las víctimas”, aunque en realidad, la CEAV dejó de entregar apoyos no a raíz de la pandemia, sino desde finales del año pasado, cuando no existía el covid-19.
En algunos casos, las instituciones están buscando cómo trabajar virtualmente, pero el problema es que no todas las familias de desaparecidos cuentan con internet o con dispositivos o no saben cómo usar las aplicaciones, y “esto deja más olvidados a los ya olvidados”.
Además, cuestionó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “continúa negando la problemática” y el presidente, por ejemplo, en su segundo informe de gobierno, “decreta que en México ya no ocurren violaciones a los derechos humanos y que ya no hay desapariciones; esto es grave, porque negar la problemática nos impide contar con herramientas para resolverla”.
Natalia Pérez Cordero, abogada, investigadora del Centro Fundar, que acompaña al Movimiento Nuestros Desaparecidos en México e impulsora de la Ley General Contra la Tortura, dijo que si ya de por sí no existía un apoyo de muchos organismos responsables de resolver esta problemática, la respuesta en cuarentena “no ha sido la esperada”.
En el caso de la Fiscalía Especializada en Desapariciones federal “si ya de por sí se había identificado que había muchos obstáculos en las investigaciones, en pandemia se ha agudizado”. Los familiares pensaban, dijo, que se podría avanzar en la lectura de los expedientes, pero eso no ocurrió y “las frustraciones que tenían las familias, se han agudizado”.
