- Condóminos acusan a la administración de amenazar, extorsionar y atacar físicamente a quienes piden cuentas
- El sótano, convertido en una carpintería; la alberca, vendida en pedazos; una estructura, a punto de caer en el lado de la playa
- En el estacionamiento hay letreros que dicen: “peligro, no estacionarse; cae ácido”
- En el quinto piso, Protección Civil detectó un departamento donde se almacenan sustancias radioactivas
- El administrador Jorge Daniel Cueva Ruiz enfrenta cuatro denuncias por administración fraudulenta; su contadora, una por usurpación de funciones
- El condominio hotel La Palapa tiene 386 departamentos que dan a la bahía, de los cuales, 50 por ciento son habitados por canadienses
ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 27 de julio de 2024. El huracán Otis causó daños visibles en la parte frontal del edificio, en un sinnúmero de departamentos. Sin embargo, el mayor daño que enfrenta en este momento el condominio hotel La Palapa, es otro. Es la corrupción. Tal, al menos, es la percepción de propietarios de vivienda en este que fue uno de los principales hoteles de Acapulco y que ahora es un condominio privado.
De acuerdo con la página web La Palapa, condominio al mar en Acapulco, el inmueble consta de 118 metros de altura, 378 unidades de propiedad privada, 29 pisos y 14 apartamentos por cada piso.
Los condóminos aseguran que en total son 386 departamentos. Aunque se intentó, no fue posible entablar comunicación con el administrador, Jorge Daniel Cueva Ruiz, a quien se buscó más de una vez en su oficina, y su personal dijo que él se comunicaría más tarde, pero no lo hizo. El hotel fue terminado en 1976, pero en 2010, en medio de una huelga de siete años, cambió su vocación de hotel a condominio, en el que unos departamentos se rentan como si siguiera siendo hotel, y otros son usados de forma permanente por sus propietarios. Según los condóminos, la mitad de sus ocupantes son extranjeros, principalmente de Canadá.
De acuerdo con una serie de evidencias y testimonios, el edificio enfrenta serios problemas de funcionamiento, como la inutilidad del elevador de servicio, una parte del asoleadero de la alberca que está visiblemente a punto de caer hacia el área de playa, mientras los turistas y condóminos disfrutan su descanso sin saber del problema; o el sótano, convertido en un taller mecánico; instalaciones eléctricas sin ninguna medida de seguridad, e incluso la existencia de un departamento en el que Protección Civil estatal detectó que hay en su interior sustancias o equipos que emiten altos niveles de radioactividad, sin que se sepa qué se guarda en él. En el estacionamiento, un letrero advierte: “peligro, no estacionarse; cae ácido”.
Pero, además, condóminos acusan al administrador Jorge Daniel Cueva Ruiz de haberse apoderado de la administración, de falsificar actas de asamblea, de vender espacios comunes, de extorsionar a condóminos, sobre todo extranjeros, para despojarlos de sus propiedades, y de hostigar y amenazar a los propietarios que han exigido cuentas de su comportamiento. A uno de ellos, un grupo de trabajadores lo golpeó en las propias instalaciones del condominio y amenazó con matarlo, pero la presencia de testigos les impidió culminar su acción.
Los condóminos han presentado cuatro denuncias ante la agencia del Ministerio Público por administración fraudulenta contra Cueva Ruiz, y una contra la contadora Yadira Santiago Lagunas por usurpación de profesión, ya que, dijeron, firma documentos oficiales ante el SAT y otras instancias como contadora, y según una búsqueda en la Dirección de Profesiones, hecha por los propios condóminos, carece de cédula profesional.
El riesgo permanente
En el estacionamiento del hotel La Palapa hay un letrero que llama la atención: “No estacionarse; cae ácido”, y luego su traducción al inglés.
¿Cae ácido? ¿De dónde, o por qué?, se preguntan los condóminos Isis Villalobos Martínez, Ismael Quesada Huerta y Félix Vicarte, los primeros, propietarios, y el último, integrante de la Comisión de Vigilancia del condominio. En entrevista, consideran que esta situación es un reflejo de las condiciones en que se encuentran las instalaciones del edificio.
Desde afuera es visible el deterioro físico que enfrenta el edificio, considerado en cuarto lugar entre los más altos del país, empezando por su fachada que muestra plafón caído, paredes con el aplanado venido al suelo. En lo alto se observan departamentos sin ventanas que, según los entrevistados, no han podido ser reparados porque la administración compró un lote de cristales que no cumplen con la norma exigida por las autoridades para resistir huracanes como el Otis, y los condóminos que hacen por su cuenta la compra del material, no pueden subirlo porque el elevador de servicio no funciona. Además, este elevador en algunos pisos no tiene puerta y por tanto existe el riesgo de que las personas caigan por el cubo, que está totalmente expuesto.
También se observa que, en el sótano, “hay instalada una carpintería de forma ilegal, donde están manejando solventes, están manejando muchos tipos de pinturas; no hay una ventilación adecuada, y no hay un sistema contra incendios, lo que podía provocar un incendio en el estacionamiento, que son los cimientos del edificio”, según la descripción de los propios condóminos, hecha para La Plaza Diario. Igual, afirman, los cimientos “están llenos de mugre, de ratas, de animales en general, muebles abandonados, los empleados ahí guardan cachivaches, autos, motos, y en el piso hay agujeros que no se sabe hacia dónde van o por qué están”.
“El problema ahí -dice Villalobos Martínez- es que ha habido una mala administración, una administración fraudulenta. Eso ha ido en detrimento del condominio, del mismo hotel, de nuestras propiedades, nuestro patrimonio en general, y está ahorita causando, o podría causar, un daño no nada más a nosotros, sino también a las personas que están a nuestro alrededor, porque el condominio en temporada alta 50 por ciento de la ocupación son canadienses”.
En marzo de este año, hubo una explosión de un tanque de gas en el área de playa, un espacio que, a decir de los denunciantes, el administrador renta -sin reportar ingresos a la asociación- a vendedores ambulantes. Ahí hay locales provisionales con varios tanques de gas, aunque solamente uno explotó. En esa misma franja, que colinda con el asoleadero de la alberca del hotel, hay una especie de azotea que está a punto de venirse abajo, justo donde se colocan los puestos de los comerciantes. La dirección de Protección Municipal colocó un cordón de advertencia, pero dejó claro que es responsabilidad del condominio reparar esa área.
En el quinto piso, hay un departamento que guarda un secreto extraño. Personal de la Dirección de Protección Civil estatal, que hizo una inspección de todo el edificio, encontró que de su interior emana radioactividad en niveles elevados. Como los propietarios no permitieron el acceso, no se pudo saber qué la originaba, pero el reporte de un especialista, Antonio Lenin Camacho Méndez, contratado por los condóminos, señala que “existe calentamiento anómalo en el piso de las zonas de la regadera, lavabo, de la cocina, del pasillo interno y del pasillo externo. Existe un campo magnético en el pasillo con valores que alcanzan 453 microteslas”. No hacer nada ante este caso de calentamiento anómalo “podría resultar en graves consecuencias tanto en términos de seguridad como de salud para los residentes”, establece el reporte.
Administración colectiva, negocios privados
A un lado de la alberca, hay un letrero: “Se vende”, dice en letras rojas. Y luego especifica: 158.05 metros cuadrados, y da un número telefónico.
Ismael Quesada Huerta, además de propietario de uno de los departamentos del condominio, es abogado, y es quien interpuso una de las cuatro demandas por administración fraudulenta que existen contra el administrador. Son demandas recientes, que apenas están en la etapa de ratificación.
Y es que, explica, los condóminos ya están cansados de ver cómo el administrador pone a la venta los espacios comunes, de ver cómo aparecen gastos inexplicables (como el pago a un tío de Cueva Ruiz para “escriturar” departamentos, que en todo caso deberían pagar los propietarios y no la sociedad condominal), cómo se falsifican actas de asamblea o aparecen poderes de condóminos que nadie ve, para que se puedan emitir votos en favor de las propuestas del administrador, y otras cosas.
Félix Vicarte, a su vez, tiene una denuncia por una agresión física de la que fue objeto de parte de trabajadores que lo golpearon e intentaron asesinarlo en presencia del administrador; y el condómino Gabriel Azulay, radicado en Canadá, rindió un testimonio videograbado para denunciar que fue objeto de extorsión de parte de Cueva Ruiz para exigirle 800 mil pesos o de lo contrario le quitaría el departamento por un supuesto adeudo de cuotas de mantenimiento.
Administrador Jorge Daniel Cueva Ruiz
Entre los hechos administrativos poco claros, los condóminos señalan la construcción de ocho nuevos departamentos, dos de ellos en la zona de alberca construidos por un tío del administrador, y la venta de los espacios comunes, o la permisividad para que algunos condóminos afines al administrador se apoderen de pasillos u otros espacios.
A quienes les han exigido cuentas, señalan, el administrador les ha lanzado a los trabajadores para que protesten contra ellos, o para que los agredan. Un ejemplo: en diciembre de 2022, la sección 113 de la CTM que dirige Roberto Balbuena, inició una movilización para protestar contra cinco condóminos que, según una manta colocada en el inmueble, interpusieron una demanda contra el sindicato “y lo peor, en contra del mismo condominio”, por lo que exigen “la expulsión… de estos malos vecinos que atentan contra su propia casa”. Una foto de la manta fue publicada por la agencia Quadratín el 12 de diciembre. Los vecinos acusados por el sindicato son Silvia Beatriz González, Hugo Eleazar Matadamas, Teresita de las Mercedes, Raúl Mendizábal, y Félix Vicarte Navarrete.
Este último es integrante del Consejo de Vigilancia, y como tal, ha mantenido una puntual supervisión hacia la administración. En un video que él mismo proporcionó, se observa un momento en que se da una discusión con Cueva Ruiz, porque Vicarte observó que no estaba en su oficina, pero en este instante el administrador iba llegando. En un momento, Cueva encara a Vicarte y le pisa los pies.
“Deténganlo nada más, no lo ahorquen”
El 30 de octubre del año pasado, cuando estaba todo paralizado por los estragos del huracán Otis, Vicarte fue agredido por trabajadores que lo golpearon hasta el cansancio. Lo patearon, lo amarraron y lo amenazaron con matarlo y tirarlo al mar, y luego -siempre según su propio relato- cuando no pudieron lograr su cometido porque empezó a llegar gente, todavía amarrado lo entregaron a la Guardia Nacional diciendo que él fue con los agredió, aunque el que presentaba las huellas de los golpes era solamente él. Vicarte relató que ese día tomaba video de las actividades del condominio -lo que hace siempre para documentar su labor como parte del Consejo de Vigilancia- pero esa ocasión el jefe de Seguridad, Miguel Pineda, se enojó, y empezó a empujarlo reclamando por el video. Acompañado de otros trabajadores, lo fue empujando hasta el restaurante, que estaba abandonado por los daños del huracán. Entonces, dice, al verse indefenso, tomó un tubo para defenderse, y fue cuando los agredieron. El teléfono con que grababa cayó al suelo y no registró las imágenes, pero sí los ruidos de los golpes. Se escucha el nombre de “Raúl”, y alguien le pide que traiga un mecate. Luego ruido de golpes, y voces. “Tranquilos, ya no lo golpeen”, dice alguien. “Ya no puedo respirar”, clama Vicarte. “Me vale madres”, responde al parecer Pineda. Luego se oye que llevan una cuerda. “Deténganlo nada más, no lo ahorquen”, insiste la misma voz que ha intentado calmar los ánimos. “No me hagas pegarte, porque no vas a respirar”, insiste otro. “Pensó que no lo iba a prender: de un putazo y ya no se paró el pendejo”, se ufana al parecer Pineda. Luego se escuchan más ruidos. “Ya no le peguen, ya no le peguen”, insiste la misma persona del principio. “Nada más no le peguen”, y la primera voz, al parecer Pineda: “nada más que no se ponga pendejo”. Y más golpes: “No, no, no lo golpeen, no, no, tranquilos, tranquilos”. El audio dura unos siete minutos, siempre en la misma tónica.
Vicarte relató que cuando llegó la Guardia Nacional, los trabajadores lo entregaron y dijeron que él los había agredido. Aunque estaba todo sangrado y golpeado, los agentes asumieron esa versión como verdadera y se lo llevaron, pero luego dijeron que como no había agencias del ministerio público funcionando, lo iban a dejar libre, pero que ya no anduviera agrediendo a las personas. El condómino presentó una denuncia hasta enero, cuando por fin empezó a operar el ministerio público, y todavía se encuentra en curso.
