ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 23 de septiembre de 2024. En 2014, pocos días después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, escribí en La Jornada Guerrero un artículo con una hipótesis extraña: ¿Y si fue el Ejército?, me preguntaba.
En ese momento nadie hablaba, o muy pocos lo hacían, sobre la posibilidad de que el Ejército estuviera implicado en la desaparición de los jóvenes. ¿Qué me llevaba a considerar esa posibilidad? Lo escribí entonces y lo repito ahora: no era una certeza, ni siquiera una afirmación, pero sí una hipótesis.
Los elementos para esa posibilidad estaban en los antecedentes: el batallón de Iguala tenía una larga tradición en la represión en Guerrero y experiencia en la desaparición de personas. Fue desde ese batallón donde se coordinó la guerra sucia, que, como ha quedado demostrado en el ámbito nacional e internacional, incluyó los vuelos de la muerte y un número todavía impreciso de personas desaparecidas durante la guerra contrainsurgente hacia los movimientos de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
Podría argumentarse, para razonar en contra, que habían pasado muchos años, y el batallón de 2014, no era el mismo de los años 70 y 80. Es muy posible. Sin embargo, un año antes de los hechos de Iguala, en el corazón mismo de esa ciudad, cuatro jóvenes fueron desaparecidos, detenidos a la vista de todos por militares, y hasta la fecha, aunque hubo movilizaciones, no se sabe el destino final que tuvieron.
Otra razón, hace 10 años, para hacer una hipótesis sobre la participación militar en la desaparición, era que no hay una institución –y posiblemente ningún grupo criminal- con capacidad para desaparecer a 43 personas, más que el Ejército, que cuenta con cuarteles, vehículos para transportar muchas personas, con hornos crematorios, con cárceles y con personal suficiente para operar cualquier acción masiva.
Además, es oficial que el Ejército controlaba las cámaras de seguridad que venían monitoreando a los normalistas desde su salida de Tixtla, y que sabían minuto a minuto lo que estaba ocurriendo. El presidente López Obrador ha dicho, en descargo, que podría reclamárseles omisión, pero no comisión del delito.
También se fue documentando después la participación de militares en varios puntos durante la noche de la desaparición, como la clínica a donde llegaron los jóvenes a refugiarse, y en la barandilla, donde los soldados fueron a buscarlos. Después se supo que algunos militares estaban implicados con los grupos criminales y están sujetos a proceso.
Es importante aclarar que la participación del Ejército en la desaparición de los normalistas no era, y no es, más que una hipótesis. Sin embargo, cuando empezaron a surgir indicios individuales, se generó un conflicto que hasta la fecha sigue sin solución, entre el presidente y los familiares de los estudiantes y sus abogados.
El tema sobre la participación o no del Ejército en estos hechos es prácticamente lo que ha frenado los avances en la investigación. El presidente López Obrador ha dicho que la estrategia para culpar al Ejército proviene del extranjero y que busca minar a una de las principales instituciones del país, encargada nada menos que de salvaguardar la soberanía nacional; y los abogados y padres de los normalistas dicen que todo iba bien hasta que la investigación se topó con los militares. Ese será el pendiente más importante que López Obrador dejará a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, sobre el tema Ayotzinapa.
Sin embargo, todavía hay algunos puntos que podrían restaurar la confianza mutua. Lo primero sería considerar que si hay responsables en el Ejército, su castigo no demerita a la institución; al contrario, la fortalece. Lo otro, es que si hay indicios que generen sospecha, lo mejor es arrojar luz sobre ellos, como el caso de los famosos 800 folios militares cuya apertura demandan en Ayotzinapa.
El relevo presidencial por sí mismo podría facilitar la búsqueda de entendimientos entre las partes, y eso sería bueno en cualquier sentido. La sociedad no merece tener un Ejército impune si hay responsables ahí, y no se les sanciona. Y el Ejército no merece una mancha si puede demostrar inocencia; y si hay personas individuales que torcieron la ley, tampoco merece ser manchada toda la institución por ellos.
