* Empresas de amigos y aliados absorben los fondos de la paramunicipal, expone Gonzalo Arias ante la alcaldesa Abelina López en un informe
REDACCIÓN /
Acapulco, 17 de mayo de 2022. La sección 17 del Suspeg entregó el miércoles de la semana pasada un informe a la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, donde se detallan las irregularidades que esta agrupación atribuye al director de Capama, Arturo Latabán López, según informó el dirigente Gonzalo Arias Cárdenas.
En dicho informe hay facturas, contratos, señalamientos muy directos en la contratación de empresas “solidarias” que sustituirían la labor de los trabajadores de Capama con contratos millonarios, y que supuestamente fueron traídas, además de Latabán, por los directores de área Guillermo Alemán y Alfredo Rivera.
El informe señala que para recuperar recursos del Fideicomiso Monex, por ejemplo, el director de Capama contrató a un despacho de abogados a cuyo cargo estaría su amigo Andrés Valle Álvarez, por un monto de 740 mil pesos más IVA, según el contrato de asignación directa CAPAMA-DG-DF-121-2021. El reclamo del Suspeg es que se haya hecho este desembolso cuando Capama cuenta con abogados “con capacidad para resolver estos problemas”.
También se menciona en el informe que del 12 de octubre al 21 de diciembre del año pasado, al iniciar la actual administración, según el contrato CAPAMA-DG-DO-110-2021, el director de administración, Alfredo Rivera, suscribió un convenio para renta de maquinaria, retroexcavadora, volteo, compresor, cortadora y otros para reparaciones de fugas, por un millón 500 mil pesos con el Consorcio Comercial Molbo. Esta cantidad, según el sindicato, es 50 por ciento superior al costo normal de renta de la maquinaria, además de que Capama cuenta con ella, y solo requiere reparación.
Un tercer punto exhibido ante la alcaldesa es el de los malacates para la limpieza de colectores. Según el Suspeg, Capama cuenta con mano de obra especializada y la maquinaria para esas labores, pero Latabán López contrató a la compañía Laro, propiedad de un amigo suyo, que estuvo operando con trabajadores de la paramunicipal pero cobró los jornales como si lo hubiera hecho son sus propios empleados. El informe detalla el contrato CAPAMA-DG-DO-112-2021 con un costo de 10 mil 73 pesos por jornal, que desde el 20 de octubre hasta abril, ha consumido cerca de un millón y medio de pesos.
Eso es por la mano de obra. Por la renta de los malacates -son las máquinas que todos los días se ven en la Costera, a la altura de la Vía Rápida, extrayendo algo de las alcantarillas- se pagan 26 mil 40 pesos por jornal, y desde el 20 de octubre hasta abril iban 3 millones y medios de pesos gastados, según el sindicato, “y no cuenta con fecha de terminación”. Esta operación estaría avalada con el contrato CAPAMA-DG-DO-113-2021.
Los malacates que sí son propiedad de Capama, a su vez, fueron reparados con un costo de un millón 700 mil pesos, a cargo de la empresa “solidaria” Lira Center, pero no se están utilizando, y se prefiere rentar los que están en operación. Esta reparación está sustentada con el contrato CAPAMA-PRODER-DO-AS-LS-020-21.
El Suspeg también denunció la existencia de contratos para obras fantasmas. Particularmente, señala el GIC-DO.AS-00622 por un millón 200 mil pesos, que ampararía obras de rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonias de la zona suburbana, aunque en este caso no mencionó el nombre de la empresa que está a cargo.
También detalla el contrato GIC-DG-PDI-LS-001 por la supuesta realización de un plan de desarrollo, a cargo de dos empresas cuyos nombres no se mencionan, por un monto de 980 mil pesos.
El informe detalla, con nombres y apellidos, una nómina de 50 funcionarios, de los cuales 15 provienen de administraciones anteriores -entre ellos al menos dos que fueron despedidos por el gobierno de Adela Román Ocampo debido a presuntos malos manejos y que tienen demandada a la paramunicipal-, y el resto son personas llegadas en el actual gobierno de Abelina López.
Según el análisis del sindicato, en la segunda quincena de septiembre del año pasado -la última de la administración anterior- la nómina de Capama pasó de 9 millones 580 mil 541 pesos, a 9 millones 976 mil 405 pesos. Sin embargo, a partir de que comenzó el presenta año, han sido dados de alta 32 funcionarios (14 por sustitución de bajas), 10 personas de contrato, 27 eventuales y “un aviador, Juan Caballero Alarcón”.
Gonzalo Arias Cárdenas afirmó en entrevista que son estos los problemas que el sindicato ha planteado al municipio, y no bases laborales como pretende hacer creer la administración. Por tanto, dijo que el plantón que mantienen los trabajadores afuera del edificio de Capama se mantendrá y solo podrá levantarse con la salida de Latabán de la dirección general.
