ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ /
Ciudad de México, 14 de diciembre de 2020.
Este es un caso que reta a cualquier razonamiento de cómo obtener justicia en México, un caso que debe ser emblemático entre juristas y legisladores para zarandear varias leyes que paralizan con anacronías al Poder Judicial.
Su capítulo más reciente terminó 16 días después de iniciado. El viernes 11 de diciembre a las 3:30 de la mañana fue liberado el joven Rafael Méndez -el hijo de Judith Valenzuela la periodista- tras padecer prisión por casi 13 años, injustamente.
Esa liberación fue lograda en dos semanas porque se conjuntaron voluntades por hacer justicia y las acciones de una madre muy tenaz, de colegas periodistas solidarios, del subsecretario promotor del respeto a los derechos humanos, del presidente de la República y del ministro que preside la Suprema Corte de Justicia.
Todo junto presionó a una juez de mala fama para que dictara la sentencia de la libertad que negaba y que, en los hechos, también encubría tortura de policías y ministerios públicos.
Fue una acción de justicia que produce alegría por él y su familia, pero el caso también causa congoja porque requirió demasiadas intervenciones en el más alto nivel y eso no puede hacerse en todos los casos de prisión injusta.
La Madre
Ni las mentes febriles de la novela negra podrían implicar los calvarios de Rafael y su madre la periodista.
Judith Valenzuela Ortiz la periodista sinaloense había bregado por la liberación de su hijo Rafael desde 2008. Gestionó amparos, revisiones del caso. Envió cartas y buscó a la fiscalía de Sinaloa, a la fiscalía federal, a instancias internacionales. Consiguió una resolución de la Suprema Corte de Justicia para que se investigara la tortura; promovió cuatro análisis con el Protocolo de Estambul para demostrar que torturaron a Rafael para que confesara delitos que no cometió y logró que el grupo especial de detención forzada de la ONU confirmara la injusticia y demandara la liberación inmediata con reparación del daño.
Pero con todo, no podía superar otros enredos legales y las dilaciones en el sistema judicial que, en los hechos encubren a los torturadores. Su hijo seguía preso a pesar de que cumplió la primera condena injusta de 10 años en 2018. Judith asume que todo esto fue para castigarla por ser periodista.
La más reciente demora deliberada era de la juez María del Socorro Castillo Sánchez, quien cobró trascendencia nacional en julio de 2020 cuando liberó a José Ángel Casarrubias Salgado el Mochomo, señalado por la Fiscalía General de la República como presunto líder de la organización criminal Guerreros Unidos y presunto autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La juez no decía por qué retardaba la sentencia en firme de Rafael.
Solo le quedaba como alternativa -dice- encontrar la ayuda del Presidente de la República.
El presidente, el subsecretario y la solidaridad de periodistas
Así el 25 de noviembre Judith, la madre tozuda llegó por primera vez a la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Encontró un sitio muy atrás. Levantó la mano varias veces sin que le concedieran hablar. Cuando el presidente escogía a otra colega para la última pregunta, ella no disimuló su ansiedad y alzó la voz anorteñada:
-¡Disculpe que interrumpa, pero yo vengo de Sinaloa y requiero que me escuche!
El presidente reaccionó: -¿Por qué no le prestan el micrófono? –. Era la mañana del 25 de noviembre.
Ella, entre nerviosa y compungida olvidó decir su nombre y comenzó a relatar una historia de casi 13 años de penurias que sería inaudita en otro país…
El presidente le aseguró que la entrevistaría ese día o al siguiente la Secretaria de Gobernación. Pero hasta un día después solo le buscó, vía WhatsApp, el licenciado Marcos Moreno de parte de Olga Sánchez Cordero para decirle que no sería fácil intervenir por las dificultades de la pandemia, pero que le ayudaría para que el Instituto de Defensoría Federal le asignara un abogado de oficio para que ambos solicitaran a la juez federal que dictara sentencia lo más rápido posible.
O sea, dos dilaciones más, anulatorias de la promesa pública del presidente.
Judith se inconformó otra vez y actuó el jueves 3 de diciembre. Con apoyo de un periodista amigo buscó y apeló directamente a la sensibilidad de Alejandro Encinas Rodríguez, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, para que conociera los pormenores del caso e interviniera.
Encinas aceptó de inmediato y el encuentro entre ambos se realizó el viernes 4. Él pidió una semana para encontrar una alternativa.
Mientras, periodistas afines a los derechos humanos crearon un clima de solidaridad con su colega. Desde el 25 de noviembre la revista Contralínea, que dirige Miguel Badillo, difundió los documentos de la ONU y otros que confirman la historia kafkiana de Rafael y su madre.
El lunes 7 de diciembre más de 20 medios, entre ellos Julio Astillero, Eje Central, SEM México, CNX Noticias, En la Lupa y otros difundieron una crónica de la gesta de Judith en Palacio Nacional. Desde Sinaloa el Colegio de Periodistas promovió también la solidaridad y se sumaron decenas de colegas desde sus sitios en redes sociales. Ese lunes Ramsés Ancira, un viejo periodista, resaltó ese y otros casos en la mañanera y logró que la Secretaría de Gobernación lo recibiera ese mismo día como no lo hizo con Judith.
La respuesta
El jueves 10 de diciembre, Dia internacional por los Derechos Humanos, en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador era acompañado de la Secretaría de Gobernación y del Subsecretario Alejandro Encinas.
La Secretaría Sánchez Cordero tocó el caso tangencialmente. Hizo un planteamiento teórico en 1375 palabras sobre “los derechos con una visión garantista” y el Caso de Rafael en apenas 323. Pero remató que para lograr su libertad era necesario seguir los procedimientos judiciales hasta que hubiera “sentencia firme”, aunque fuese injusto.
Eso provocó otra reacción de inconformidad de la periodista Judith, quien encaró abiertamente a la secretaría:
-Estuve aquí hace 15 días con ustedes exponiéndoles mi caso y con todo respeto quiero comentarles que sé exactamente cuál es la situación jurídica de mi hijo, porque la he vivido y la he sufrido 13 años. Una precisión para la señora secretaria es que, sí, lo detuvieron y lo acusaron de delincuencia organizada, de armas; y usted dijo que por traer droga y no, no fue así, no había droga.
(…) yo acudí aquí, señor presidente, porque la verdad es que ya no tenía más a dónde ir, acudí con usted porque millones de personas votamos por usted y creemos en que en verdad va a haber un cambio. Usted ha hablado de que no va a haber corrupción, de que va a haber una legalidad y que no va a haber impunidad.
Entonces, yo creo que este caso tiene que ver también con voluntad política.
El Presidente le respondió con una pregunta directa a Olga Sánchez Cordero:
-¿Puedo, como titular del Poder Ejecutivo, indultarlo?… Porque, si puedo, lo voy a hacer hoy mismo.
La secretaria dijo que no. Y argumentó, también teóricamente, ese anacronismo legal que frena la justicia:
-… es paradójico que, por una parte, ya estuvo 10 años cumpliendo la sentencia del incidente, ahora tiene 13 años privado de su libertad y ya las sentencias son inexistentes en virtud de la revocación que se hizo para reponer el procedimiento. La respuesta, Presidente, es la siguiente (remató como abogada Sánchez Cordero):
El indulto procede cuando hay sentencias definitivas. En este momento todas las sentencias son inexistentes por la reposición del procedimiento. Entonces, ahí sí estamos en un tema…
El presidente se exasperó y dijo a la periodista:
-Voy a hablar con el presidente de la Corte el día de hoy y el lunes te damos una respuesta.
La liberación
Al día siguiente, el viernes 11 de diciembre en su conferencia mañanera el presidente informó como primer tema, después de anunciar su gira del fin de semana, que el joven Rafael de 33 años había quedado en libertad:
–“… ayer mismo envié una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia; él me respondió ayer que iba a intervenir por tratarse de un asunto urgente, de atención a una violación de derechos humanos. (y que) la juez encargada del caso tomó la decisión de dejar en libertad a este joven. Hoy a las 3:30 de la mañana salió del penal de Guasave, Sinaloa…
La sesión continuó y a la mitad, Judith Valenzuela, la periodista de Sinaloa, volvió a interrumpir como lo había hecho el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, pero esta vez muy sonriente:
-Sólo quiero tomarme un segundo, discúlpenme … hace 15 días expuse públicamente mi caso, ayer estuve de nuevo aquí y hoy ya liberaron a mi hijo Rafael… quise venir a agradecerle, que gracias a su voluntad política de hacer las cosas bien, de hacer justicia, mi hijo ya está libre… tengo el corazón en la mano y no tengo palabras, porque usted terminó con esta aberración jurídica y por fin puedo estar con mi hijo. Es todo lo que les quería decir. Disculpen por tanta interrupción. Ya me voy a Culiacán, quiero estar con mi hijo, quiero abrazarlo y, de verdad, muchas gracias, señor presidente… Dios lo bendiga.
El caso no termina
Así terminó otro capítulo de una historia que avergüenza. Seguramente existen muchos más casos similares de encubrimientos y laberintos judiciales que impiden la justicia. Este produce alegría por una madre que es colega. Pero con la liberación Rafael no debe cerrarse: falta el castigo a los torturadores y la reparación del daño para que la justicia sea completa. También debe hacerse la revisión de las entretelas en las leyes que permiten la tortura, el encubrimiento, la cárcel injusta y la dilación intencional de fiscales y jueces.
