KAU SIRENIO /
Este 11 de diciembre se cumplen 13 años del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, en la Autopista del Sol, en el punto conocido como Parador del Marqués, Chilpancingo, Guerrero. A casi tres lustros, no hay ni una sola persona involucrada en el crimen que esté procesada o sentenciada.
El 12 de diciembre de 2011, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa tomaron la vía de acceso a Chilpancingo para exigir la instalación de una mesa de diálogo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, compromiso que el político guerrerense había asumido con los normalistas durante su visita a la institución en septiembre de ese mismo año.
Al día siguiente de que la policía federal, estatal y ministerial dispararan contra los normalistas que protestaban en la Autopista del Sol, renunciaron, sí, solo el exprocurador Alberto López Rosas y el exsecretario de Seguridad Pública Ramón Almonte Borja, además de algunos funcionarios menores. Sin embargo, uno de los personajes clave en esta infamia sigue intocable, a pesar de que, ese día, declaró a los periodistas: “El gobernador me ordenó limpiar la carretera y está limpia”, en tono agresivo, el general retirado del Ejército Ramón Miguel Arriola Ibarra, subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.
La impunidad
De esta manera, se extendió el manto de impunidad para cubrir el crimen contra los normalistas, y no se detuvo ahí; fue el inicio de una persecución política contra el movimiento social, político y estudiantil en Guerrero. Trece años después, las madres y padres de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús siguen clamando justicia, pero esta sigue sin llegar.
Meses antes del aniversario del asesinato de los normalistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Guerrero y al Congreso local. Sin embargo, no se cumplió ni una sola de las directrices, ya que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo impidió para proteger a los principales responsables de estos hechos ocurridos en la Autopista del Sol.
La recomendación de la CNDH solicitaba que el gobierno de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública Federal indemnizaran a los familiares de los estudiantes asesinados por las policías federal, estatal y ministerial en la Autopista del Sol, así como a los tres heridos y los 24 detenidos y torturados durante el desalojo violento. Además, instaba a la destitución de los funcionarios implicados y a un juicio político contra el exprocurador de Justicia Alberto López Rosas y el exsecretario de Seguridad Pública Ramón Almonte Borja.
En la comisión instructora del Congreso local, los diputados del PRD, Bernardo Ortega Jiménez y Luisa Ayala Mondragón, hicieron todo lo posible para evitar que se sancionara al exprocurador López Rosas y al exsecretario de Seguridad Pública Ramón Almonte Borja. Los perredistas propusieron una sanción de solo un año, lo que equivalía a un trámite sin consecuencias para la recomendación de la CNDH.
Sin embargo, el dictamen no llegó al pleno, pues el juez federal de primer distrito exoneró al exprocurador al considerar que la Procuraduría de Justicia del Estado no presentó pruebas suficientes para acreditar el delito de encubrimiento. Esto ocurrió a pesar de que López Rosas mintió de manera reiterada, intentando inculpar al normalista Gerardo Torres, a quien torturaron para que se declarara culpable de disparar contra sus compañeros. Esa misma noche del 12 de diciembre, el exfuncionario mostró un arma larga y granadas de fragmentación que supuestamente portaba el estudiante.
Para eximirse de culpa, el exprocurador López Rosas aseguró en su libro Ayotzinapa: Verdades, sesgos y falsedades (una infamia desde el poder) que la orden para reprimir y asesinar a los normalistas vino del secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, quien le habría dicho: “Quiero detenidos”, y de la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez.
Represiones y asesinatos políticos
En lugar de justicia, durante los primeros dos años, el gobierno estatal desplegó una intensa campaña para desvirtuar la demanda de justicia. Incluso, policías federales, estatales, soldados y marinos reprimieron de manera sistemática a los estudiantes de Ayotzinapa: el 10 de diciembre de 2011, marinos y policías federales dispararon contra los estudiantes mientras realizaban actividades de colecta de dinero en la carretera Iguala-Chilpancingo, en el tramo conocido como Casa Verde. Ese día torturaron a dos estudiantes, y detuvieron a otros cuatro.
El 7 de mayo de 2013, la policía Estatal detuvo a 25 normalistas en el mismo tramo de Casa Verde. Los liberaron más tarde, luego de que profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) tomaran las instalaciones de la procuraduría.
El 21 de agosto de 2013, policías estatales y soldados del Ejército mexicano encañonaron a los normalistas cuando bloquearon la carretera Chilapa-Chilpancingo en protesta por la detención de Nestora Salgado en Tlapa.
Las agresiones, torturas y detenciones arbitrarias se acumularon a más de 10 casos entre el 12 de diciembre de 2011 y el 26 de septiembre de 2014, cuando la Fuerza de Seguridad de México desapareció a los 43 normalistas y asesinó a tres de ellos y tres civiles más. En ese contexto, el Estado mexicano permitió y, en algunos casos, confabuló con la tragedia de Iguala.
La brutalidad del Estado mexicano no se detuvo en la represión contra los normalistas el 12 de diciembre de 2011; durante 2013, con la complacencia del Ejército, la Marina y la Policía Federal, permitió que grupos de civiles armados (escuadrones de la muerte) asesinaran a activistas como Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas, Ángel Román, Raymundo Velázquez Flores, Luis Enrique Olivares, Juventina Villa y Rocío Mesino. Además, encarcelaron a Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Bernardino García Francisco, Samuel Ramírez Gálvez, Arturo Campo Herrera y Marco Antonio Sagastegui.
En la búsqueda de justicia, los padres de los jóvenes asesinados se han reunido con organizaciones internacionales para exponer su demanda y solicitar la intervención para acabar con la impunidad institucional en México.
Matar y desaparecer a normalistas: la talante democrática del PRD y Morena en Guerrero
Este desprestigio se tradujo en múltiples agresiones hacia los normalistas, que hoy suman más de medio centenar de estudiantes agredidos: 10 asesinados y 43 desaparecidos en seis años.
- 12 de diciembre de 2011: Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino fueron asesinados en la Autopista del Sol. Ningún detenido ni sentenciado ha respondido por el crimen, que sigue impune. Los policías ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadamas Salinas, quienes aparecen en fotografías disparando contra los normalistas, fueron liberados 16 meses después.
- 7 de enero de 2014: Un tráiler que iba a exceso de velocidad atropelló a Fredy Vázquez Crispín y Eugenio Tamarit Huerta en la carretera Zihuatanejo-Acapulco. Aún no se ha logrado una reparación de daño ni se ha dictado sentencia contra el único detenido.
- 26 de septiembre de 2014: La policía municipal de Iguala asesinó a Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, y desapareció a 43 de sus compañeros. Hasta ahora, el Estado mexicano no ha respondido a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras la desmentida de la «verdad histórica» por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
- 5 de octubre de 2015: Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro fueron asesinados en la carretera Chilpancingo-Tixtla en un aparente asalto carretero. La policía detuvo a los supuestos asaltantes semanas después y los sentenció a 60 años el 11 de septiembre de 2017.
- 7 de marzo de 2024: Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero asesinaron a Yanqui Kothan Gómez Peralta, alumno de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La historia se repitió el 7 de marzo de 2024, cuando policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero asesinaron a Yanqui Kothan Gómez Peralta, alumno de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Así están las cosas en Guerrero: la impunidad en el caso de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús marcó el inicio de una represión política contra los movimientos sociales en el estado sureño. El descaro de la clase política guerrerense para justificar los crímenes contra los normalistas, campesinos y defensores de derechos humanos es uno de los más violentos, especialmente hacia las familias de las víctimas que exigen verdad y justicia.
A 13 años, es urgente reescribir y cuestionar las represiones políticas, para que en la memoria colectiva no se olvide nunca que en Guerrero se mata, desaparece y encarcelan a la disidencia. El actual gobierno estatal puede afirmar que no reprime, es cierto, pero no ha investigado al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, al secretario general de Gobierno Humberto Salgado Gómez, al exsecretario de Seguridad Pública Ramón Almonte Borja, al exprocurador de Justicia Alberto López Rosas ni a la exsecretaria de Educación Silvia Romero Suárez.
Esta columna se publicó en Pie de Página, un portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos. Se reproduce para los lectores de La Plaza con autorización del autor.
Texto: Kau Sirenio
