JOSÉ CARLOS LUQUE BRAZÁN /
Acapulco, 21 de diciembre de 2022. Hace unos días atrás el gobierno autoritario encabezado por Dina Boluarte quien fuera nombrada por el polémico y mayoritariamente conservador Congreso del Perú para reemplazar al Presidente Constitucional elegido democráticamente en las urnas decidió expulsar al embajador de México en el Perú y declararlo personaje no grato y darle tres días para que salga del país, las razón de esa medida fue la supuesta injerencia del Gobierno de México en los asuntos soberanos del gobierno peruano, asuntos y temas relacionados con un golpe de Estado blando dirigido por la élite pos fujimorista en el poder económico y político desde el golpe de Estado de Fujimori de 1992, dictadura que impuso un constitución neoliberal al estilo pinochetista que estructuro las bases del dominio político de la actual. Esto nos lleva a una primera condición estructural que da forma a la actual condición institucional política en el país andino: Su origen autoritario, ilegal y carente de legitimidad.
Está condición autoritaria, ilegal y carente de legitimidad se transformó en un estado de derecho a la fuerza que no ha podido ser transformada políticamente por las fuerzas progresistas peruanas debido al control de las reglas, normas y procedimientos que dan forma al poder político legislativo y a los poderes fácticos expresados en los medios de comunicación tradicionales encabezados por el Grupo El Comercio, las Televisoras y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). Este poder fue sido monolítico en los últimos treinta años, pesé a las distintas crisis en los últimos cinco gobiernos ocasionados por la corrupción endémica del fujimorismo y de las élites políticas aliadas, todas agrupadas bajo el signo de Oderbretch.
En este escenario se abrió una grieta al poder neoliberal/chupacabras instituido en el Perú por Fujimori. Esa grieta fue la elección de Pedro Castillo Terrones en el 2021 como Presidente Constitucional para el período 2021-2026. Su elección significó una dura afrenta para la élite política pos fujimorista, pues cómo un campesino y profesor rural se atrevía a dirigir el país de una élite que se asumía racialmente no andina, y que atrincherada en el Congreso de la República y dirigida por Keiko Fujimori se dedicó a desvirtuar el carácter democrático de la elección de Pedro Castillo utilizando el aparato mediático proporcionado por el grupo El Comercio. Así Pedro Castillo Terrones y su gobierno fue sometido a un linchamiento propagandístico sin precedentes en la política peruana, un linchamiento sostenido en argumentos racistas y poscoloniales que fueron la envidia de otros políticos suramericanos como Bolsonaro en Brasil y Kast en Chile, fieles exponentes del nuevo conglomerado postmoderno fascista en la región.
En síntesis, la permanencia en el poder ejecutivo de Pedro Castillo era la crónica de un golpe de Estado anunciado por las élites políticas neo fujimoristas, el poder económico y las Fuerzas Armadas, todas ellas apoyándose en una Constitución hecha a su imagen y semejanza por el dictador Alberto Fujimori de 1993.
La caída de Pedro Castillo y sus consecuencias.
Utilizando el Congreso cómo eje de ataque la derecha neo fujimorista se dedicó a demoler la imagen pública del Presidente utilizando el ordenamiento legal y el inmenso apoyo de sus aliados mediáticos, mientras Castillo realizó una serie de errores políticos que definieron a la larga su soledad política que lo llevó a tratar de disolver el Congreso en septiembre pasado y que termino significando su destitución y detención por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales del país andino. La historia que sigue a continuación ya la conocemos, sube Dina Boluarte a la presidencia impulsada por el Congreso de mayoría neo fujimorista, empiezan las protestas populares demandando nuevas elecciones y una nueva constituyente, pero también tenemos la política represiva del gobierno autoritario que va significar hasta ahora el asesinato de 40 peruanos y peruanas en los últimos días. Las consecuencias de la caída de Pedro Castillo son políticas y humanitarias.
México y la encrucijada peruana.
Ante el golpe de estado blando generado por la coalición neo fujimorista, el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador decide no reconocer al gobierno autoritario de Dina Boluarte y les da asilo político a los familiares de Pedro Castillo Terrones en la embajada de México, en un escenario de persecución política hacía los familiares y partidarios del ahora defenestrado ex presidente peruano. Ante tamaño atrevimiento, el gobierno de Dina Boluarte expulsa al embajador de México. Este hecho es muy importante para el concierto político internacional en la región, en un momento histórico en dónde hay una mayoría de gobiernos de izquierda y en dónde no se debe quedar en silencio ante el asomo autoritario de las derechas recalcitrantes en la región. En este sentido la posición del gobierno mexicano no es autoritaria, ni tampoco es injerencista. Es una posición ligada al respeto a los derechos humanos, al derecho de asilo y a la construcción de una democracia sustantiva en la región que reemplace a estas simulaciones pseudo democráticas que lamentablemente hoy en día gobiernan a sangre y fuego al pueblo peruano. Mientras tanto el Congreso peruano ya adelanto las elecciones para el 2024, el sur del Perú esta militarizado y la represión contra las fuerzas de izquierda es pan de cada día. Mientras el interior del Perú se encuentra convulsionado Lima se encuentra inmóvil. Sin embargo, el aporte de México es invaluable para incorporar una mirada basada en la defensa de la democracia, los derechos humanos y el respeto al derecho al asilo. El pueblo peruano esta agradeciendo esta importante voz humanitaria en la región.
