* Elideth Ramírez Leyva pidió que nunca se presenten este tipo de agravios en otros casos de damnificados
REDACCIÓN
Acapulco, 21 de septiembre de 2021. Elideth Ramírez Leyva, habitante de la unidad habitacional Pedregal de Cantaluna, damnificada por el sismo del 7 de septiembre pasado, presentó una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los malos tratos que recibió de una servidora de la nación encargada de hacer el censo de afectados en ese lugar.
Ramírez Leyva fue recibida por la coordinadora en Guerrero de la CNDH, Micaela Cabañas, quien la turnó al área jurídica para que presentara su queja, en la cual relató que el sábado 18 de septiembre llegaron a la unidad habitacional los trabajadores de la Secretaría del Bienestar conocidos como servidores de la nación para hacer el censo de damnificados.
Cuando le tocó su turno, dijo que le extrañó que su vivienda, que estaba en la parte alta, fuera diagnosticada como daño menor cuando en las viviendas de la parte baja del mismo edificio fueron catalogadas como pérdida total. Al expresarle a la servidora pública su desacuerdo con esta clasificación, dijo que recibió un trato humillante, y la amenazó con romperle su cédula de damnificada si no aceptaba esa clasificación, que al final así se quedó. Señaló que existe un video que se viralizó donde se puede ver la forma en que fue tratada.
Pidió que la Secretaría del Bienestar capacite a su personal, sobre todo el que atiende al público para que tengan más empatía con las personas con las que tratan, en particular si están sufriendo una pérdida como en este caso que alrededor de 600 familias perdieron su propiedad.
En entrevista, Ramírez Leyva pidió que el delegado federal Iván Hernández Díaz explique de qué manera solucionó el caso de la agresión de que fue víctima, ya que él declaró (según una nota de Quadratín Guerrero) que ese caso ya había quedado solucionado.
Dijo que los servidores de la nación que fueron el sábado a censar en Pedregal de Cantaluna tenían en general una actitud grosera y prepotente y su caso no fue el único, aunque sí fue el que quedó documentado.
Lamentó que los habitantes de Cantaluna estén sufriendo un duelo por la pérdida de su patrimonio y todavía tengan que sufrir este tipo de tratos de los funcionarios de gobierno.
