* El comisionado Alan García Campos recuerda que el Congreso local no ha aprobado la en la materia
* Este delito sigue considerado por los organismos internacionales como el crimen perfecto
* La impunidad es la tónica; de 116 mil desapariciones oficialmente reconocidas, solo hay 35 sentencias en todo el país, afirma
* El 10 de mayo las madres buscadoras no tienen nada que celebrar, dice
* Las personas desaparecidas no solo le faltan a sus familias, le faltan a toda la sociedad, expresa
ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 06 de mayo de 2024. El comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, Alan García Campos, ubica al estado de Guerrero como el espacio físico donde se materializó la guerra sucia y con ella la desaparición forzada de personas, en los años 70 y 80.
En esta entidad, dice, el Congreso local fue pionero en legislar sobre la materia, pero desde 2017 cuando se estableció la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en la que se estableció un nuevo paradigma, no ha habido una adecuación en la entidad a este nuevo paradigma.
En 2005, el Congreso de Guerrero aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición de Personas, pero esta ley, formulada antes de la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón, solo consideraba perpetradores de la desaparición, a los agentes del Estado. En 2017 se promulga en el Congreso de la Unión la Ley General en la materia, donde ya se incluye la desaparición cometida por particulares y se crea la Comisión Nacional de Búsqueda.
“Reconocemos -dice García Campos, en entrevista realizada en Acapulco- que en el Estado mexicano ha habido algunos avances, sobre todo normativos, legislativos, institucionales y jurisprudenciales, pero estos tienen un gran potencial, en la medida en que no se han podido aplicar, implementar, debidamente. Ha habido brechas de implementación muy grandes. Por ejemplo, en el estado de Guerrero aún no se emite la ley especial en la materia. Cierto que en Guerrero se adelantó en su momento y tuvo una legislación, pero fue antes de la Ley General que se adoptó a nivel nacional en 2017 a partir de la cual se crea un nuevo paradigma, y en ese sentido será fundamental, por ejemplo, entre otras cosas, que se pudiera avanzar en la adecuación del marco normativo a nivel local, y a partir de ahí, en la generación de una política pública que revierta la situación tan crítica que enfrenta el estado, no de ahora, sino de décadas atrás. Como sabemos, si en algún espacio físico se materializó lo que así ha sido denominado, la etapa de la guerra sucia, la lucha contrainsurgente, fue en el estado de Guerrero, de tal suerte que estamos hablando de una deuda de décadas que se mantiene vigente, porque como sabemos la desaparición de persona es una conducta que se materializa momento a momento, por el carácter continuo, permanente, hasta que no se esclarezca la suerte o el paradero de la persona.
El contexto ha cambiado, ahora no solo el Estado, sino la delincuencia, desaparece personas
-Durante la guerra sucia hubo una serie de desapariciones atribuibles al Estado. ¿Cuál es la situación en estos momentos, también se puede atribuir al Estado o solamente cuestión de la delincuencia?
-Es cierto, durante la etapa denominada la guerra sucia fundamentalmente fueron agentes del Estado, de manera primordial las Fuerzas Armadas, con los aparatos represivos, la Dirección Federal de Seguridad, por ejemplo, derivado de una política centralizada que desapareció a cientos de personas. Reitero, Guerrero particularmente fue un estado golpeado por esta práctica, esta conducta atroz. Pero a partir de 2006, con la adopción de un modelo de seguridad de carácter militarizado que lamentablemente perdura hasta el momento, incluso la presencia de las Fuerzas Armadas se ha expandido a otros ámbitos de la vida pública, propios de la actividad civil, se registra más de 97 por ciento de las desapariciones.
“Y en este contexto, contemporáneo de 2006 a la fecha, la situación es aún más compleja, porque los perpetradores son múltiples: en ocasiones son agentes del Estado, fuerzas federales, fuerzas estatales, incluso municipales. En ocasiones cometen esta conducta en un nivel de connivencia, de complicidad, confabulación, con grupos del crimen organizado, y ciertamente en otros contextos estamos hablando de prácticas que son exclusivamente atribuibles a actores de la criminalidad, particularmente el crimen organizado. Lo cierto es que el Estado tiene la obligación en cualquier circunstancia, de prevenir la conducta, y cuando esta ha ocurrido, hacer que cese la desaparición, dando con la suerte y esclareciendo el paradero, y materializando el acceso a la justicia de las víctimas, combatiendo la impunidad, e imponiendo el castigo debido, proporcional a la extrema gravedad del delito a quienes participaron en el mismo”.
En materia de impunidad en este delito de desaparición forzada, afirma, “sí preocupa muchísimo que en un país con más de 116 mil personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, no se tenga más de 35 sentencias a nivel nacional. Como sabemos, la impunidad en México frente a este delito, es casi absoluta, lo que ha llevado a los organismos internacionales a que los organismos internacionales la describan, a la desaparición de personas, como el paradigma del crimen perfecto. Esto debe de cambiar. Qué bien que se esté ocupando este espacio público (el zócalo de Acapulco, donde familiares visibiliza a sus desaparecidos), lo mismo el muro de la memoria (ubicado en la plazoleta de Sor Juana), que se erigió hace unos meses aquí en Acapulco, para generar conciencia, elevar el nivel de exigencia, y sobre todo, favorecer una mayor empatía social, solidaridad y respaldo, dado que frente a este delito, nadie está exento, nadie está exenta, a cualquier persona le puede ocurrir, de tal suerte que es del interés de todos, porque las personas desaparecidas le hacen falta fundamentalmente a sus familias, pero también le hacen falta a la sociedad en su conjunto”.
-¿Cómo se percibe la actividad de quienes buscan a sus familiares?
-He encontrado una gran fuerza en las familias, un ejercicio de persistencia, de perseverancia para mantener en lo alto la memoria, la dignidad, la reivindicación de la honra de sus familiares, de sus seres queridos, y sobre todo la exigencia de libertad y de justicia. Las familias del colectivo, como de cientos de colectivos en el interior de la república, han ido ocupando espacios públicos, en razón de que este es un tema de altísimo interés público, en razón de que sus familiares fueron sustraídos del espacio público, y en el objetivo central de concientizar a la ciudadanía de mantener la mirada siempre humanista, amorosa, y una exigencia hacia las autoridades para que cumplan con sus obligaciones, de tal suerte que para nosotros como oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, este es un privilegio poder acompañar a las familias, en este caso de Acapulco, de Guerrero, en el arranque de un mes tan significativo, principalmente para las madres buscadoras, en razón de que el próximo viernes se estará observando lo que en México es el Día de las Madres, un día que como ellas lo han señalado, en su caso no hay nada qué festejar, pero sí muchas cosas que reivindicar, y entre esas cosas está presente la exigencia de verdad, de justicia, de memoria, de reparación integral, garantías de no repetición, y de recuperación de sus familiares desaparecidos..
“Es responsabilidad del Estado buscar a las personas desaparecidas”
-Las familias se quejan de que las autoridades no les han dado una respuesta, una solución, ¿ustedes cómo perciben el comportamiento de las autoridades?
-Desde los organismos internacionales hemos enfatizado muchísimo la necesidad de que las autoridades asuman la búsqueda y la investigación como una responsabilidad propia. No es posible en un México lacerado con más de 116 mil personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, que sean fundamentalmente las familias quienes desarrollan la búsqueda y las investigaciones.
“Esta es una responsabilidad del Estado en su conjunto, tanto de las autoridades federales, como las autoridades estatales, pero para nosotros es fundamental el que se brinde una respuesta integral al tema de la desaparición, que va desde la adopción de políticas encaminadas a prevenir la prevención de la conducta, que no se siga reproduciendo la conducta, y que cuando lamentablemente ya se haya realizado una desaparición, que se tenga una respuesta pronta, diligente, sensible, empática, que dé para empezar con la localización y la liberación de la persona que está desaparecida, y si lamentablemente su corazón dejó de latir, que se le identifique con plena certidumbre, y que se le restituya, que los perpetradores paguen, ante la justicia, con las reglas del debido proceso lo que es su responsabilidad frente a la comisión de un acto atroz, y que lejos de revictimizar a las víctimas, a las familias, se les repare de manera integral”.
