ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 21 de marzo de 2022.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en público y en privado que en su gobierno no se persigue a nadie, que no hay presos políticos. No somos iguales, ha reiterado.
Pero eso, en cierta medida, es falso.
En Guerrero, al menos existe un caso de una persona presa por motivaciones políticas, la primera documentada, cuya prisión se gestó y se desarrolla en este gobierno; y las violaciones graves, la fabricación de delitos, son también originadas en este gobierno. Es un tema que ameritaría una acción a fondo, pero que nadie le está prestando ninguna atención. Se trata de la activista Kenia Hernández Montalván, indígena amuzga originaria de Xochistlahuaca, condenada recientemente a 11 años de prisión y a otros 10 en otro proceso, con lo que sumará, si no ocurre nada en su favor, 21 años de encierro, a pesar de que hay evidencias de que ambas acusaciones son falsas.
Kenia Hernández ha participado en luchas como la defensa de la tierra acompañando al Cecop contra la presa La Parota; por la defensa de las mujeres en Xochistlahuaca; por la producción y la organización comunal a través del Colectivo Libertario Zapata Vive, del cual es fundadora. Es abogada, egresada de la Universidad Loyola del Pacífico, integrante de la Policía Comunitaria de la CRAC, ha participado en el Movimiento por la Libertad de Presos Políticos y fue parte del Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Violaciones Graves a Derechos Humanos, e integrante de la Dirección Política Nacional de Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano. Al momento de su detención, estaba bajo el resguardo del Sistema de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Es, en toda la extensión, una activista por los derechos humanos. Se le acusa de haber robado 7 mil pesos a la caseta Las Hortalizas, pero en realidad era un cálculo de lo que la empresa había dejado de cobrar por una protesta del colectivo Zapata Vive; luego fue acusada de robar 500 pesos en un vehículo particular. Como era ridículo mantenerla presa por eso, el juez determinó que llevara el juicio en libertad. Entonces la FGR del gobierno lopezobradorista la acusó de ataques a las vías de comunicación, tras una denuncia formulada por Capufe. Ya se demostró en pruebas periciales -pero el juez no las tomó en cuenta- que ese día ella estaba en Xochistlahuaca, a 600 kilómetros del lugar.
¿Por qué el gobierno de López Obrador se empeña en castigar de manera ejemplar a Kenia Hernández? Hace poco en la autopista del Sol se vio el intento de toma de la caseta por normalistas, en el clásico episodio del tráiler que fue lanzado sin chofer contra los integrantes de la Guardia Nacional. No solo nadie hizo nada, sino que poco después el presidente dijo que no se castigaría la toma de casetas.
¿Y Kenia, entonces?
En realidad, Kenia Hernández sí cometió unos delitos, pero no aquellos por los que está presa. Sus delitos fueron: ser mujer, ser indígena, ser activista dentro del gobierno de la 4T, y no pertenecer a una organización capaz, si no de desestabilizar a un gobierno, sí de mancharlo en caso de recurrir a la represión.
Kenia Hernández es un ejemplo para quienes no sean normalistas y recurran a la toma de casetas. Otros ya lo han hecho: en Guerrero, por ejemplo, el Cecop, campesinos y hasta transportistas. Solo Kenia está presa.
Pero hay en todo esto un tema importante. Se ha insistido en que es el tiempo de las mujeres, y las hay quienes son gobernadoras, senadoras, diputadas federales, diputadas locales, regidoras, alcaldesas, magistradas. ¿Cómo es que ninguna se ha dado cuenta del caso de Kenia Hernández?
Ante este caso, ¿dónde está la senadora Nestora Salgado, quien ya vivió lo que vive Kenia? ¿No debería Evelyn Salgado, la primera gobernadora mujer, hasta ahora la esperanza para las mujeres guerrerenses, intervenir abiertamente? ¿Dónde están Rosario Merlín, Araceli Ocampo, María del Rosario Reyes, diputadas federales por Morena? ¿Y las diputadas del Congreso local? Medio Congreso local está compuesto por mujeres. ¿Y Abelina López, indígena como Kenia? No es que el tema competa solo a las mujeres, pero si hay una represión hacia una mujer (además, una muy visible y con una trayectoria clara), ¿no es válido que las mujeres en posiciones de poder se sumen en su apoyo? ¿Y las feministas, que durante la campaña electoral hablaban de que, si tocan a una, las tocan a todas?, ¿por qué nadie mira hacia este caso grave de violaciones a los derechos humanos de una mujer?
Los hombres también: ¿dónde está Pablo Amílcar Sandoval, diputado federal por Guerrero; Saúl López Sollano, senador? No se incluye en esta lista a priistas, perredistas o panistas porque es previsible que ellos prefieran verla encerrada, pero no se sabe: a veces desde filas tricolores ha llegado la solidaridad para activistas en desgracia.
Hace un año escribí una columna sobre este tema. Se pusieron en contacto conmigo varios actores políticos, para expresar que no lo conocían, pero que investigarían y lucharían por su libertad. O no lo hicieron, o no lograron nada, pero tampoco se ha visto ninguna acción pública. Quizá es el momento de hacerlo. Es curioso que el apoyo para Kenia se está viendo más en el extranjero que en Guerrero.
Pero mantener a alguien 21 años en la cárcel por una participación política o social, no honra a ningún gobierno, ni tampoco al de la Cuarta Transformación. Menos, al de la Cuarta Transformación.
