ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ /
Lunes 27 de marzo de 2023.
Seguramente cientos de propietarios de medios de comunicación y muchos más colegas en pequeños medios de prensa sonrieron ampliamente el miércoles 22 de marzo al enterarse que Morena, el partido del presidente de la República en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, decidió dar un paso atrás en su decisión de obligar a estados y municipios a que restrinjan su gasto en publicidad al 0.1 por ciento de su presupuesto anual.
Es que, de haberse impuesto la restricción significaría añadir otra crisis a la comunicación social. Desde 2019 la mayoría de los medios, especialmente los de estados, sufrieron disminuciones muy drásticas de la inversión en publicidad del gobierno federal. Era el cliente más importante del sistema informativo comercial que, incluso paliaba otras crisis de los medios privados.
Los datos ofrecidos en la Cámara de Diputados son elocuentes de la magnitud del recorte federal que sufría el sector privado de la comunicación. El gobierno de Enrique Peña Nieto gastó más de 8 mil millones de pesos tan solo en 2018; y el gobierno de López Obrador lo bajó drásticamente desde 2019 hasta 2022 a un promedio anual de 1 mil 700 millones de pesos.
Una alternativa, para una proporción importante de las empresas privadas de medios, fue que durante estos cuatro años pudieron lograr contratos emergentes con gobiernos estatales, municipales y con entidades autónomas como las universidades. Así pudieron sortear parcialmente las crisis de ingresos. Se calcula que todo el gasto en publicidad de gobiernos locales en 2018 también fue aproximado a los 8 mil 40 millones de pesos. Y aunque ese gasto iba disminuyendo no fue tanto como el federal.
No obstante, algunos estados y municipios además de algunas universidades sí fueron una balsa para empresas de comunicación y de prensa que casi sobrevivían de la publicidad gubernamental o bien de algunas grandes que de ese modo siguieron lucrando, aunque no tan ampliamente. Sin embargo, las crisis financieras seguían manifestándose.
Y entonces, a fines de 2022, el gobierno federal entregó a su partido, Morena, una iniciativa de ley para imponer un tope bajísimo al gasto publicitario a los gobiernos locales. La ley se aprobó sorpresivamente y se atizaron las alarmas. Era la amenaza para muchos de padecer mayor precariedad y hasta de quiebres en cadena. Todo eso provocó que más medios se sumaran a la oposición política.
El viraje táctico de Morena
El golpe pareció consumarse el martes 27 de diciembre de 2022. Ese día, el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidad Administrativa, reformadas solo por Morena y sus aliados en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Estas leyes forman parte del denominado plan B de la reforma electoral.
En los dos párrafos finales del inciso VII del Artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social se asentaba:
“El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente.
“En las Entidades Federativas, el límite de gasto que se haga en Comunicación Social a que refiere este artículo deberá estar homologado con lo dispuesto en el párrafo anterior.”
Casi de inmediato reaccionaron varias organizaciones activas por la libertad de expresión. El PAN y el PRI promovieron que se ampararan, contra esta otra restricción presupuestal, sus asociaciones de alcaldes y congresos donde influyen; luego empujaron a sus legisladores que iniciaran procedimientos en la Corte para controvertir constitucionalmente esta ley.
Esas y otras acciones opositoras fueron difundidas amplia y persistentemente por medios de comunicación de todo el país, especialmente por los que han sido afectados por los recortes magnos que el gobierno federal ha hecho de su gasto publicitario y también por los que sobreviven con la publicidad de gobiernos locales.
Las expresiones abiertas y soterradas de inconformidad por esta ley hicieron más intenso el ambiente político conforme pasaban las semanas. En la Suprema Corte de Justicia se anunciaba que antes de abril decidiría sobre las peticiones de inconstitucionalidad y que defendería la autonomía de Estados y Municipios.
En ese contexto, para mucha gente fue sorpresivo que Morena en la Cámara de Diputados propusiera una reforma a la Ley de Comunicación Social que daba marcha atrás a la restricción presupuestal en las entidades federativas. El miércoles 22 de marzo, en sesión plenaria y sin discusión todas las bancadas aprobaron con 470 votos las modificaciones que propuso el partido gobernante.
Se eliminó el último párrafo del artículo 26 que amagaba con extender a todo el país el drástico recorte del gasto público en publicidad en medios comerciales:
Más aún, en la misma plenaria Morena (diputado Mario Llergo) logró que se adicionara una precisión como párrafo final:
“Las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinarán su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, considerando los principios de Austeridad Republicana, Economía y racionalidad presupuestaria.”
Buena nueva
Aunque todavía falta que el Senado apruebe esa reforma, cundió la buena noticia en muchos medios de comunicación y de prensa porque todos los partidos difuminaron la nube negra de su horizonte que les amenazaba.
Ahora los gobiernos locales serán libres de contratar publicidad con los medios y por las cantidades que decidan ellos mismos. Se estima que el monto de todo lo que gasten gobiernos estatales y municipales en 2023 será cercano a los 6 mil millones de pesos.
Mejor aún, para los cálculos se sabe que a pesar de que todo el gobierno federal se autoimpuso el tope de 0.1 por ciento de su presupuesto anual para gasto publicitario en medios comerciales, ese porcentaje superara en 2023 los 8 mil millones de pesos, casi lo mismo que erogó Peña Nieto en su último año.
Pero
Gobernadores, alcaldes y otros servidores públicos de la oposición y varios de los 21 gobiernos que tienen Morena y sus aliados saben bien que la restricción a sus recursos para publicidad significaba reducirles demasiado sus capacidades políticas de buena relación con medios de comunicación privados, con los de prensa en general, con periodistas y, por supuesto, que eso afectaría sus vínculos con amplios sectores de población. Se les acotaba la gobernabilidad.
En los días que vienen habrá otras reacciones formales a esta reforma. La Suprema Corte tendrá un elemento menos para declarar la inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación social; los partidos opositores afirmarán que Morena fue derrotado: las organizaciones internacionales y nacionales activas por la libertad de expresión insistirán en que la ley se derogue y se haga otra que garantice transparencia en ese gasto, que no se use para beneficiar a los medios aliados; algunos organismos de periodistas pedirán que el gasto sea más equitativo con los medios pequeños.
Por lo pronto, las sonrisas que provocó en muchos medios esta reforma se ampliarán en la medida en que se corrobore que, gracias al viraje táctico de Morena, se recuperara mucho el carácter comercial del sistema de la información de interés social.
Todo augura que seguirá predominando, en lo esencial, el modelo mexicano que mercantiliza la información para beneficio de los corporativos de radio, televisión y prensa escrita y para los medios afines al gobierno en turno. A pesar de las mañaneras que incomodan a muchos, en el fondo ha cambiado muy poco la estructura de este modelo de conveniencias mutuas de la relación prensa-Estado. Mirada de reportero.
