* El diputado Moisés Reyes dijo que ha sido testigo de cómo funcionarios públicos utilizan su posición de poder y privilegios para ser inmunizados sin esperar su turno
REDACCIÓN /
Chilpancingo, 24 de febrero del 2021. El diputado Moisés Reyes Sandoval propuso reformar el Código Penal del Estado de Guerrero para castigar a quienes, en beneficio propio o de un tercero, utilicen su empleo, cargo o comisión pública para acceder con prioridad y ventaja a tratamientos, vacunas o insumos médicos.
En la iniciativa que se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación, el diputado expone que la crisis sanitaria ha generado una demanda inusitada de vacunas y fármacos, pero ante el reducido número de vacunas que llegan al país y la urgencia de millones de ciudadanos por ser inmunizados, se han generado grandes incentivos por tener acceso a una dosis de vacuna de forma anticipada.
Agregó que ha sido testigo de cómo en los últimos meses funcionarios públicos utilizan su posición de poder y privilegios para ser inmunizados, aun cuando las autoridades han expresado claramente que en esta etapa de vacunación únicamente el personal de Salud y los adultos mayores pueden tener acceso a la vacuna.
Resaltó que “estas acciones inapropiadas se caracterizan por estar fundamentadas en el delito de abuso de autoridad, el cual es definido como la exageración o extralimitación que las autoridades o funcionarios públicos hacen de las facultades que les fueron conferidas para el desempeño de su cargo u oficio. “De esta forma, hemos visto cómo políticos o funcionarios públicos acceden de forma ilegal y ventajosa a las vacunas”, reprochó.
Por estas razones, considera necesario adicionar el Código Penal del Estado para que se considere como causal de delito el hecho de que políticos o funcionarios hagan uso de su autoridad para acceder con prioridad y ventaja a tratamientos médicos, vacunas o insumos médicos.
Iniciativas
En otro punto, el diputado Marco Antonio Cabada Arias presentó dos iniciativas, una para adicionar el Código Penal del Estado y considerar como “discriminación” la exclusión en razón de género, religión, vestimenta, discapacidad física o intelectual; condición socioeconómica, origen o estado de salud en las instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico, así como cualquier agresión física o verbal por parte de un alumno hacia sus compañeros.
Asimismo, para adicionar la Ley de Bienestar Animal del Estado y permitir que los elementos de Seguridad Pública, Protección Civil o Bomberos puedan actuar sin que exista orden de un juez cuando observen maltrato hacia un animal doméstico dentro de un domicilio, área de trabajo o parque público.
Ambas propuestas se turnaron para su análisis respectivo a las comisiones de Justicia y de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.
