* Los presuntos desvíos en Cobach, son adeudos históricos generados en otras administraciones, dice
REDACCIÓN /
Acapulco, 20 de junio de 2022. El ex director del Colegio de Bachilleres, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, rechazó las acusaciones que emitió en días pasados el contralor Eduardo Loría Casanova, sobre presunto desvío de 1,300 millones de pesos de 2018 a 2021 en que él estuvo al frente de la institución.
En un comunicado, Alvarado Arroyo afirmó que los señalamientos del contralor violan su garantía de audiencia y presunción de inocencia. En días pasados, Loría informó los resultados de una auditoría realizada al Cobach, donde señala un total de 17 irregularidades entre las que se señala la omisión de pago de impuestos por 813 millones de pesos, otorgamiento de 140 plazas no autorizadas por 120 millones, bases y recategorizaciones no autorizadas e improcedentes, por 108 millones, así como 87 bases irregulares, de las cuales 15 son de familiares y 7 de familiares muy directos del director.
Además, señaló el contralor, hubo pagos indebidos “a una empresa” por 120 millones de pesos, y anunció un proceso de inhabilitación y la integración de un expediente penal contra Alvarado Arroyo.
Este anuncio, dijo Alvarado, “es ilegal y violatorio de derechos, garantías y de las formalidades esenciales de un procedimiento administrativo”
Expresó en su comunicado, que “hablar de un presunto desvío de recursos de 1,300 millones de pesos, es tan increíble, que, hubiera significado que en el Colegio de Bachilleres no se hubieran pagado los salarios y prestaciones durante dos años, lo que nunca sucedió”, y recordó que del total de recursos financieros que llegan al COBACH, 96 por ciento se destina al pago de salarios y sólo el 4 por ciento a gastos de operación.
Sobre la supuesta falta de pagos de impuestos y prestaciones sociales por 813 millones de pesos, el ex funcionario afirmó que “es indebido que se pretenda imputar a mi persona un pasivo, en su mayoría, heredado como parte de una deuda histórica institucional de años atrás, como los más de 200 millones del Programa de Prestaciones SEFI, que viene del 2005; los más de 200 millones de laudos laborales que iniciaron en el 2008 y la deuda con jubilados por más 50 millones de pesos, que inicia en el 2012; montos que yo no generé”.
Así mismo, respecto al pasivo de impuestos como ISSSTE, FOVISSSTE, ISR y SAT, indicó que “este se genera por la insuficiencia de recursos presupuestales que vive el Colegio desde 2005, 2012 y a la fecha, en virtud de que la institución no recibe el total de los recursos que se pactan entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal (50% y 50%)”.
Alvarado Arroyo consideró que es falso que se hicieran las retenciones y estas no fueras pagadas; dijo que se hacen, sí, en la nómina, en el papel, “pero no en el recurso financiero real, porque éste no llega en su totalidad a las cuentas del Colegio”.
“Resulta por demás extraño que el Contralor Loria, ignore el origen de esta situación deficitaria en tanto que, en todas las Juntas Directivas se les hizo de su conocimiento, entre ellos, a él, como integrante”, afirmó.
Alvarado Arroyo también dijo sobre las plazas, bases y recategorizaciones, que estas son legales y procedentes “en tanto que fueron otorgadas conforme a las Leyes del Trabajo, particularmente la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 248, de manera bilateral con las representaciones sindicales titulares de los Contratos Colectivos y, con la aprobación anual de recursos presupuestales para su respaldo financiero, además, de recursos estatales autorizados y aportados por el gobierno del estado, aunque no precisó nada respecto a sus 15 familiares supuestamente beneficiados con una base, y siete familiares muy cercanos.
Respecto a pagos a una empresa por 20 millones de pesos, aclaró que se trata de pagos que se hacen a la empresa Administradores y Consultores en Previsión Social SA de CV, que es la administradora del Programa de Previsión Social SEFI, desde 1997, “es decir, es una empresa no contratada por mí; el SEFI, es un Programa no creado por mí, y los pagos que se le realizaron en tres años, son parte de las aportaciones que el Colegio está obligado a hacer al Programa y que viene haciendo desde 1997”.
El ex director del Cobach dijo que no ha sido notificado del procedimiento administrativo de fiscalización, con lo cual aseguró que se viola su garantía de audiencia, su presunción de inocencia y las formalidades del procedimiento.
Aseguró que el caso se ha convertido “en un distractor mediático y en un linchamiento y persecución política en contra de mi persona, mismo que daña mi prestigio y reputación, y pone en riesgo, incluso, mi seguridad y la de mi familia, de la que los responsabilizo”.
