CITLALI CALIXTO JIMÉNEZ /
Acapulco, 26 de febrero de 2021
“Asistencialismo” es el término que continuamente usan políticos y analistas para criticar a cualquier gobierno que pretende atender problemáticas sociales “por encimita”. Y el uso del concepto es correcto: una política asistencialista es aquella que se enfoca en aliviar los efectos de una problemática profunda sin atender las causas estructurales.
Hoy me permito analizar uno de los programas del actual gobierno: la pensión universal para adultos mayores. Dicho programa ya había sido implementado por Andrés Manuel López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Actualmente consiste en un apoyo económico bimestral que se otorga a todas las personas mayores de 68 años (65 en el caso de las comunidades indígenas) y que busca garantizar una vejez digna.
A dicho programa se la ha criticado por la inversión que representa anualmente, por no atacar la problemática estructural de las pensiones y porque en esencia es hacer transferencias bancarias a todas y todos los adultos mayores por igual. No obstante, críticas de este tipo carecen de visión y pecan de ingenuidad.
¿El costo? La discusión y aprobación del PEF 2019 por parte de la Cámara de Diputados, se reasignaron 2,114 millones de pesos a esta dependencia, de los cuales 1,500 millones de pesos se fueron al programa de pensiones para personas de la tercera edad. Es una asignación que no podemos olvidar que corresponden a que los adultos mayores merecen vivir su vejez con dignidad. Es una inversión que le apuesta a algo importante: la dignidad humana. Y es que, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, únicamente el 23% de las mujeres y el 40% de los hombres tienen acceso a una pensión contributiva. Esto significa que millones de adultos mayores viven en pobreza o son dependientes del apoyo de familiares y amigos. De acuerdo con las estimaciones del CONEVAL, la población con edades de 65 años y más que vive en situación de pobreza alimentaria asciende a 939 mil personas, de las cuales no trabaja el 57.6 por cierto, y sólo el 19.5 por ciento de esta población está jubilada o recibe alguna pensión; es decir, alrededor de 27 mil personas. Cifras alarmantes que merecían ser tomadas en cuenta para la implementación de políticas sociales.
Es cierto que el programa por sí mismo no atiende la problemática raíz de las pensiones. Sin embargo, es importante recordar que este gobierno ha impulsado reformas laborales trascendentes que buscan terminar con la explotación laboral y garantizar mejores condiciones laborales, como el derecho de las empleadas domésticas. Después de todo, el gobierno sí busca atacar el problema de fondo. Celebro que este programa se haya elevado a rango constitucional respetando el carácter de universalidad.
Concluyo este artículo, reiterando que el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores apela a la dignidad y está lejos de ser una simple política asistencialista. Nos toca darle continuidad, analizarla y en su caso, criticarla. Pero hoy por hoy, representa un apoyo valioso y trascendente. Después de todo, la bandera de la 4t es la dignidad, y programas como estos, abanderan con hechos que se busca lograr que la dignidad se haga costumbre. Sin duda, el apoyo a adultos mayores es una de las políticas públicas más exitosas de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador.
