ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 22 de febrero de 2022.
La semana pasada, en Guerrero ocurrió un hecho inédito: por primera vez se aplicó una interrupción legal del embarazo en una institución de salud pública, con base en los criterios dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se trata del caso, ampliamente difundido, de una niña de 9 años originaria de una comunidad indígena de Acatepec.
El caso fue notorio no solo por la edad de la menor, sino por la negativa que hubo en el hospital general Raymundo Abarca Alarcón, donde tanto la menor como sus familiares fueron sometidos a presión psicológica para que se quedaran en el intento.
Después, el asunto se resolvió en el Hospital del Niño y la Madre Guerrerense, donde el viernes se llevó a cabo el procedimiento.
A toro pasado, vale revisar el tema. Un primer asunto es que, independientemente de los mandatos legales, en el sector salud sigue habiendo una resistencia a interrumpir el embarazo, como quedó de manifiesto en el hospital general. Inclusive, en el hospital del Niño y de la Madre, ocurrió algo parecido, aunque el alegato no fue en presencia de la mujer y la niña, sino solo entre los médicos. Hubo incluso argumentos de que la menor no había sido violada, sino que tuvo sexo consensuado con su novio de 12 años; o que el riesgo de muerte para la niña era inminente; o que “el bebecito” podría ser salvado en una incubadora. Fue una verdadera batalla entre varias dependencias estatales que exigían respetar el derecho de la niña a la interrupción del embarazo, y los médicos que se resistían. Finalmente, la práctica se llevó a cabo sin problema de ningún tipo.
Lo otro que destaca es que, por primera vez, se establece una verdadera coordinación transversal en las dependencias de gobierno para darle seguimiento a un caso. El tema empezó con el DIF de Acatepec, al momento de detectar el embarazo; luego se involucró la Fiscalía -actualmente a cargo de una mujer- y fue quien ordenó que se practicara la interrupción; la Secretaría de la Mujer otorgó acompañamiento legal y psicológico; la Secretaría de Salud -con todo y la resistencia de los médicos- puso los recursos sanitarios para su ejecución; incluso el Congreso del Estado estuvo presente a través de las diputadas Gabriela Bernal Reséndiz y Citlali Calixto, presidenta y secretaria de la Comisión de Igualdad de Género.
El tema, sin embargo, no se quedó en la interrupción del embarazo. Como se ha dicho, hubo una labor transversal y al final hubo también acuerdos entre las diferentes dependencias involucradas, para no dejar en desamparo a la menor, en condiciones de vulnerabilidad tales, que en poco tiempo pudiera presentar un nuevo embarazo.
Así, la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, ofreció otorgar el primer apoyo económico de este año para madres solteras, a la tía de la menor; la Secretaría de Educación se abocará a conseguir que la niña retome sus estudios, con la intención de que avance lo más que sea posible en ellos; la Fiscalía dará seguimiento a la denuncia por violación; y, en su distintos ámbitos, otras dependencias, como el DIF estatal, la Secretaría de Economía, la de la Juventud, acordaron acuerpar a la niña para ofrecerle alternativas que le permitan salir adelante. Inclusive, las dos diputadas que manifestaron interés en el caso fueron -o serán- convocadas para que garanticen recursos para la atención psicológica de la niña y su tía.
Es difícil asumir que esto está sucediendo sin ver la mano de la gobernadora atrás de todo. A su llegada al gobierno del estado, Evelyn Salgado Pineda hizo un compromiso con las mujeres, en particular con las de La Montaña. Se recordará que el día de su toma de protesta estaba en el escándalo nacional el caso de una niña de 13 años de Cochoapa que fue “comprada” por su suegro para su hijo, pero que luego él la acosaba para cobrarse el monto pagado.
El caso de esta niña de Acatepec es de suma importancia porque se diría que es el primero de una nueva época, en la que ya la gobernadora está en pleno ejercicio -no como el de Cochopa, que se conoció uno o dos días antes de que tomara posesión-, pero, además, porque implica la aplicación por primera vez en Guerrero, del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la interrupción legal del embarazo.
La forma en que se condujeron las dependencias también sienta un precedente saludable: implica que deberá empezar a verse como natural un tratamiento transversal en el combate a la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias. Lo que han hecho hasta ahora los gobiernos del PRI y del PRD que han estado al frente de Guerrero, ha sido que una dependencia hace su parte -en supuesto de que la hace- y luego turna el caso a la otra, y se olvida, y en el tránsito, se pierde.
La lógica planteada por Evelyn Salgado es que las cosas ya no serán iguales: ahora todas las dependencias deberán estar juntas, cada una viendo su parte, sin perder de vista el total del problema. Algo así se hizo desde 2018 en materia de seguridad con la mesa de coordinación; y ya se sabe qué pasó con los índices de violencia: disminuyeron.
Sin duda, este caso ha sido ejemplar. Lo deseable, y exigible, es que no quede solo en el ejemplo y se reproduzca en todos los lugares, en todas las dimensiones, en todos los momentos, en que la violencia contra las mujeres se presente.
