* Los trabajadores se mantienen en paro indefinido hasta lograr su salida
ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 16 de mayo de 2022. Desde las primeras horas de este lunes, trabajadores de la sección 27 del Suspeg, que opera en Capama, se instalaron en plantón permanente frente a las instalaciones de la paramunicipal, para exigir la destitución del director Arturo Latabán López, a quien acusaron de corrupción, de privilegiar una nómina de funcionarios con altos salarios, la contratación de “empresas solidarias” sin cumplir con la normatividad.
Desde alrededor de las 8 de la mañana, los trabajadores se colocaron en la calle, frente al inmueble de Capama, y bloquearon uno de los carriles, permitiendo el paso vehicular tanto hacia La Quebrada como a la Costera. A través de un megáfono, denunciaron la situación y anunciaron que no habrá negociación más que con la presidenta municipal Abelina López Rodríguez y que el movimiento no se levantará mientras Latabán continúe en el cargo.
En una conferencia de prensa, el secretario general de la sección 27, Gonzalo Arias Cárdenas, señaló que la protesta se generó después de que hubo varios intentos de platicar con Latabán, pero este en lugar de intentar el diálogo, lo sacó a empujones a él y a uno de sus colaboradores de su oficina.
Acusó que “su proceder ha sido de prepotencia, de soberbia, y de negarse al diálogo con la base trabajadora” y en eso incluyó a la subdirectora jurídica Sandra Castro, su secretaria particular, Ana Calderón y su director de Comunicación, Pedro Radilla. “¿Qué es lo que han hecho? Nada más faltarle el respeto a la base trabajadora”, señaló.
Aclaró que el sindicato no está exigiendo plazas, como se ha señalado desde el gobierno municipal, sino luchando contra la corrupción que, aseguró, han prohijado el director y su equipo cercano.
El dirigente dijo que a la llegada de Latabán, en octubre del año pasado, había una plantilla laboral de 1,750 o 1,760 trabajadores, y hoy es de más de 1,800; dijo que hay “un despilfarro” en el pago de nómina de 750 mil pesos, más que en octubre del año pasado; que se incrementó 30 por ciento la nómina de funcionarios, y otro 30 por ciento el monto de salarios y prestaciones para funcionarios; en octubre, dijo, había 28 funcionarios y en febrero eran ya 50, “con sueldazos”, mientras en la plantilla de contratos y eventuales también hubo incremento.
Arias Cárdenas señaló que los recursos de esta plantilla debieron aplicarse en resolver las necesidades de la base trabajadora, pues hay, aseguró, una deficiencia tremenda en las condiciones laborales, en mobiliario y equipo, en transportes, y en escasez de materiales.
Acusó que en cambio, Latabán ha contratado a “compañías solidarias” en lugar de aprovechar el recurso humano de la dependencia. Por ejemplo, dijo que para los desazolves de canales, Capama tiene malacates y mano de obra especializada, y aunque en diciembre se pagó un millón 800 mil pesos para reparar los malacates, estos no se usan, mientras en la Costera operan malacates rentados. “Ahí está el negocio”, señaló.
Según el dirigente, el director de Capama quiso engañar a los regidores, pero aclaró que el Suspeg “no está peleando bases”. Afirmó que el miércoles pasado él entregó un informe detallado a la alcaldesa, donde se especifica una serie de directores que fueron despedidos en la administración de Adela Román porque habían desfalcado al organismo, como Guillermo Alemán y Alfredo Rivera, Gabriel Cejudo, quienes tienen demandada laboralmente a Capama pero ya están trabajando.
En ese informe, dijo, se dan detalles de los contratos “solidarios” con empresas y amigos de Latabán, que afectan al erario de la paramunicipal.
Sobre el movimiento de protesta, afirmó que este se mantendrá por tiempo indefinido y no se levantará si el director no deja el cargo. “¿Ustedes creen que es justo de que lejos de que se le invierta para beneficiar a los trabajadores, de buscar la forma de comprarles, no sé, unos aires acondicionados, de comprarles herramientas, de comprarles materiales, se vaya a gastar en Disneylandia junto con su familia lo que bien se pudo haber invertido?”, se preguntó.
Señaló que existen pruebas de que Latabán se llevó a su familia al viaje que en Semana Santa realizó a Disneylandia con la alcaldesa Abelina López y el regidor René Juárez para supuestamente promover a Acapulco.
Abelina reta al Suspeg a debatir ante la prensa el caso Capama y lo acusa de querer plazas para gente que ya tiene plaza en el ayuntamiento
Un poco después de iniciado el plantón en Capama, la alcaldesa Abelina López Rodríguez fue abordada sobre el tema en su conferencia de prensa de los lunes. Ahí retó al sindicato a debatir ante los medios de comunicación las dos posturas, y afirmó que el Suspeg está tratando de que se le asignen plazas a trabajadores que ya cuentan con una plaza en el Ayuntamiento, y eso no es posible.
“Yo he dicho una y otra vez que jamás voy a solapar corrupción: una cosa es lo que dices, y otra cosa es lo que pruebas. Por eso sí me gustaría (estar) donde estemos de frente el sindicato, donde esté el director de Capama, y donde estemos ustedes (los reporteros) y nosotros. De frente, quién tiene la razón, quién miente. No podemos seguir con los viejos vicios. Tengo conocimiento de alguien que iba en el pliego petitorio para base, y tiene base aquí y quiere base en Capama, ¿es correcto?”, expresó.
“Igual -dijo- con nombres y apellidos, cuáles son esos aviadores. Aquí, aquí”.
“Pregunto en reflexión: ¿a Capama, hay que seguirle metiendo mano para que crezca la nómina, si debemos 2,700 millones de deuda?”, remarcó.
Pidió la solidaridad de los trabajadores “porque no le voy a entrar a la corrupción” y sugirió que las basificaciones sean para quienes tienen 20 o 25 años “ah, pero ellos no tienen padrinos; eso es lo que hay que cambiar: no podemos continuar en los mismos vicios”.
Más tarde, Latabán López ofreció una conferencia de prensa, a la que solo invitaron a los medios de comunicación “aliados” del Ayuntamiento -como ha definido su director Octavio León-, en donde el director rechazó los señalamientos vertidos por el sindicato y justificó la contratación de empresas “aliadas” para realizar labores en Capama.
