Adela Román y el SUSPEG

ROBERTO RAMÍREZ BRAVO    /

Acapulco, 20 de julio de 2020.

Las movilizaciones que lleva a cabo el Sindicato Único de Servidores Públicos al Servicio del Estado de Guerrero (Suspeg) ante el Ayuntamiento de Acapulco, y específicamente frente a la alcaldesa Adela Román Ocampo, deben leerse en el contexto de una lucha más antigua que lo que se está planteando en este momento.

Al menos tiene un año de antigüedad este enfrentamiento, que este martes se materializa en un bloqueo de calles y, si se cumple la advertencia hecha pública por los dirigentes sindicales, en un colapso de toda la ciudad, con bloqueos en Costera, Garita, Cuauhtémoc y Vía Rápida.

La decisión del gobierno federal de exigir el pago del Impuesto Sobre la Renta a los trabajadores de los gobiernos locales y de organismos públicos como la Universidad Autónoma de Guerrero, es apenas un pretexto para otra batalla. El pago del ISR no es algo que sea competencia del Ayuntamiento, por más que ahí se haya configurado la exención de su pago a los trabajadores; tampoco es obligación del gobierno municipal absorberlo. El ISR lo paga cualquier trabajador, del sector público o privado. Puede ser injusto, quizá. Pero en ese caso correspondería a los diputados federales hacer la modificación para desgravar el salario, y de paso también el aguinaldo.

En ese sentido no parece tener explicación la beligerancia de los líderes seccionales del Suspeg, comandados por su dirigente estatal David Martínez Mastache, si al final de cuentas es previsible que no obtengan lo que quieren. Un tanto para justificar la radicalización de las protestas, el Suspeg incluyó otras demandas, como retrasos de cumplimientos de obligaciones por parte del Ayuntamiento. Concediendo que se trata de demandas justas, es desproporcionado el nivel de las protestas, sobre todo cuando el Suspeg es un sindicato que no se ha caracterizado por alzar la voz.

No lo hicieron en administraciones pasadas, ni lo hacen frente al gobierno del estado. Por ejemplo, nada dijeron cuando el Ayuntamiento dejó de pagar a la afianzadora Libertad y colocó a 4 mil trabajadores en el buró de crédito. Tampoco dijeron nada cuando el Ayuntamiento dejó de pagar al Infonavit y les quitó el derecho a un crédito; ni protestaron ante los gobiernos que dejaron de entregar las cuotas al Issspeg.

Hoy, curiosamente, reaccionan ante la administración que ha hecho un gran esfuerzo para, dentro de su crisis, apoyar a los trabajadores: Adela Román pagó a la afianzadora Libertad y los sacó del buró de crédito, pagó al Infonavit y les permitió acceder a un vivienda; e inició un proceso de pago de la deuda histórica con el Isspeg.

Se diría que es extraño, entonces, este nivel de protestas. Y es extraño además porque ocurre enmedio de una pandemia que está causando varias muertes y que no da señales de querer disminuir. No obstante, los trabajadores, que estaban sin presentarse a trabajar para evitar el contacto entre ellos y la gente, y así evitar contagios por Covid 19, fueron sacados de su confinamiento para reunirse y protestar. ¿Para trabajar hay riesgo de contagio, pero para protestar no lo hay? En realidad, sí hay riesgo de contagio en la movilización, pero los dirigentes sindicales, en lugar de buscar medidas de negociación con el gobierno municipal, optaron por la movilización masiva, sin respetar ninguna sana distancia, y sin valorar la salud, y quizá la vida, de sus agremiados.

Pero, ¿por qué la beligerancia, que no permite otro tipo de negociación? Quizá el meollo del asunto se encuentre en las movilizaciones del año pasado. Se recordará que el Suspeg reaccionó ante la decisión del gobierno municipal de crear una Comisión Mixta Escalafonaria para entregar las próximas bases a los trabajadores. Hasta ese momento, ese era el gran negocio de los líderes sindicales, pues vendían la base, los quinquenios (bono por cinco años de trabajo) y ascensos, cosa que con la Comisión Mixta, dejarían de hacer. Hace un año, los dirigentes intentaron, como ahora, hacer valer un pliego petitorio para justificar la protesta, pero los puntos de ese pliego fueron cumplidos unas horas antes de la movilización, salvo la exigencia de no hacer efectiva la Comisión Mixta.

Los sindicatos (son tres secciones en Acapulco) perdieron la batalla porque no pudieron justificar ante sus agremiados que en realidad los llamaban a protestar contra el derecho de sus líderes a venderles la plaza a la que tienen derecho y que ahora les sería entregada gratis por la Comisión Mixta. En la plaza del Ayuntamiento, cuando pactaron el fin del conflicto, Adela Román se dirigió a los trabajadores, con sus líderes al lado, y les dijo la verdad: que nadie podía amenazarlos con quitarles sus plazas, que ahora las obtendrían por sus méritos propios, todos, con solo cumplir los requisitos, y que nunca volverían a pagar por ellas.

Los dirigentes, incluido Mastache, que viajó de Chilpancingo para levantar el movimiento, guardaron silencio; y guardaron las armas, que hoy han desenterrado.

Ahora el Suspeg apuesta a colapsar la ciudad para mandar el mensaje de que Adela Román no puede gobernar Acapulco. En esta aventura hay una mezcla de venganza por la Comisión Mixta, y de filiación partidista, pues los dirigentes sindicales son miembros del PRI en su mayoría, y otros responden al ex alcalde Evodio Velázquez, en cuya gestión lograron las suficientes bases para constituirse como sección; y desde luego, forma parte del contexto electoral para 2021, con la finalidad de bloquearle a Adela Román la posibilidad de ir en pos de la candidatura al gobierno estatal.

El año pasado los dirigentes tuvieron que levantar su movimiento sin ningún triunfo, con una aplastante derrota ante la opinión pública. Esta ocasión la historia se está escribiendo, pero el denominador común en ambos episodios es que los argumentos no son proporcionales a la forma de manifestarse.