* El sismo de 7.1 del 7 de septiembre del año pasado reveló que la empresa Opción Paquimé construyó los inmuebles sin cimientos, sin varillas o con varillas de menor grosor, y con tabiques hechos de una mezcla que no es capaz de resistir un terremoto
ROBERTO RAMÍREZ BRAVO
Acapulco, 07 de septiembre de 2022. Hoy, hace justo un año, Edileth Ramírez sintió que su edificio, en la unidad habitacional Pedregal de Cantaluna, amenazaba con venirse abajo, ante el sismo de 7.1 que ocurrió por la noche.
Como pudo, recuerda, abandonó con su esposo el departamento, ubicado en un segundo piso, y en su paso encontró a su vecina, que no podía salir con su hija pues la reja de su vivienda se había atorado. “Yo en estos casos trato de conservar la calma, pero la histeria de la gente, que se oía por todos lados, me asustó”, recuerda.
Como pudieron, las dos familias salieron del edificio al estacionamiento, donde la gente se comenzó a congregar. Pasado el susto, quiso regresar con su esposo por dinero o ropa; él entró, pero la atajó a ella: “no entres”, le dijo. “Yo pensé: ¿por qué no quiere que entre? ¿qué hay adentro?”
Y, como la curiosidad mató al gato, decidió entrar: “Ahí -narra- fue cuando me di cuenta realmente de lo que había pasado: toda la casa estaba destrozada, como partida por un rayo a la mitad, ahí sí fue como que me impactó, y todos mis sueños mis ilusiones, mi vida, en ese momento se destrozaron”.
El sismo ocurrió a las 8:47 de la noche, y minutos más tarde hubo una réplica de 5 grados, y desde entonces se registraron más de mil réplicas en las semanas e incluso meses siguientes. Antes, como a las 5 de la tarde de ese mismo día, había ocurrido un primer movimiento, de 4.5 grados.
En Pedregal de Cantaluna, una unidad habitacional construida en la zona poniente de Acapulco por la empresa Opción Paquimé, propiedad de Roberto Malvido y Hugo Cuesta, unas 700 familias compraron vivienda en los 177 edificios que la componen, en la mayoría de los cuales hubo daños diversos, de severos a leves: paredes cuarteadas en su mayoría, en algunos casos con muros fracturados en diagonal o en equis, en los que es posible mirar de un lado a otro de la pared.
Pero lo más delicado, es que el sismo exhibió fallas graves en la construcción: los edificios no tienen cimientos ni castillos (una técnica que existe, pero no es viable en una zona sísmica); en las paredes, que debían sostenerse con varillas, los constructores no colocaron las varillas, o las pusieron, pero no las amarraron con cemento; utilizaron como tabique, una mezcla de tierra y cemento que ellos dicen que es adobe, pero que en el laboratorio se demostró que no tienen la resistencia para el peso de los inmuebles y son extremadamente lisos, por lo que no hacen una correcta pega con el cemento -mortero, en este caso-, y construyeron escaleras para unir dos edificios, y eso se convirtió en un factor de riesgo en caso de un sismo porque generan un golpeteo que puede fracturar los inmuebles.
A los pocos días del sismo, la Secretaría de Protección Civil del estado emitió el primer dictamen que daba cuenta de la situación en la unidad habitacional: todas las 700 familias que habitan el lugar, están en riesgo porque los edificios se hicieron con la misma técnica constructiva, y esta técnica “no garantiza la integridad y seguridad” de los habitantes.
“Considerando la alta probabilidad de que pueda presentarse una réplica sísmica de igual o mayor magnitud y cuya epicentral es cercana, las 177 edificaciones están en peligro estructural debido a la baja seguridad estructural actual”, indica.
“Es importante resaltar -define el dictamen elaborado por la dependencia- que el diseño estructural de los 177 edificios estuvo comprometido ante la ocurrencia del sismo”.
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El sueño que se rompe
Argelia Zamora es la vecina que no podía salir de su casa con su hija porque la puerta se cerró. Recuerda que en ese momento estaban solas viendo la televisión cuando empezó el movimiento.
“Sentimos que nos íbamos a morir, todas las cosas empezaron a caer, todo lo de vidrio, se rompió, los trastes, todo. Y no podíamos salir, la herrería de la puerta se atoró”. Su vivienda se fracturó con líneas en equis en la cocina, en la sala y en una de las recámaras. Todos los departamentos de ese edificio, y el del al lado, sufrieron daños en todas las paredes de la parte trasera.
En ese estacionamiento, y otros de los varios que tiene la unidad habitacional, se congregaron los condóminos. “Como había riesgo de tsunami -cuenta Elideth Ramírez-, me fui con unos familiares a la Progreso, pero ahí también había daños y el temor de que una casa vecina se nos viniera encima, así que fuimos al albergue de la unidad deportiva Vicente Suárez, donde la gente llegaba algunos en bóxer, todos asustados. Recuerdo que un reportero andaba haciendo entrevistas y entonces le dije: ¿quieres una buena nota?, ve a Cantaluna, ahí está todo destruido”.
En el camino, recuerda que vio grandes rocas en la carretera, en la tienda Soriana que está rumbo a Pie de la Cuesta, había un fuerte olor a gas, mientras unos cables de electricidad hacían cortocircuito, abandonados a su suerte. Hasta la fecha, dice, no ha vuelto a Cantaluna.
Argelia Zamora no. Con su hija y su esposo se salieron por un tiempo a vivir en otro lado, pero ante el esfuerzo de tener que pagar renta, decidieron volver y actualmente, como muchas otras personas, siguen viviendo en su departamento. Son los únicos en vivir en el edificio. En el edificio contiguo también vive una solitaria familia, y enfrente, igual, una familia.
Así está toda la unidad: una familia viviendo aquí, otra allá. Pero la mayor parte se ha ido. La dirección de Protección Civil del Ayuntamiento, todavía durante el gobierno de Adela Román Ocampo, emitió una constancia de los daños en las viviendas; y ya en la actual administración, emitió una orden de desalojo ante el riesgo de que los edificios se vengan abajo.
Sin embargo, recuerda Alfredo Ibarra, otro de los vecinos que todavía sigue viviendo en el conjunto habitacional, no para todos es posible irse a otra parte, y aún con el temor tienen que mantenrse ahí. Pero los problemas -aclara- no empezaron con el sismo, pues la empresa Opción Paquimé SA de CV, que vendió las casas, los engañó en todo: ofreció agua los siete días de la semana y hasta la fecha no la hay y los vecinos se tienen que organizar para comprarla por su cuenta; dijo que los materiales eran biosustentables, pero en realidad, son de tan poca calidad que crean constantes filtraciones. En su caso, dijo, su vivienda presentó grietas y fisuras a los pocos días de adquirida, y las reparaban, y se volvían a abrir en los mismos lugares.
“Como todos los que compramos -dice-, tenemos la ilusión y la esperanza de tener un patrimonio propio como lo que uno espera, que sea a largo plazo, pera que uno vea su inversión, pero uno se va de boca cuando ve que le ofrecieron algo que no era”.
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El viacrucis de los vecinos ha sido largo. Quienes pudieron pagar una renta adicional se fueron; quienes no, ahí siguen, pese al riesgo. El Infonavit y el Fovissste, después de largos trámites, aceptaron suspender sus cobros, pero en plazos renovables cada cuatro meses, por lo que entre que se termina uno y empieza otro, los despachos de cobranzas aprovechan para perseguir a los acreditados. Todos recuerdan el caso de la vecina Plácida, cuya vivienda fue una de las más dañadas porque su pared se fracturó en equis y se puede ver a través de ella. Doña Plácida y su familia se fue a vivir fuera de Cantaluna, y lo único que consiguió fue que por allá le robaran un viejo vehículo, único patrimonio familiar, y después tuvo que regresar a su unidad habitacional.
Todos involucrados
Cuenta Edileth Ramírez: “me acaba de hablar un amigo para preguntarme cómo están las cosas en Cantaluna, porque una amiga suya está a punto de comprar vivienda aquí. Yo dije: ¡¿Qué!? ¿Bueno, esta mujer qué no ve televisión, no tiene internet, que no se entera de lo que está pasando? ¿Y la empresa, cómo le permiten que siga vendiendo?”
La empresa Opción Paquimé, SA de CV empezó a vender los condominios desde 2014, con el aval de todas las autoridades. En ese tiempo, el alcalde de Acapulco era Luis Walton Aburto. Su secretario de Desarrollo Urbano, Manuel Malváez, entregó dos licencias de construcción; luego vino el perredista Evodio Velázquez Aguirre, con su secretaria de Desarrollo Urbano -actualmente en el mismo cargo- Luz María Meraza Radilla, que entregó cuatro licencias; en la administración de Adela Román Ocampo, con su secretario Javier Salinas, no se entregaron. El propio Malvido dijo en una reunión con regidores que ellos la pagaron, pero el Ayuntamiento en sus tres años, no se la autorizó.
El Director Responsable de Obras (DRO) -es decir, el técnicamente responsable de la construcción de Cantaluna- fue el ex secretario de Desarrollo Urbano del Municipio, Javier Morales Burgar; y el responsable de la memoria de cálculo -con base en la cual se hace la edificación- fue el arquitecto Pedro Pablo Gutiérrez López apoyado por su hijo Pedro Pablo Gutiérrez Añorve, todos ellos vinculados con el Colegio de Arquitectos de Guerrero.
Después de los sismos, Gutiérrez Añorve se presentó con los vecinos para ofrecerles hacer el estudio para determinar los daños en los inmuebles, pero fue rechazado, entre otras cosas, porque no avisó al Ayuntamiento que sus cálculos no estaban siendo seguidos.
Legalmente, el Infonavit y el Fovisste también contratan inspectores acreditaros como DRO, para autorizar la venta colectiva de vivienda en los fraccionamientos como Cantaluna, pero omitieron informar sobre las fallas en la construcción.
El 21 de octubre del año pasado, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Conapred), después del dictamen que elaboró la Secretaría de Protección Civil, emitió una opinión técnica sobre el caso, en la que recomienda rehabilitar no solo los edificios que sufrieron daños, sino todos, pues en caso de otro sismo, los daños podrían ser mayores. Sugiere la aplicación de varios estudios, de seguridad estructural, de mecánica de suelo, de pruebas experimentales en los materiales de construcción; y como técnicas de reparación, ampliar la cimentación, refuerzo de muros, separación de escaleras, entre otras.
Todavía en el gobierno de Héctor Astudillo, la empresa contrató a un ingeniero con experiencia en sismos para que emitiera un dictamen a su favor y demostrar que lo que estaban diciendo los condóminos era mentira. Roberto Arroyo Matus se presentó como enviado de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi) y engañó a los vecinos diciéndoles que los iba a ayudar, sin informar que realmente era enviado de Opción Paquimé y Roberto Malvido. Su dictamen fue utilizado después por la empresa para que las autoridades le permitieran seguir vendiendo los departamentos que aún estaban vacíos y continuar con los que aún estaban por construir.
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Sin embargo, en ese mismo documento, Matus -quien días después sería nombrado secretario de Protección Civil del actual gobierno estatal- señala que los daños tuvieron su origen en que los tabiques con que se construyeron los 177 edificios, son de una aleación de tierra y cemento, que tienen una superficie extremadamente lisa y que eso generó que no pegaran con el mortero en las juntas, y al momento del sismo, se desplazaran, causando las grietas en las paredes.
El 24 de octubre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema durante una visita a Acapulco. Fue abordado por un niño de los condominios 8 y 9, primero, y luego por un grupo de mujeres, quienes le entregaron oficios denunciando la situación en el conjunto habitacional.
El titular del Ejecutivo ofreció su apoyo a los condóminos afectados, criticó que curiosamente en estos casos se caen edificios de la gente pobre, la que compró con crédito, y expresó que tenía información de que el defraudador era “un constructor con influencias hasta en los medios de comunicación y que ahora no se quiere hacer cargo, al contrario, está demandando a los afectados”. Instruyó al titular de Sedatu, Lorenzo Meyer, y a la directora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, para que se ocuparan directamente del caso.
Tres días después, Velázquez Alzúa se presentó y al revisar los inmuebles dijo que se debían desalojar inmediatamente.
Después de entonces, todo ha sido una larga espera. Se sucedieron varias reuniones en las que participaron representantes del Infonavit, Fovissste, la alcaldesa Abelina López, Sedatu, Conavin, gobierno del estado, hasta que se lograron algunos acuerdos, entre ellos, que se suspenderían los pagos a los condóminos, primero en el Infonavit y después en Fovissste, y que gobierno del estado y municipal se cooperarían para pagar los estudios que recomendó el Cenapred, mismos que en este momento sigue realizando la empresa Mar-Ar Ingenieros, para determinar el daño estructural de los edificios.
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En un avance preliminar para los colonos, la empresa informó que, aunque el estudio aún no concluye, ya se puede determinar el grado de afectación en los 177 edificios. No hay ninguno que pueda considerarse sin riesgo, la mayor parte es riesgo alto, y algunos son riesgo moderado. Los trabajos continúan.
¿Y Opción Paquimé?
Hasta el momento, la empresa responsable no ha dado la cara. Al principio, su representante Roberto Malvido Arriaga, se movió en medios de la Ciudad de México, para decir que el sismo solo había generado cuarteaduras y daños nada más en dos departamentos. Alegó, en varias entrevistas, que esto era nada, comparado con los daños en 1,500 viviendas que habían ocurrido en todo el municipio ese mismo 7 de septiembre.
En una entrevista con La Plaza Diario, sin embargo, reconoció que se habían utilizado varillas de menor grosor que el usado en las construcciones, porque dijo que se trata de varillas que tienen más resistencia y puso como ejemplo la tecnología: antes, una computadora usaba un CPU grande, y ahora estos ya están integrados en el mismo monitor, todo en uno; así, ahora, dijo, lo más delgado es más resistente. Reveló que por instrucciones de Tatiana Walton, la hija de Luis Walton que fungía como directora del DIF, un terreno en donación que estaba la empresa obligada a entregar al Ayuntamiento, para construir un CENDI, no se dio, porque el gobierno municipal prefirió que se le entregara dinero y no el predio.
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Las manifestaciones de los condóminos en estas fechas eran constantes, y hubo un caso en unos edificios que estaban solos y abiertos, que alguien puso un candado, y Malvido aprovechó para demandar a algunos de los condóminos. Esta estrategia ya la había usado antes, cuando tras las protestas que hubo en 2018 y 2020 por fallas diversas en el proyecto constructivo, la empresa demandó al entonces presidente de los condominios 8 y 9 -los que generalmente se manifestaban- Miguel Otero. Después de un intenso estira y afloja, ha retirado sus demandas.
En marzo de este año, a invitación de la regidora perredista Sofía Corona Mijangos, presidenta de la Comisión de Protección Civil, Malvido compareció ante regidores para exponer su visión de las cosas. Ahí, el empresario se preguntó cómo es que dicen que la obra está tan mal -como ya decían PC estatal, el Cenapred, Protección Civil nacional, Sedatu- si todas las autoridades, municipales, estatales, el Infonavit, el Fovissste, el Consejo de Urbanismo, Sedatu, todos, la habían aprobado.
Esa ocasión Malvido sin embargo tuvo que salir prácticamente huyendo porque un grupo de condóminos irrumpió en la sala de Cabildo y reclamó a los regidores que le den a él la oportunidad de exponer su versión y a los afectados nunca los habían recibido.
Dos meses después, en mayo de este año, personal de la empresa se presentó a Cantaluna a retirar maquinaria. Lo hicieron de noche, y acusaron que alguien había robado pertenencias de la empresa, pero los vecinos filmaron la acción y el asunto no prosperó.
En la actualidad, entre los vecinos corre la versión de que la empresa Pedregal de Cantaluna -cuyas oficinas en la carretera federal, casi a la entrada del Pedregoso, fueron cerradas- ya desapareció, y ahora la responsable es otra. Malvido Arriaga no ha vuelto a dar la cara. Unos dicen que anda huyendo; otros, que simplemente ya vendió y se fue.
