* La Red Solidaria Década Contra la Impunidad mantiene el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan encabeza la defensa de otro grupo de víctimas
ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 07 de junio de 2022. Este martes se cumplen 24 años de la masacre de El Charco, fecha en que el Ejército ejecutó extrajudicialmente a 10 campesinos indígenas nu´saavi, y a un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, detuvo y torturó a 22 personas, entre ellas un niño, e hirió a cinco, también un niño incluido, durante un ataque a una escuela primaria con el argumento de que en ella se encontraban elementos del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Mientras tanto, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad ha presentado la denuncia por estos hechos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual le sigue demandando que emita su Informe de Fondo y dé traslado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el caso sea juzgado en esta instancia internacional, en representación de tres viudas y a la familia del estudiante de la UNAM, Ricardo Zavala Tapia, y seis sobrevivientes, entre ellos Éricka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez.
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, ha encabezado la defensa de otro grupo, entre los que se encuentra la presidenta de la Comisión de Viudas y Sobrevivientes de la Masacre del Charco, Eustolia Castro Ramírez y el sobreviviente Serafín Morales, entre otros.
La madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejército encabezados por el entonces comandante de la IX Región Militar con sede en Guerrero, Alfredo Oropeza Garnica, atacaron a quienes se encontraban en la primaria Caritino Maldonado Pérez, de la comunidad de El Charco, en la sierra de Ayutla.
En el ataque murieron 10 indígenas, y el estudiante Ricardo Zavala Tapia, resultaron gravemente heridos cuatro adultos y un niño, y fueron detenidas y torturadas 22 personas, entre ellas un niño y la estudiante universitaria Éricka Zamora.
“Según los sobrevivientes el Ejército Federal rodeo el lugar e irrumpió, disparando y lanzando dos granadas de fragmentación, lo que provoco 11 muertos y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas (contrariamente a lo que establece el derecho) a las instalaciones de la Novena Región Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos días. Entre las personas se encontraban 5 menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permaneció en el hospital naval durante un mes”, reportó la Liga Mexicana de Derechos Humanos en su Informe de Seguimiento, dado a conocer a un año de los hechos, el 7 de junio de 1999.
Era el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León en el país, y de Ángel Aguirre Rivero en el estado; en el municipio de Ayutla gobernaba el perredista Odilón Romero. “La masacre de El Charco en 1998 es un crimen que el ejército cometió con premeditación, ya que la mayoría eran personas civiles desarmados y estaban rendidas, pero el ejército los consideraba base de la Guerrilla”, escribió en su cuenta de Facebook el sobreviviente Efrén Cortés.
Cortés Chávez y Éricka Zamora Pardo fueron detenidos, torturados y encerrados por cuatro años, hasta que finalmente fueron liberados el 30 de mayo de 2002, al no poderles demostrar la comisión de algún delito.
El día de la masacre, los primeros reporteros llegaron alrededor de las 2 de la tarde, por lo inhóspito del lugar y porque en ese momento no se sabía mucho dónde se encontraba esa comunidad desconocida llamada El Charco, ubicada entre cerros y cañadas. El lugar estaba lleno de militares, había tanques y tanquetas, helicópteros sobrevolando, y varias camionetas de redila donde se apilaban los cuerpos de los indígenas victimados. Todos ellos estaban vestidos con pantalón de mezclilla, paliacates en el rostro y botas relucientes. La mayoría tenía los pantalones con el cinturón sin abrochar, lo que sugirió la versión de que los vistieron muy rápido y con descuido. La escuela primaria, compuesta de solo dos salones, estaba perforada en las paredes como si fuera una coladera; y en el piso, tiradas, las pruebas del delito: armas y, también, libros y un ejemplar del periódico La Jornada y otro de la revista Proceso.
En Ayutla, este lunes, durante la conmemoración de la masacre, Eustolia Castro Ramírez, presidenta del Comité de Viudas y Sobrevivientes de la Masacre de El Charco, señaló que, a 24 años de distancia, siguen prevaleciendo las mismas condiciones que existían en 1998. A las viudas y familiares de las víctimas nunca se les indemnizó, y las comunidades siguen teniendo las carencias. En ese lapso, dijo “muchas organizaciones aprovecharon, porque tal vez nosotros éramos ignorantes” y algunos aprovecharon, pero a las verdaderas víctimas no se les atendió.
En un comunicado, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad dijo que a 24 años de distancia “mantenemos la exigencia de justicia para las víctimas; no perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos”.
El 16 de julio del 2012, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Petición de Admisibilidad del caso, y el 19 de diciembre del 2018, esta instancia otorgó el Informe de Admisibilidad 166/18.
Las víctimas, refiere la Red, aún siguen caminando en busca de la justicia, tienen sus esperanzas en que la CIDH, emita su Informe de Fondo y de traslado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a nivel internacional se logre la justicia que a nivel nacional no se logró.
“Hoy traemos a la memoria que Ericka Zamora Pardo, junto con Ricardo Zavala Tapia entonces estudiantes de la UNAM, soñadores y comprometidos con las causas del pueblo, fueron: Ricardo ejecutado extrajudicialmente, Ericka torturada, acusada de formar parte de un grupo guerrillero, ingresada al penal de máxima seguridad de Puente Grande, exclusivo para varones, por ser cataloga de alta peligrosidad; y Efrén Cortes Chávez, activista social que también se encontraba en la comunidad de El Charco, torturado y encarcelado. Ambos, Ericka y Efrén, salieron absueltos de la prisión cuatro años después de su detención”, señala la organización fundada por el obispo emérito Raúl Vera López.
Sin embargo, destaca la Red Solidaria, “los generales que encabezaron esta masacre, Juan Alfredo Oropeza Garnica y Luis Humberto Portillo Leal, militares expertos en contrainsurgencia que combatieron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, se mantienen totalmente impunes. Los obstáculos enfrentados por las víctimas, son el termómetro que mide la impunidad en este país, es tiempo de derribar la impunidad que prevalece y se pueda lograr la verdad y justicias para las víctimas, México tiene una deuda histórica con las víctimas y con la comunidad de El Charco. Las víctimas hoy encienden una luz contra la impunidad”.
La conmemoración de la masacre se llevó a cabo en la cabecera de Ayutla por parte de los familiares y sobrevivientes que defiende Tlachinollan; y en la escuela Caritino Maldonado por parte de los que defiende la Red Solidaria Década Contra la Impunidad.
