REDACCIÓN /
Acapulco, 13 de noviembre de 2022. La reforma electoral que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como eje una frase que surgió en la campaña de 2021, donde se renovaron las cámaras del Congreso federal, y varias gubernaturas con sus congresos locales incluidos.
Era una frase que se movió en Morena, ante la evidente parcialización del órgano electoral contra las propuestas de este partido, y que concluyó con los casos de Guerrero y Michoacán, donde con un argumento irrelevante, los candidatos a gobernador de esos estados fueron despojados de sus candidaturas.
La frase es “Va a caer, el INE va a caer”. Eso ha dado pauta a la oposición de derecha a acuñar otra expresión “El INE no se toca”, y llamados a defender al órgano electoral.
En contrapartida, de acuerdo con una encuesta que el propio INE realizó y que trató de mantener oculta, la mayor parte de los mexicanos apoya la reforma electoral, cree que el instituto es consumidor de grandes recursos del Estado y respalda propuestas como la desaparición de plurinominales, así como de los órganos y tribunales electorales locales.
Pero, ¿qué hay, finalmente, detrás de todo este embrollo?
Para empezar, hay que decir que no es que “el INE va a caer”. No es, en sí mismo, su desaparición, sino su transformación. Ya pasó de IFE a INE y ahora se propone el tránsito a INEC. Es, sí, una transformación de fondo, porque la propuesta plantea que los consejeros sean electos por el voto ciudadano y no por acuerdos entre los partidos políticos, como ocurre en la actualidad.
Después del fraude electoral de 1988, el Instituto Federal Electoral (IFE) nació como la alternativa para quitarle el control de las elecciones al gobierno, que se ejercía a través de la Secretaría de Gobernación. Fue un avance en ese momento, pero de ninguna manera fue la autonomía que se pensó, pues su primer presidente fue el entonces secretario de Gobernación de Carlos Salinas, Fernando Gutiérrez Barrios, y el primer presidente “ciudadano”, José Woldenberg, fue impuesto por el entonces presidente Ernesto Zedillo.
Y en verdad, más tardó el IFE en constituirse, que en empezar a quedarle a deber a los mexicanos y a la democracia.
Fue un órgano que no se dio cuenta en la campaña de 2000 (cuando apenas había pasado una elección presidencial desde su nacimiento), de la operación fraudulenta de los Amigos de Fox, ni del Pemexgate; en la siguiente elección, 2006, no vio la campaña de odio contra el entonces candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, ni la operación del algoritmo Hildebrando, para distorsionar los resultados del conteo en las casillas, ni la intervención directa del presidente Fox; ni vio en la siguiente elección, 2012, los recursos indebidos en la campaña de Monex, ni las tarjetas Soriana, ni los sobornos de Odebrecht en las locales.
Este evidente desgaste político del órgano garante de la democracia hizo que se planeara su primera renovación. Así, apenas llegado a la presidencia, Enrique Peña Nieto convocó a los partidos políticos que hoy son la oposición, a firmar el llamado Pacto Por México, que facilitó las reformas estructurales más regresivas en la historia del país, para entregar la riqueza nacional (el petróleo, las minas, la electricidad) a empresas extranjeras, y revertir las conquistas laborales plasmadas en la Ley Federal del Trabajo y en el sector educativo.
De ese pacto, sin modificar la Constitución, salió el INE, que pasó de ser un instituto federal, a un instituto nacional. Entre los cambios que se introdujeron, estuvo el que concentraba facultades para intervenir en todas las elecciones del país, incluyendo las locales, y podía inclusive organizar las elecciones internas de los partidos.
Con ese poder casi omnímodo, el INE llegó a las elecciones de 2018, donde abiertamente sobrefiscalizó las candidaturas de Morena y disimuló ante las de otros partidos. No obstante, López Obrador ganó la presidencia, y desde ese momento el INE asumió un papel de supuesta independencia, que en realidad fue más de oposición al gobierno recién llegado, y que en la elección de 2021 se vio francamente.
La actitud burlona del consejero presidente, Lorenzo Córdova, frente a todo lo que representaban el lopezobradorista y Morena, más que un agravio a estos sectores, lo fue para la ciudadanía en general, que esperaba a un INE garante e imparcial.
Este domingo, la oposición en su conjunto ha llamado a “defender el INE” y a movilizarse en las principales plazas del país. El argumento opositor es que el gobierno de López Obrador pretende crear un órgano al servicio de Morena, sin echar un ojo a las verdaderas propuestas que incluye la reforma, entre ellas la disminución del gigantesco gasto del Instituto.
Lo más notable, sin embargo, es la expresión “al INE no se toca”, es decir, que el fondo de la estrategia opositora es justamente frenar cualquier modificación a la forma en que está operando el instituto, asumiendo que ello es defenderlo.
La lógica de la democracia indica que las instituciones se reforman con el tiempo, porque la sociedad misma es cambiante, pero apelar a la inmovilidad no puede ser sino una forma de regresión. ¿De veras no es necesario hacer algo para que los consejeros ganen más que el presidente? ¿Hay que dejar sin revisar el hecho de que las elecciones ocurren cada tres años, pero el INE tiene un presupuesto igual, haya o no haya elecciones; o que la sola oficina del consejero presidente tiene un presupuesto esperado de 68 millones de pesos en 2023?
Sin duda, se puede estar o no de acuerdo con algunos puntos de la reforma, pero ¿movilizarse para dejar intacto un instituto que, por ser garante de la democracia debe estar renovándose de manera permanente? La democracia en México es una de las más caras del mundo; un voto ciudadano cuesta más en México que, por ejemplo, en Estados Unidos, y algo no se está haciendo bien, porque los ciudadanos tienen la percepción de que las elecciones siguen siendo fraudulentas.
El mismo discurso del consejero presidente, Lorenzo Córdova, se parece más al de un dirigente opositor que al de alguien que debe garantizar la imparcialidad para todos los actores y sobre todo para que los ciudadanos puedan ejercer libre y conscientemente su derecho a elegir a sus gobernantes.
Por eso es necesario que haya debate en torno al INE, pero solo para discutir la forma y dimensión del cambio, no para impedirlo.
VERICUETOS
EL SENADOR PRIISTA Manuel Añorve Baños ha tenido muchos acercamientos con Morena, no solo en lo que se refiere a su actividad legislativa, sino también en otros ámbitos vinculados con Guerrero. Durante la pasada visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López al Congreso del estado, se le vio muy contento con el también senador morenista Félix Salgado Macedonio, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el propio secretario, no se diga con los diputados locales de Morena.
La versión de que pudiera acercarse con este partido, ante las dificultades que enfrenta el PRI en el país, no parecen descabelladas a algunos. Sin embargo, otros dicen que hará un mejor papel si continúa en el tricolor, donde mantiene una fuerza que le permitirá negociar con sus nuevos amigos… Hablando de otro ometepequense, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero sigue entrampado con el caso Ayotzinapa.
Su reciente confrontación con el abogado de madres y padres de los jóvenes desaprecidos, Vidulfo Rosales Sierra, no ha concluido en un buen fin para sus intereses, pues no ha sido suficiente para frenar las críticas del abogado en su contra. La detención en días pasados de quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, precisamente involucrado con la desaparición de los normalistas, como que tampoco ayudó mucho…