CITLALI CALIXTO /
Acapulco, 25 de enero de 2021.
En 1996 se llevó a cabo una reforma hasta entonces insólita en México: se fijó un límite de 70 por ciento de legisladores de un mismo género.
Posteriormente, en 2007, se estableció que las candidaturas para el poder legislativo debían de integrarse, cuando menos de un 40 por ciento por personas de un mismo sexo.
Esto permitiría que la voz de las mujeres fuera una parte indispensable de la toma de decisiones. Sin embargo, el éxito de estas reformas no fue inmediato. A raíz de la paridad obligatoria surgió el fenómeno de las famosas Juanitas o posteriormente Manuelitas, mujeres que una vez que eran electas como legisladoras renunciaban a su cargo para dar espacio a sus suplentes -hombres-.
Surgieron muchas críticas al respecto, y había quienes se pronunciaban contra la paridad porque significaba elegir legisladores según su género y no por sus habilidades. Por supuesto que quien aspire a un cargo debe contar con determinadas aptitudes, sin embargo, esto es tanto para mujeres como para hombres. La paridad surgió como una medida para permitir a las mujeres incursionar en la legislación, esperando que en el futuro sea tanta su participación que no tenga que haber mecanismos que la hagan obligatoria.
Pero, ¿por qué es tan importante que las mujeres legislen?
Quizás la respuesta más corta es la importancia de la diversidad en la construcción de lo público. Imaginemos que las decisiones de un país son tomadas por un grupo selecto de personas donde predomina durante décadas el mismo género y la misma edad. Por más que dichos legisladores cuenten con preparación y estudios, si no hay diversidad siempre existirá un sesgo en la priorización de temas. Si hay más mujeres en cargos públicos, es más probable que se atienda con una nueva perspectiva los retos a los que las mujeres mexicanas nos enfrentamos a diario. Está, por ejemplo, el caso de la Ley Olimpia. Dicha ley sanciona revelación o divulgación de contenidos (fotos, videos, mensajes) íntimos sin el consentimiento de la persona afectada.
La iniciativa surgió a partir de la historia de Olimpia Coral Melo, quien sufrió durante años las consecuencias psicológicas y sociales de que un video íntimo suyo fuera compartido en redes sociales. Olimpia entonces inició un movimiento para que este delito fuera tipificado, y en enero de 2020 la ley nombrada en honor a la valentía de su mayor activista entró en vigor en la Ciudad de México.
Por otro lado, podemos pensar en la propuesta de Alessandra Rojo de la Vega para la entrega gratuita de copas menstruales a quienes las soliciten. Los productos menstruales siempre han tenido un impuesto cada día más cuestionado, ¿por qué debe de pagarse por la atención a una necesidad básica, biológica? Para muchas mujeres de los deciles más pobres significa incluso un dilema entre comprar toallas y tampones o completar su despensa. Las copas menstruales son una solución aparente a la problemática del gasto permanente de toallas sanitarias y tampones, ya que al estar fabricada de silicón quirúrgico es reutilizable durante varios años, además de ser más sustentables que cualquier otro producto menstrual. Sin embargo, tiene un gran problema: el precio. Las copas menstruales suelen tener un costo de entre 400 y 500 pesos, prácticamente imposible de pagar en una sola compra para una gran parte de la población en un país donde el salario mínimo es de 123.22 pesos diarios. La propuesta de su entrega gratuita, entonces, apela a la interseccionalidad y la complejidad de temas como la menstruación, apelando tanto a la desigualdad de género como a la socioeconómica.
Ejemplos como estos hay cada día más, ya que la vida pública de México comienza a llenarse de inteligentes mujeres que han usado la sororidad y sus propias historias para hacer un cambio que acompañe a las futuras generaciones. Legislar con una perspectiva de género nos permitirá como país entender y enfrentar una serie de violencias, desigualdades y deficiencias que han sido históricamente ignoradas. Las mujeres NO somos una minoría, somos por lo menos la mitad de la población mexicana. Si no se escuchan nuestras voces en la toma de decisiones, no podemos hablar de una democracia de calidad ni de un país que cumpla correctamente con su obligación de protegernos.
