• Investigadoras de la Uagro y Colectivo Colibrí señalan que los racismos en el sector salud, la justicia y el ámbito laboral resultan en muertes maternas, feminicidios y exclusión sistémica
REDACCIÓN /
Acapulco, 06 de diciembre de 2024. Un estudio encabezado por académicas de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro ) e integrantes del Colectivo Colibrí, reveló que 75% de las mujeres indígenas y afromexicanas de Guerrero han enfrentado racismo institucional al intentar acceder a servicios básicos, particularmente en salud y justicia.
Este racismo estructural se traduce en violencias múltiples, incluyendo muertes maternas, violencia obstétrica, feminicidios y precarización laboral de jornaleras.
El estudio fue presentado en el Seminario Nacional de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales (Relades) 2024 el pasado 4 de diciembre, donde la coordinadora de la maestría en Estudios de las Violencias y Gestión de Conflictos de la UAGro, Marisol Alcocer Perulero, presentó los hallazgos de la investigación realizada en las regiones de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero.
El estudio estuvo basado en 150 encuestas, entrevistas, talleres y trabajo etnográfico entre 2021 y 2024. “Los racismos no solo están en las agresiones directas, sino en las respuestas institucionales, que muchas veces replican y agravan las desigualdades”, señaló Alcocer durante su ponencia.
En la presentación, donde también participaron como ponentes las investigadoras Ana Grabiela Candela Garzón y Mariana Mora, se explicó que uno de los principales hallazgos destaca que 75% de las mujeres indígenas y afromexicanas encuestadas señalaron haber enfrentado violencia institucional al intentar acceder a servicios de salud. Además, los registros muestran que la mortalidad materna en estas comunidades supera en 30% la media estatal, mientras que la violencia obstétrica es una constante.
En el ámbito laboral, las jornaleras indígenas denunciaron condiciones extremas de explotación, desde el enganche hasta el trabajo en campos agrícolas, sin garantías legales ni acceso a derechos básicos. En el sistema judicial, se evidenció la falta de traductores e intérpretes que garanticen una defensa adecuada y el trato discriminatorio hacia víctimas de violencia de género.
Las investigadoras enfatizaron que el racismo está profundamente enraizado en las estructuras institucionales. Mariana Mora especificó que “las respuestas institucionales no solo fallan en garantizar derechos, sino que activan nuevos tipos de racismo que perpetúan la desigualdad”. Esta problemática se agudiza en los municipios, donde la falta de perspectiva intercultural limita el acceso a documentos esenciales como actas de nacimiento, invisibilizando a estas comunidades.
El informe presentado también detalla cómo las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan violencia judicial, incluyendo amenazas y la deslegitimación de su trabajo.
Como recomendaciones, las investigadoras propusieron la creación de refugios interculturales accesibles para mujeres indígenas y afromexicanas víctimas de violencia extrema; establecimiento de protocolos que registren datos desagregados por identidad étnica y racial; coordinación entre la justicia estatal y las justicias comunitarias desde una perspectiva de género e interculturalidad y la garantía de derechos lingüísticos mediante traductores en fiscalías y juzgados.
“Para erradicar la violencia, debemos empezar por reconocer las múltiples capas de racismo que viven estas mujeres”, concluyó Alcocer.
Candela Garzón informó que entre los avances ya se registraron acercamientos con el poder legislativo, entre ellos una reunión con el presidente de la Jucopo, Jesús Urióstegui García. Adelantó que el próximo 27 de enero se presentará un informe detallado en Chilpancingo.
