*»No hay casos denunciados, investigados o reportados en Guerrero, pero no significa que no existan», enfatizó la legisladora local
ANGÉLICA ONTIVEROS /
Acapulco, 31 de mayo de 2023. «Aunque en Guerrero no hay registro de casos de violencia ácida contra las mujeres, no vamos a esperar que los haya, expresó la diputada local por Morena, Citlali Calixto Jiménez, quien presentará ante el Congreso de Guerrero una iniciativa para que se legisle y se apruebe la Ley Malena.
La Ley Malena se creó tras el atentado que sufrió en el 2019 la saxofonista y activista María Elena Ríos en el estado de Oaxaca, debido a que hay documentados más de 100 atentados parecidos. El Congreso de Puebla ya aprobó dicha ley y ahora se busca que apruebe a nivel general para que se aplique en todas las entidades y así se erradique este tipo de violencia.
En conferencia de prensa, la diputada Citlali Calixto señaló que ya se establecieron alianzas nacionales para que esta iniciativa se eche a andar en todo el país; ya se presentó en el Senado para que se socialice y, “aquí, asumí la responsabilidad de presentarla próximamente”.
Para la legisladora local, «este tipo de violencia es de las más detestables y turbias, ya que te matan en vida; por eso se busca elevarla a rango de homicidio”, puntualizó.
Subrayó que en Guerrero no hay registro de casos oficiales de mujeres violentadas con ácido; sin embargo, eso no significa que no los haya, por lo que pugnará para que se apruebe.
La intención es clara, dijo la diputada morenista, «se pretende que los violentadores lo piensen dos veces antes de arrojar ácido a una mujer, y para ello, es necesario que todos los grupos feministas estén acuerpados».
Por tal motivo, con la iniciativa, se pretende modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, adicionar un Capítulo sobre lesiones inferidas con ácido o sustancias similares, así como reformar el Código Penal Federal, y la Ley General de Víctimas, en materia de violencia ácida, y que se impongan condenas de siete a 15 años de prisión y de 300 a 700 días de multa.
Por otro lado, la diputada presidenta de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad dijo que no se ha detenido el trabajo legislativo respecto a las consultas con la población indígena, aunque reconoció que probablemente hay poca difusión de la consulta.
«Somos muy respetuosos del proceso, sin tema de protagonizar. Buscamos que haya educación inclusiva para las personas con discapacidades», finalizó.
